Fue solo después de estallar la polémica que registró en el Congreso una batería de preguntas sobre diversas obras públicas en Navarra, incluyendo la del túnel de Belate
Corrupción12 de junio de 2025
Impacto España Noticias
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha intensificado esta semana su ofensiva contra una presunta trama de corrupción en la adjudicación de contratos públicos. En el foco, la empresa navarra Servinabar, participante en una UTE que se adjudicó un proyecto estratégico en la Comunidad Foral: la duplicación del túnel de Belate, por valor de 76 millones de euros. Las pesquisas se extienden a figuras relevantes del ámbito político, entre ellos José Luis Ábalos y el actual secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.
Un proyecto clave bajo sospecha
El origen de esta investigación se encuentra en la adjudicación de una de las mayores infraestructuras públicas recientes en Navarra. El proyecto para duplicar el túnel de Belate, ubicado en el norte de la comunidad, responde a una necesidad urgente: descongestionar uno de los pasos más importantes de tráfico rodado entre Navarra y el País Vasco. Para ello, el Gobierno foral reservó una partida de 78,6 millones de euros (sin IVA).
El proceso de licitación, aprobado en enero de 2023, atrajo a siete grupos empresariales, que presentaron sus ofertas en un proceso que combinaba criterios cualitativos y cuantitativos. La valoración técnica tenía gran peso, pero también lo económico: 40 puntos sobre 100 se asignaban al precio.
No obstante, lo que debía ser un concurso transparente y competitivo ha terminado envuelto en sospechas, según ha revelado un informe de la Cámara de Comptos, la institución fiscalizadora de Navarra.
Anomalías detectadas por la Cámara de Comptos
Las conclusiones del informe son inquietantes. El documento pone el foco en la falta de garantías del proceso y en fallos procedimentales que podrían haber favorecido a una de las ofertas, concretamente la UTE participada por Servinabar, ahora investigada por la Guardia Civil.
Uno de los elementos más graves tiene que ver con la custodia de la información técnica. La memoria de los criterios cualitativos permaneció durante varios días en una unidad de red accesible a todos los empleados públicos de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras. Esto supone una vulneración directa del principio de confidencialidad en un procedimiento competitivo.
Además, tres de los ocho miembros de la mesa de contratación –el secretario, el interventor delegado y el representante de la Junta de Contratación Pública– manifestaron por escrito sus reticencias al proceso. Criticaron que la valoración técnica carecía de justificación suficiente para explicar las diferencias entre ofertas. También afirmaron que el presidente de la mesa conocía las puntuaciones de los demás miembros antes de emitir la suya, algo irregular en un sistema que debería ser independiente y objetivo.
El resultado final fue extremadamente ajustado. La UTE ganadora obtuvo 96,22 puntos, frente a 94,85 y 94,05 de otras dos propuestas. A pesar de lo ajustado de la decisión y las objeciones internas, la adjudicación siguió adelante.
La formalización del contrato
La propuesta de adjudicación se elevó a finales de 2023, pero el proceso no estuvo exento de controversias. El 20 de diciembre, el director general de Obras Públicas e Infraestructuras advirtió que faltaba documentación clave y que era necesario motivar mejor las calificaciones otorgadas por la mesa.
Un día después, se pidió a los miembros de la mesa que presentaran sus observaciones. El secretario del órgano recordó entonces que no era procedente realizar ninguna actuación tras la emisión formal de la propuesta de adjudicación. Aun así, el servicio de contratación presentó un documento firmado por los cinco técnicos de la mesa, donde se respaldaba la puntuación otorgada, aunque no fue aprobado en una sesión formal de la mesa de contratación.
Finalmente, el contrato fue formalizado el 25 de enero de 2024. Semanas más tarde, la UCO irrumpió en las oficinas de Servinabar en Pamplona, como parte de su investigación sobre posibles comisiones ilegales y favoritismo en contratos públicos.
La conexión política: Santos Cerdán y su “interés” parlamentario
La investigación de la Guardia Civil ha llegado hasta los despachos de destacados políticos. Entre ellos, Santos Cerdán, actual secretario de organización del PSOE y diputado navarro. El nombre de Cerdán aparece mencionado en los informes que la UCO ha remitido al Tribunal Supremo, lo que ha elevado el tono de la polémica.
Cerdán ha respondido públicamente argumentando que, como navarro y diputado, su interés por las infraestructuras de su comunidad autónoma es legítimo. Sin embargo, su historial parlamentario no refleja una dedicación sostenida al tema. Fue solo después de estallar la polémica que registró en el Congreso una batería de preguntas sobre diversas obras públicas en Navarra, incluyendo la del túnel de Belate.
En una de esas preguntas, Cerdán solicitaba información al Gobierno –liderado por su propio partido– sobre las transferencias presupuestarias para dicha infraestructura y la posible existencia de subvenciones específicas. Estas preguntas, planteadas en pleno contexto mediático, han sido vistas como un intento de justificar un interés previo que no aparece reflejado en su actividad parlamentaria anterior.
Una investigación en expansión
La actuación de la UCO no se limita a Navarra. El registro de la casa del exministro José Luis Ábalos forma parte de la misma operación, que apunta a una red de comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos y a posibles intermediarios políticos.
El caso recuerda a otros escándalos recientes en España donde los procedimientos de contratación pública han sido utilizados presuntamente para beneficiar a determinados grupos empresariales a cambio de sobornos o favores.
El foco está ahora en determinar si la adjudicación del túnel de Belate fue manipulada, y si hubo intervención política para favorecer a la UTE liderada por Servinabar. También se investigan los vínculos entre políticos del PSOE y empresarios beneficiados, con la mirada puesta en la cúpula del Ministerio de Transportes durante el mandato de Ábalos.
Este caso reúne todos los ingredientes de una trama compleja: sospechas de corrupción, documentos internos que denuncian irregularidades, adjudicaciones millonarias en entredicho y conexiones políticas en la línea de fuego. Si las investigaciones judiciales confirman las irregularidades señaladas, estaríamos ante un nuevo escándalo de corrupción en la gestión de fondos públicos, con posibles implicaciones judiciales para altos cargos del PSOE.
Mientras tanto, la obra del túnel de Belate sigue adelante, pero su legitimidad técnica y administrativa permanece bajo una nube de sospechas que solo la justicia podrá despejar.
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