¿Su mérito? Filtrar información, manipular estrategias internas, y ahora... exigir protección oficial ante unas supuestas amenazas tras hacer público su número de teléfono. El premio: escolta policial costeada por todos los españoles
Noticias11 de junio de 2025
Impacto España Noticias
En un país donde cada día se denuncian agresiones a médicos, robos con violencia, ocupaciones ilegales y barrios enteros abandonados a la delincuencia, Pedro Sánchez ha decidido que lo urgente es proteger a Leire Díez. No, no es ministra, ni presidenta de una comunidad autónoma, ni líder de la oposición.
Es la ya célebre fontanera de Ferraz, un personaje menor dentro del engranaje del PSOE que ha acabado siendo protagonista de uno de los mayores escándalos políticos de la legislatura. ¿Su mérito? Filtrar información, manipular estrategias internas, y ahora... exigir protección oficial ante unas supuestas amenazas tras hacer público su número de teléfono. El premio: escolta policial costeada por todos los españoles.
Una decisión sin precedentes ni sentido
Leire Díez ha logrado lo que ni muchos jueces, fiscales o víctimas de violencia consiguen: un dispositivo de seguridad pública asignado de forma exprés por el Ministerio del Interior. Todo, según fuentes de Vozpópuli, sin que exista medida judicial ni resolución de riesgo formal. Es decir, el Ejecutivo actúa por decisión política directa, saltándose los protocolos que se exigen incluso en casos con amenazas constatadas.
Mientras tanto, sindicatos policiales como Jupol no han tardado en denunciar lo que consideran un escándalo dentro del escándalo: el uso “abusivo e injustificado” de recursos policiales para proteger a una figura cuyo único valor estratégico es su cercanía a Ferraz y su conocimiento de los pasillos más oscuros del poder socialista.
“Los agentes deben estar en la calle, no escoltando políticos ni fontaneros”, sentenció Jupol en un comunicado demoledor que retrata el hartazgo dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
España sin protección, la élite blindada
Esta protección exprés contrasta brutalmente con la realidad que viven miles de ciudadanos. ¿Dónde están los escoltas para jueces amenazados por el narcotráfico en Cádiz? ¿Dónde está la escolta para funcionarios acosados en el País Vasco o Cataluña? ¿Qué pasa con las víctimas de violencia machista que denuncian amenazas reales y no obtienen vigilancia ni protección?
Lo que demuestra el caso Díez es que en el Gobierno de Pedro Sánchez la seguridad es un privilegio, no un derecho. Se concede por proximidad al poder, no por necesidad objetiva. Y este precedente es peligrosísimo: politiza un servicio esencial del Estado, lo pone al servicio del partido y no del ciudadano, y normaliza un modelo clientelar del uso de los cuerpos policiales.
La muralla de Sánchez: proteger al sistema, no a los ciudadanos
Esta decisión no es aislada: es el reflejo de un modelo de poder donde todo se subordina a la supervivencia política de Pedro Sánchez. Leire Díez no es protegida por estar en riesgo, sino porque conoce demasiado. Su cercanía a las cloacas del PSOE, su participación en operaciones oscuras (como las grabaciones y filtraciones en el caso Koldo o las presiones a la UCO), y su exposición mediática hacen de ella una figura incómoda.
Y, como ya ha demostrado Moncloa en otras ocasiones, la reacción del sanchismo no es asumir responsabilidades, sino blindar al que sabe demasiado.
La escolta de Díez no es una medida de seguridad, es una muralla. Una forma de contener posibles filtraciones, de asegurarse su silencio, de mantener bajo control a alguien que, de estallar, podría dinamitar todavía más la imagen ya muy desgastada del Gobierno.
Un sistema de escoltas en crisis... por culpa del abuso político
La indignación de Jupol no es ideológica, es institucional. Este sindicato ya ha advertido que el sistema de escoltas está sobredimensionado, saturado y manipulado por intereses políticos. Escoltas asignados a dedo, criterios opacos, recursos desviados de la seguridad ciudadana hacia la seguridad personal de altos cargos o, como en este caso, figuras intermedias con alto valor político.
Esto erosiona no solo la eficacia operativa del sistema, sino también la credibilidad de las instituciones. ¿Cómo se puede justificar la protección de Díez mientras hay barrios enteros sin patrullas, comisarías sin personal y guardias civiles destinados a tareas de oficina porque no hay efectivos?
La oposición exige explicaciones... ¿y luego qué?
Ante el escándalo, el PSOE intenta minimizar el asunto como una “medida puntual”. Pero la oposición, consciente de la gravedad, ha exigido explicaciones claras. Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso en julio para hablar del caso Leire Díez, aunque todo apunta a que intentará envolverlo en humo político, victimismo y acusaciones al “fango mediático”.
Pero la verdad ya es insoslayable: Leire Díez es ahora símbolo de un sistema corrompido, donde la protección se otorga por lealtad, no por peligro; donde los recursos públicos se usan como herramientas partidistas; y donde los ciudadanos de a pie son relegados a la segunda fila mientras el poder se protege a sí mismo con fondos del Estado.
Una escolta para proteger al PSOE, no a Leire Díez
No es Leire Díez quien recibe escolta. Es el sistema Sánchez quien se protege a través de ella. Y el coste lo pagamos todos, no solo en dinero, sino en dignidad institucional, en desprestigio democrático y en el creciente abismo entre ciudadanos desprotegidos y élites blindadas.
La pregunta no es por qué se protege a Díez. La pregunta es: ¿a quién teme Pedro Sánchez que ella pueda incomodar?
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