El juez considera que esta situación plantea dudas sobre el uso de fondos públicos, ya que Álvarez habría trabajado en beneficio de una actividad privada sin que existiera una separación clara de sus funciones como empleada pública
Noticias25 de junio de 2025
Impacto España Noticias
El juez Juan Carlos Peinado ha solicitado al Tribunal Supremo la imputación del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. En el centro de la polémica se encuentra la figura de Cristina Álvarez Rodríguez, una asesora de Moncloa contratada en 2018 que habría desempeñado funciones privadas para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, mientras percibía un salario público.
Una contratación bajo sospecha
Cristina Álvarez fue contratada por la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno en 2018 como directora de Programas. Sin embargo, desde el inicio de su incorporación, comenzó a actuar como secretaria personal de Begoña Gómez, acompañándola en su actividad diaria e incluso en iniciativas relacionadas con la cátedra universitaria que ésta dirigía en la Universidad Complutense.
El juez considera que esta situación plantea dudas sobre el uso de fondos públicos, ya que Álvarez habría trabajado en beneficio de una actividad privada sin que existiera una separación clara de sus funciones como empleada pública.
Los correos electrónicos como prueba clave
La exposición razonada enviada al Supremo incluye varios correos electrónicos fechados en 2021, en los que Cristina Álvarez, utilizando su cuenta oficial de Moncloa y firmando como directora de Programas, participó activamente en la organización de un evento vinculado a la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, promovida por Begoña Gómez.
En uno de los mensajes, fechado el 10 de noviembre de 2021, Álvarez envió información técnica a una directiva de una aseguradora para gestionar su participación en un acto celebrado en IFEMA. Otros mensajes muestran que mantuvo contacto con responsables de la organización del evento, facilitando nombres de ponentes, empresas colaboradoras y detalles logísticos. Entre las entidades mencionadas figuraban conocidas fundaciones y asociaciones empresariales.
Aunque hay más correos electrónicos que refuerzan esta línea argumental, el juez Peinado ha incluido solo algunos en su escrito al alto tribunal. Aun así, la documentación es considerada suficiente para sostener la tesis de que existió una utilización de recursos públicos —en este caso, una asesora— para fines particulares ajenos a la Administración.
El papel de Félix Bolaños
La figura de Félix Bolaños aparece en el foco judicial por haber sido el secretario general de la Presidencia del Gobierno en 2018, justo cuando se formalizó la contratación de Álvarez. Según el juez, en virtud de su cargo, era responsable de garantizar el uso adecuado de los recursos públicos. Además, le atribuye una presunta omisión al no haber impedido, ni investigado, la asignación de funciones privadas a una asesora pública, algo que, de probarse, podría constituir delito de malversación.
El magistrado va más allá al considerar que el ministro también incurrió en falso testimonio durante su declaración como testigo. Según consta en la grabación del interrogatorio, Bolaños aseguró que Cristina Álvarez dependía del Gabinete de Presidencia del Gobierno, y que el responsable de personal que podía aclarar su nombramiento era Raúl Díaz Silva, coordinador de personal del Palacio. Sin embargo, cuando Díaz Silva compareció ante el juzgado, afirmó no conocer ni al vicesecretario general de Presidencia que supuestamente elevó la propuesta ni a la persona que pidió fichar a la asesora.
Esta contradicción ha llevado al juez a acusar a Bolaños de haber ocultado información clave, lo que justificaría, en su opinión, una segunda imputación por falso testimonio.
Una línea de responsabilidad difusa
Uno de los principales escollos del caso es la imposibilidad de identificar con claridad quién ordenó la contratación de Cristina Álvarez. A lo largo de los interrogatorios, se ha evidenciado una cadena de olvidos y evasivas entre los cargos intermedios del Ejecutivo. La propia Álvarez declaró que fue contactada directamente por Begoña Gómez, con quien mantenía una relación de amistad previa, cuando el PSOE llegó al poder. Sin embargo, nadie dentro del organigrama ha podido precisar quién formalizó su propuesta de incorporación.
Alfredo González, entonces vicesecretario general de Presidencia, declaró que él solo elevaba propuestas recibidas por parte de superiores o responsables directos de los futuros asesores, pero que no recordaba quién le solicitó específicamente la de Álvarez. Bolaños, por su parte, señaló que esa función correspondía a los jefes de gabinete de Presidencia, lo que redirigiría la atención hacia figuras como Iván Redondo (jefe del gabinete de Sánchez en aquel momento) u Óscar López (sucesor y actual ministro de Transformación Digital). Sin embargo, ninguno ha sido citado a declarar.
El magistrado lamenta la falta de colaboración para esclarecer este punto clave, y ha calificado de “incomprensible” que el ministro no supiera con certeza de quién dependía Álvarez, a pesar de haber sido llamado a aclararlo formalmente como testigo. Esta opacidad administrativa ha contribuido a reforzar la tesis del juez de que existen elementos suficientes para abrir causa penal contra Bolaños.
El argumento de la defensa
Fuentes del Ministerio de Justicia insisten en que no hay ningún indicio de malversación, subrayando que no se ha demostrado el uso irregular de recursos públicos ni que la asesora dependiera funcionalmente del área que dirigía Bolaños. Aseguran que el ministro proporcionó en su declaración todos los datos disponibles sobre la estructura administrativa y que el cargo al que apuntó como responsable (Díaz Silva) era, efectivamente, quien coordinaba el personal de Palacio.
La defensa también recalca que el uso de correo institucional en determinados contextos no implica necesariamente una desviación de funciones y que muchos altos cargos y asesores se ven implicados, en mayor o menor medida, en tareas de representación o apoyo a la primera dama, cuya actividad institucional no siempre está formalmente delimitada.
El caso de Cristina Álvarez no solo expone posibles irregularidades administrativas, sino que revela una preocupante opacidad dentro del engranaje de Moncloa. La falta de claridad sobre quién contrató a una asesora que realizó funciones privadas mientras percibía un salario público ha abierto un frente judicial de alto voltaje político, con un ministro clave en el Ejecutivo bajo la lupa del Tribunal Supremo.
Ahora, corresponderá a este tribunal valorar si existen elementos suficientes para abrir una causa formal contra Félix Bolaños. En paralelo, el caso deja al descubierto las dificultades estructurales del aparato estatal para trazar responsabilidades en su propio seno, una situación que puede tener profundas implicaciones en términos de transparencia y rendición de cuentas.
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