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La Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han pedido la dimisión del jefe del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz, después de que el magistrado del Tribunal Supremo que le investiga haya propuesto juzgarle por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
"Creo que la situación es insostenible", ha asegurado en declaraciones la portavoz de la AF —la mayoritaria en la carrera—, Cristina Dexeus, que considera que García Ortiz no puede mantenerse en el cargo después de haber sido procesado porque sería "una causa absoluta de sonrojo y de vergüenza".
"No por más previsible deja de provocar un fuerte disgusto por el daño reputacional que causa que el fiscal general del Estado investigado se haya mantenido en el cargo sin dimitir, que es lo que hubiera procedido, y ahora nos encontramos en esta situación que desde luego perjudica el crédito de la institución", ha opinado.
Además, desde su punto de vista, Dexeus considera que si García Ortiz no dimite, "puede dar lugar" a "una situación paradójica, que es que como fiscal general deberá de suspender de sus funciones a la coprocesada", la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. "Y él, como no hay disposición estatutaria en tal sentido, puede mantenerse en el cargo sin dimitir", ha criticado.
A su juicio, García Ortiz "debió dimitir hace un año cuando se admitió por el Tribunal Supremo la exposición motivada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid". "Lo hemos dicho a lo largo del tiempo y hemos llegado a este momento con el fiscal general manteniéndose en el cargo. Por analogía, que un fiscal esté obligado a ser suspendido del cargo cuando se le procesa o se abre juicio oral para mantener la imagen de imparcialidad de la institución, más necesario será con la cabeza de la institución", ha apostillado.
Por su parte, el portavoz de la APIF —que además ejerce acusación popular en la causa contra el fiscal general—, Miguel Pallarés, ha pedido a García Ortiz que realice "un ejercicio de responsabilidad" como a su juicio sería "que partiera de él la necesidad de dimitir".
"Nosotros pedimos la dimisión en el momento en que estaba siendo investigado y precisamente porque no dimitió dio lugar a que nos personáramos en la causa. Si hubiera dimitido, no nos hubiéremos personado. Ahora el Supremo, por medio de un auto, realiza una imputación de unos hechos que presuntamente son delictivos", ha apuntado.
Asociaciones de jueces, por su parte, respetan la presunción de inocencia de García Ortiz, si bien también piensan que debería dimitir. Así se han pronunciado la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y el Foro Judicial Independiente (FJI), que creen que apartarse del cargo es la única forma de preservar la imagen del Ministerio Público.
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Mientras, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Sergio Oliva, ha explicado que ellos siempre han sostenido que la dimisión de García Ortiz "es una reflexión que corresponde al propio fiscal general". "Él debe analizar y ponderar cuidadosamente el impacto institucional y su legítimo derecho a la defensa en la toma de tal decisión", ha asegurado.
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