Borja Chivite ha sido calificado en círculos policiales como la “oveja negra” de su familia. Su historial delictivo se remonta a 2008, cuando fue detenido en posesión de 94 gramos de cocaína, lo que le valió una condena de tres años de prisión
Corrupción09 de junio de 2025
Impacto España Noticias
La investigación judicial en torno a la denominada “trama Koldo”, que comenzó con contratos de emergencia durante la pandemia, ha evolucionado hacia un caso de presunta corrupción de gran alcance. Las últimas diligencias ordenadas por el juez Leopoldo Puente incluyen el análisis exhaustivo de los teléfonos móviles de los principales imputados:
José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama. La información extraída de estos dispositivos podría abrir nuevas líneas de investigación, algunas de ellas con posibles implicaciones directas para figuras relevantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Entre los hallazgos recientes destaca el descubrimiento de mensajes de WhatsApp entre Koldo García y Borja Chivite, hermano de la actual presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite. Aunque de momento no se ha establecido que estas comunicaciones constituyan indicios directos de delito, los vínculos personales y políticos entre los implicados han puesto el foco sobre Navarra y el entorno de la presidenta autonómica.
Los mensajes entre Koldo García y Borja Chivite
Durante el análisis de los teléfonos móviles incautados a los principales investigados, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil localizaron comunicaciones entre Koldo García y Borja Chivite. Esta revelación se contextualiza dentro de las diligencias ordenadas por el juez para identificar posibles nexos entre los cabecillas de la trama y personas aforadas, entre ellos altos cargos del PSOE.
Es importante señalar que Koldo García fue concejal en el municipio navarro de Huarte entre 2011 y 2015 por el Partido Socialista. En aquella etapa coincidió con su entonces esposa, Patricia Úriz, quien también figura como investigada en la causa principal. Estos vínculos territoriales y personales ayudan a entender la conexión entre Koldo y Borja Chivite.
¿Quién es Borja Chivite?
Borja Chivite ha sido calificado en círculos policiales como la “oveja negra” de su familia. Su historial delictivo se remonta a 2008, cuando fue detenido en posesión de 94 gramos de cocaína, lo que le valió una condena de tres años de prisión. Durante su estancia en prisión, participó en un documental titulado Penitencia, en el que varios internos narraban sus experiencias.
En fechas más recientes, fue detenido por la Policía Nacional en Pamplona en la víspera de San Fermín, en posesión de pastillas de éxtasis, hachís y cerca de 2.000 euros en efectivo. A pesar de no tener un empleo conocido, figura como administrador solidario de la empresa Ars Nebula S.L., dedicada a servicios de fotografía con drones para aplicaciones industriales y agrícolas, con sede en Cintruénigo (Navarra).
Las adjudicaciones bajo lupa
Lo que comenzó como una investigación centrada en contratos de mascarillas durante la pandemia ha derivado en un caso de presunta corrupción sistémica durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro de Transportes. La Fiscalía Anticorrupción y el juez instructor examinan contratos otorgados a empresas vinculadas con la trama, entre ellas Levantina Ingeniería y Construcción o Construcciones Murias.
Según la declaración de Víctor de Aldama, presunto comisionista y pieza clave del caso, se amañaron contratos públicos a cambio de mordidas que podían alcanzar porcentajes fijos por obra. Parte de esos pagos, afirmó Aldama, se destinaban presuntamente al PSOE. En concreto, se habló de una cifra entre 3,5 y 4 millones de euros desviados.
Aldama también mencionó pagos específicos, como la entrega en mano de un sobre con 15.000 euros a Santos Cerdán, actual secretario de organización del PSOE, frente a la sede de la calle Ferraz. Supuestamente, ese pago se realizó como compensación por interferencias en una adjudicación en el País Vasco, zona que, según la declaración, era parte del "cupo" de Cerdán, junto con Navarra.
Asimismo, se relató una petición de Koldo García de 50.000 euros para el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, por contratos relacionados con mascarillas cuando este presidía el Gobierno de Canarias. Tanto Torres como Cerdán han negado categóricamente estas acusaciones.
Pruebas periciales y nuevas pistas
En el marco de la investigación también se han aportado documentos con anotaciones manuscritas que, según Aldama, corresponden a Koldo García. Este último negó ser el autor, pero una pericial caligráfica ordenada por el juez concluyó que la letra sí era suya.
Por otra parte, Isabel Pardo de Vera, expresidenta de ADIF e imputada también en otra línea de investigación vinculada con la contratación de Jesica Rodríguez —expareja de Ábalos—, declaró ante el Tribunal Supremo que Ábalos y su mano derecha se interesaron por adjudicaciones concretas, como las que afectaban a la UTE de Construcciones Murias.
Teléfonos encriptados y medidas para ocultar pruebas
Del sumario se desprende que los investigados tomaron múltiples precauciones para evitar ser descubiertos. Utilizaron teléfonos encriptados y, en el caso de Koldo García, se ha documentado que formateó su terminal en marzo de 2019, justo cuando comenzaron los supuestos amaños y los primeros pagos vinculados al alquiler de un piso de lujo para Jesica Rodríguez.
Estas maniobras han generado sospechas sobre la existencia de una red organizada con estructuras que podrían estar más extendidas de lo que se pensaba en un principio.
La investigación del caso Koldo se encuentra en una fase clave. Las comunicaciones intervenidas y los testimonios de los investigados han abierto múltiples frentes que alcanzan no solo al núcleo de José Luis Ábalos, sino también a figuras de alto perfil dentro del PSOE. Las posibles conexiones territoriales, como las que podrían darse en Navarra o el País Vasco, aumentan la sensibilidad política del caso.
El hallazgo de mensajes con personas del entorno familiar de líderes autonómicos, como Borja Chivite, contribuye a perfilar un escenario cada vez más complejo. El desarrollo del análisis de los terminales móviles y las nuevas declaraciones que puedan surgir en las próximas semanas podrían ser determinantes para esclarecer si estamos ante un caso aislado de corrupción o ante una estructura organizada con ramificaciones en distintas instituciones públicas.
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