Impacto España Noticias
Durante la etapa de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes, se adjudicaron más de 2,2 millones de euros provenientes de los fondos europeos a empresas actualmente investigadas por su presunta implicación en una red de corrupción que salpica a antiguos y actuales cargos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Se trata de contratos financiados con recursos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, nutrido por los fondos europeos Next Generation EU.
Estas adjudicaciones tienen como destinatarias a Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), dos compañías señaladas en documentos judiciales y en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como parte de una presunta red de empresas comisionistas vinculadas a figuras como Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García.
Contratos Adjudicados en 2024
El 14 de enero de 2024, la Dirección General de Carreteras, bajo el mandato de Puente, adjudicó un contrato por valor de 2.006.906 euros a una Unión Temporal de Empresas (UTE) compuesta por Grulop 21 y Obras Públicas y Regadíos (OPR). El objeto del contrato fue la construcción de una pasarela peatonal en el cruce de la autovía en el enlace nº 5 de la GR-30, en Granada.
Pese a que la oferta técnica de esta UTE fue valorada por debajo de la presentada por Vilor Infraestructuras, el criterio económico decantó la balanza a favor de la propuesta liderada por OPR. Lo significativo del caso es que en diciembre de 2024, OPR ya figuraba en la documentación aportada al Tribunal Supremo por el empresario Víctor de Aldama, quien declaró haber recibido comisiones por mediar en adjudicaciones a esta empresa y otras del mismo entorno.
Nombres, Conexiones y Comisiones
El papel de OPR
La empresa Obras Públicas y Regadíos SA está dirigida por Daniel y Antonio Fernández Menéndez, quienes habrían establecido contacto con Koldo García en 2018 a través de un intermediario: Fernando Merino, extrabajador de Acciona, cuya esposa es hermana de los Fernández Menéndez. La UCO ha interceptado conversaciones en las que se muestra cómo Daniel Fernández solicitaba obras de emergencia para su empresa, incluso hasta febrero de 2024, específicamente en el tramo ferroviario Monforte-Lugo, donde trabajaba en UTE con ASCH.
En otra actuación que revela la naturaleza clientelar de la red, Fernández Menéndez gestionó la contratación de la mujer de Koldo, Patricia Úriz, por parte de Áridos Anfersa. Esta cobró 1.300 euros al mes durante nueve meses sin acudir a trabajar. Tras la contratación, Fernández envió un mensaje a Koldo que decía: “¿He recuperado mis piernas?”
Entre las adjudicaciones que la Guardia Civil vincula a esta relación destaca una obra en una autovía de Asturias por 7,3 millones de euros, que OPR obtuvo presuntamente gracias a la influencia de Koldo. La entonces subdirectora general de Construcción, hoy alto cargo en la empresa pública SEITT, Camino Arce, celebró la adjudicación en un mensaje a Koldo: “Parece que hemos hecho bingo en Asturias”.
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Otra de las empresas beneficiadas por adjudicaciones en el periodo reciente es Levantina Ingeniería y Construcción (LIC). El 19 de diciembre de 2024, la Dirección General de Carreteras amplió en 289.125 euros un contrato previamente adjudicado a esta compañía en UTE con Diez y Compañía, por la corrección de niveles sonoros en la autovía A-42 a su paso por Getafe. Con esta modificación, el contrato final ascendió a 1.963.056 euros, también financiado con fondos europeos.
LIC fue repetidamente mencionada por Aldama en su testimonio ante el Supremo como una de las firmas que le habrían pagado comisiones por intermediar con Transportes. En concreto, Aldama declaró haber recibido pagos por su intervención en la adjudicación de las obras del Club de Natación de Sevilla. Además, su representante, José Ruz, participó en reuniones con altos cargos como José Luis Ábalos, incluyendo encuentros en el domicilio del exministro. Según la UCO, Ruz entregaba a Koldo 1.100 euros mensuales.
Dimensión Política y Territorial
Este entramado no se limita al Ministerio de Transportes. Las investigaciones también apuntan a adjudicaciones en Navarra, bajo el gobierno de María Chivite, por más de 7,8 millones de euros a empresas vinculadas a la trama, así como a contratos en Canarias, durante el mandato del socialista Ángel Víctor Torres.
El comisionista Aldama estima que solo entre 2018 y 2021 se habrían adjudicado 54 millones de euros en obra pública a cambio de mordidas, señalando como beneficiarias principales a OPR, LIC y Áridos Anfersa.
La Auditoría Interna de Puente Fake
Tras el estallido del escándalo, el actual ministro Óscar Puente impulsó una auditoría interna centrada exclusivamente en los contratos de mascarillas durante la pandemia. Sin embargo, la UCO considera que esta revisión fue limitada y no alcanzó a investigar las decenas de contratos de obra pública presuntamente obtenidos mediante sobornos o tráfico de influencias.
Además, la auditoría no logró identificar otros indicios de prácticas irregulares como el enchufe de familiares y allegados. Entre los nombres destacados se encuentran Jésica Rodríguez, exnovia de Ábalos, que trabajó en Ineco y Adif, y Claudia Montes, ex Miss Asturias, también vinculada laboralmente al entorno del Ministerio.
Corrupción Sistémica y Fondos Europeos en Riesgo
Los hallazgos de la UCO revelan una trama estructurada y duradera, que habría operado desde las más altas instancias del Ministerio de Transportes para beneficiar a determinadas empresas mediante la adjudicación de contratos públicos, algunos de ellos financiados con dinero europeo.
La participación de miembros del Gobierno, intermediarios empresariales y técnicos del ministerio en esta red plantea serias dudas sobre los mecanismos de control y transparencia en la gestión de fondos comunitarios. También pone en entredicho la capacidad del Estado para auditar de manera eficaz su propia administración.
Ante la magnitud de las revelaciones, cabe esperar que las investigaciones judiciales se amplíen, y que la Unión Europea exija explicaciones sobre el uso de los recursos asignados a España para su recuperación tras la pandemia.
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