“No basta con sacrificar al peón. La ministra es políticamente responsable del nombramiento y la supervisión de Sanjuán. Esto exige una depuración completa”
Corrupción17 de junio de 2025
Impacto España Noticias
Marco Sanjuán, presidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) y una de las figuras clave del engranaje fiscal del Estado, ha presentado su dimisión irrevocable tras revelarse que habría cobrado hasta 100.000 euros en metálico por archivar pleitos fiscales. Su implicación en prácticas presuntamente corruptas ha provocado un seísmo político y técnico en el seno del Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero.
¿Quién es Marco Sanjuán?
Hasta hace apenas unos días, Marco Sanjuán era uno de los funcionarios más poderosos del Ministerio de Hacienda. Como presidente del TEAC, órgano encargado de resolver los litigios entre ciudadanos y la Agencia Tributaria, tenía la última palabra en decenas de miles de recursos contra decisiones fiscales del Estado. En la práctica, era una suerte de “juez supremo” en materia tributaria.
Sanjuán, funcionario de carrera, fue promocionado a ese cargo durante el mandato de Montero. Su perfil técnico, su conocimiento del derecho tributario y su cercanía con altos despachos del Ministerio le convirtieron en una figura influyente y, hasta ahora, respetada.
La investigación: sobres, sociedades opacas y mordidas
Según ha revelado la Asociación de Inspectores de Hacienda y confirmado por diversas fuentes judiciales, Sanjuán habría:
Cobrado mordidas en efectivo —hasta 100.000 euros— en sobres entregados físicamente frente a su despacho oficial, ubicado en la sede del TEAC en Madrid.
Utilizado sociedades pantalla —como Investment Betancunia SL— para ocultar patrimonio inmobiliario, eludir impuestos sobre la renta y simular operaciones empresariales inexistentes.
Participado en redes de asesoría legal privadas mientras ostentaba su cargo público, facilitando la resolución favorable de litigios fiscales a determinados contribuyentes con intereses empresariales.
Estos hechos han motivado ya la apertura de diligencias en la Fiscalía Anticorrupción y una denuncia formal por falsedad documental, cohecho y prevaricación.
Una dimisión “necesaria” pero insuficiente, según la oposición
Tras varias jornadas de creciente presión mediática e institucional, Sanjuán presentó su dimisión ante la ministra María Jesús Montero el pasado lunes. La ministra, que aceptó la renuncia “por responsabilidad institucional”, subrayó que su departamento mantiene un “listón ético muy elevado”.
Sin embargo, desde la oposición, la dimisión de Sanjuán no ha sido suficiente. El Partido Popular y Vox han acusado a Montero de “negligencia política” por mantener en su cargo a un funcionario con vínculos empresariales no declarados, y han solicitado su comparecencia urgente en el Congreso.
“No basta con sacrificar al peón. La ministra es políticamente responsable del nombramiento y la supervisión de Sanjuán. Esto exige una depuración completa”, declaró el portavoz del PP en la Comisión de Hacienda, Jorge Azcón
Erosión institucional en el TEAC y la Agencia Tributaria
Uno de los efectos más graves de este escándalo es el impacto en la credibilidad del sistema tributario español. Tanto el TEAC como la Agencia Tributaria dependen de la confianza ciudadana para garantizar la neutralidad en la aplicación del derecho fiscal. La revelación de que uno de sus máximos responsables habría manipulado procesos a cambio de dinero mina profundamente esa confianza.
El exdirector de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz-Jarabo, ha calificado el caso como “la peor crisis de legitimidad interna del sistema tributario desde la democracia”. Además, la Asociación de Inspectores de Hacienda ha pedido una auditoría integral del TEAC y una revisión de todos los fallos firmados por Sanjuán en los últimos cinco años.
El modus operandi: ingeniería fiscal al servicio de un alto funcionario
Entre los elementos más llamativos del caso está el uso de sociedades interpuestas para tributar por el Impuesto de Sociedades en lugar del IRPF, estrategia habitual en determinados sectores económicos, pero inaceptable en un cargo público con potestad para juzgar cuestiones fiscales.
Investment Betancunia SL, empresa domiciliada en Madrid, figura en múltiples operaciones de compraventa de inmuebles y alquiler de oficinas de lujo. Pese a ser oficialmente una sociedad “inactiva”, ingresó más de 600.000 euros entre 2021 y 2024, según el registro mercantil. Su administrador era un presunto testaferro relacionado con despachos de asesoría fiscal radicados en Luxemburgo y Andorra.
Además, Sanjuán habría omitido en sus declaraciones de bienes su participación en ferias inmobiliarias investigadas por impagos a Hacienda y mantenido contratos con empresas que recibieron subvenciones públicas gestionadas desde su mismo ministerio.
¿Qué pasará ahora?
En el plano judicial:
La Fiscalía Anticorrupción prepara una querella por cohecho, falsedad y enriquecimiento ilícito.
Hacienda abrirá una inspección fiscal paralela para determinar el alcance del fraude y el perjuicio económico para el Estado.
Se baraja la nulidad de algunos fallos firmados por Sanjuán, especialmente aquellos en los que haya sospechas de trato de favor.
En el plano político:
El Congreso prepara sesiones extraordinarias para interpelar a la ministra Montero.
El Gobierno buscará reforzar la independencia del TEAC, con una posible reforma legislativa para impedir que sus miembros tengan actividad privada paralela.
Se espera una remodelación interna en el Ministerio, con cambios en los órganos de supervisión y control ético.
La dimisión de Marco Sanjuán no es solo la caída de un alto funcionario: es el síntoma de una debilidad estructural en el control interno del sistema fiscal español. El caso revela cómo la concentración de poder técnico, la opacidad patrimonial y la falta de escrutinio ético pueden converger en esquemas de corrupción institucionalizada.
Ahora, el Ministerio de Hacienda deberá demostrar que la ética no es solo un discurso, sino una práctica, y que nadie —ni siquiera sus más altos cargos— está por encima de la ley.
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