El Gobierno se atrinchera en el bulo: ni rectificación ni perdón por la falsa acusación del “magnicidio con bomba lapa”

En un episodio que retrata con crudeza la irresponsabilidad política y mediática en España, tres ministros del Gobierno de Pedro Sánchez —María Jesús Montero, Pilar Alegría y Óscar López— difundieron el pasado viernes una gravísima acusación basada en un extracto manipulado de una conversación entre un ex capitán de la Guardia Civil y un confidente.

 La narrativa era escandalosa: un alto cargo de la seguridad madrileña, contratado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, estaría hablando de un posible atentado contra miembros del Ejecutivo. La imagen de una bomba lapa ligada a un posible “magnicidio” copó titulares y declaraciones institucionales. Pero la realidad era otra muy distinta. Y a día de hoy, el Gobierno sigue sin rectificar, sin pedir disculpas y sin asumir ninguna responsabilidad.

El bulo que se convirtió en munición política
Todo comenzó con una publicación del medio El Plural el viernes por la mañana. Se presentaba como una exclusiva: un audio revelador en el que un ex agente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ahora alto cargo del Servicio Madrileño de Salud, hablaba supuestamente de un atentado con una bomba lapa. Poco después, TVE —el ente público financiado por todos los españoles— dio altavoz a la misma interpretación, sin contrastar el contenido completo ni verificar la veracidad de la acusación.

Con esta narrativa falsa ya en circulación, tres ministros del Gobierno no tardaron en subirse a la ola mediática. María Jesús Montero, portavoz del Ejecutivo; Pilar Alegría, ministra de Educación; y Óscar López, director del Gabinete de la Presidencia, se apresuraron a exigir el cese inmediato del ex capitán. Las declaraciones fueron rotundas, con tintes de alarma democrática: se acusó al nuevo responsable de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud de realizar comentarios “intolerables” e “inadmisibles”, insinuando que su permanencia en un cargo público suponía una amenaza.

La verdad: no había ningún plan de atentado
Horas más tarde, The Objective desmontó por completo la acusación al publicar el audio completo de la conversación. El ex agente no planeaba un atentado, sino todo lo contrario: manifestaba su temor de ser él mismo víctima de un ataque. Donde se dijo “magnicidio”, lo que realmente se escuchaba era miedo, y no amenazas.

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El audio publicado por El Plural estaba sacado de contexto y recortado con clara intencionalidad política. Pero el daño ya estaba hecho. Las declaraciones de los ministros seguían circulando, y la maquinaria de propaganda gubernamental evitaba cualquier tipo de autocrítica.

Silencio culpable y chantaje político
En lugar de reconocer el error, el PSOE optó por el cinismo calculado. Desde Ferraz se filtró por la tarde que los ministros podrían “matizar sus palabras”, pero solo si el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, rectificaba previamente unas declaraciones sobre Santos Cerdán —secretario de Organización del PSOE— basadas en otro informe de la UCO. Es decir, una especie de chantaje político: “yo no rectifico si tú no rectificas”, como si los hechos objetivos fueran intercambiables por conveniencia partidista.

Esta estrategia no solo es éticamente cuestionable: es profundamente peligrosa. Normaliza el uso del bulo como arma política y socava la credibilidad institucional del propio Gobierno, que se niega a rendir cuentas incluso ante pruebas contundentes de haber mentido.

¿Dónde están la ética pública y el respeto a la verdad?
El silencio del Ejecutivo no es solo una muestra de cobardía política, sino una afrenta al propio sistema democrático. Un Gobierno que acusa falsamente a un ciudadano de planear un atentado y luego no pide perdón cuando la verdad sale a la luz, está actuando al margen de los principios más básicos del Estado de derecho.

Lo mínimo que cabría esperar sería una rectificación pública y una petición de disculpas, no solo al afectado, sino también a la ciudadanía que fue engañada deliberadamente. En cualquier país democrático con estándares de integridad institucional, esto habría costado al menos una dimisión. En España, parece que basta con mirar hacia otro lado y esperar que el escándalo se diluya en el siguiente ciclo de noticias.

Un uso partidista de la seguridad
Más allá del caso concreto, este episodio deja entrever algo aún más preocupante: la utilización política de los aparatos de seguridad. El hecho de que el Gobierno haya atacado a un profesional de la seguridad por haber sido contratado por la Comunidad de Madrid sugiere que la adscripción ideológica se antepone a los méritos o a la profesionalidad. Si el mensaje es que trabajar para un gobierno autonómico del PP te convierte automáticamente en sospechoso para el Gobierno central, estamos ante un peligroso precedente.

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Además, usar un extracto manipulado para desacreditar a un ex guardia civil —cuya labor era precisamente proteger a los ciudadanos— es un insulto a todos los profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Rectificar no es opcional, es obligatorio
No puede normalizarse que un Gobierno difunda bulos, señale a personas inocentes, y luego se esconda tras una cortina de humo política cuando la verdad sale a la luz. La confianza ciudadana en las instituciones se basa en el principio de veracidad y responsabilidad. Cuando eso se rompe, lo que se erosiona es el tejido mismo de la democracia.

La pelota sigue en el tejado del Ejecutivo. Pero cada día que pasa sin una rectificación, sin una disculpa, sin una asunción de responsabilidad, es un día más en que el Gobierno de Pedro Sánchez avala con su silencio una mentira.

Y eso, en democracia, es inadmisible.

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