El 10 de julio de 2021, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba una profunda remodelación de su gabinete, el entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, firmaba lo que hoy se conoce como el último contrato bajo sospecha
Corrupción26 de junio de 2025
Impacto España Noticias
El 10 de julio de 2021, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba una profunda remodelación de su gabinete, el entonces ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, firmaba lo que hoy se conoce como el último contrato bajo sospecha de una presunta trama de corrupción. Aquel día no solo marcó su salida del Gobierno, sino también el cierre de un ciclo de decisiones que ahora lo colocan en el centro de una investigación judicial por presunto cobro de comisiones ilegales.
El contrato en cuestión corresponde a una obra emblemática: la construcción de los nuevos tirantes del Puente del Centenario, en Sevilla. La formalización del expediente fue publicada en el Portal de Contratación del Estado exactamente a las 15:42 horas de ese sábado, coincidiendo con el momento en que Sánchez hacía oficial su cese. La adjudicataria fue una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por tres grandes firmas del sector: Acciona, Tecade y Freyssinet.
Un contrato bajo la lupa
La obra tenía un presupuesto inicial de 86 millones de euros, pero durante la etapa de Raquel Sánchez como ministra —quien asumió el cargo inmediatamente después de Ábalos y hoy preside Paradores— el importe fue ampliado hasta los 103 millones de euros. Esta modificación, aparentemente justificada por necesidades técnicas y ajustes en la obra, ha sido también incluida en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que no descarta que las ampliaciones presupuestarias formaran parte del presunto esquema corrupto.
Este expediente forma parte de los cinco contratos señalados por la UCO en su último informe como posibles adjudicaciones a cambio de sobornos. Según el documento, Ábalos, su asesor Koldo García, y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, habrían recibido al menos 620.000 euros en comisiones ilícitas, con otros 550.000 euros aún pendientes de pago.
La conversación con Sánchez
Uno de los elementos más llamativos revelados recientemente por el diario El Mundo son los mensajes intercambiados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos ese mismo 10 de julio de 2021. De acuerdo con la publicación, el entonces ministro mantuvo una conversación directa con el presidente poco antes de que se registrara la formalización del contrato. Este dato refuerza el carácter simbólico y estratégico de la operación, firmada en las últimas horas de Ábalos como responsable del Ministerio.
Aunque el contenido exacto de los mensajes no ha trascendido de forma íntegra, su existencia y cronología dan peso a la teoría de que el exministro aprovechó sus últimos minutos en el cargo para cerrar adjudicaciones clave, presuntamente destinadas a beneficiar intereses particulares y personales.
La presunta red de corrupción
El caso se inscribe dentro de una investigación más amplia sobre una supuesta red corrupta en el seno del Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos. La UCO sostiene que altos cargos utilizaron su posición institucional para influir en licitaciones públicas, beneficiando a determinadas empresas a cambio de sobornos canalizados mediante terceras personas.
La figura de Koldo García, estrecho colaborador del exministro, ha sido central en esta trama. García ya había sido señalado en otros casos anteriores, incluido el escándalo de las mascarillas durante la pandemia, pero ahora la investigación revela una posible estructura estable de captación de fondos ilícitos, articulada desde dentro del Gobierno.
Además de Ábalos y García, el informe apunta a Santos Cerdán, quien fuera uno de los hombres fuertes del PSOE durante los años más activos del "sanchismo". Su implicación en esta trama no solo reviste gravedad política, sino que también podría salpicar directamente al núcleo duro del partido socialista, en plena precampaña para las elecciones autonómicas y generales.
La imputación de José Luis Ábalos por el Tribunal Supremo supone un golpe significativo para el PSOE y para el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha tratado de marcar distancias con su exministro. Ábalos, que hasta hace poco mantenía su escaño en el Congreso bajo la fórmula de “diputado no adscrito”, ha visto cómo se erosiona rápidamente su figura pública.
Desde la Moncloa, el Ejecutivo ha optado por un perfil bajo, subrayando que “la justicia debe actuar con independencia” y recordando que Ábalos ya no forma parte del Gobierno ni del PSOE. Sin embargo, la oposición ha aprovechado este caso para denunciar lo que consideran un “entramado de corrupción sistémica” dentro del socialismo español, exigiendo explicaciones al presidente.
¿Y ahora qué?
El proceso judicial está aún en fase preliminar, pero las pruebas recopiladas por la UCO —incluyendo documentos, transferencias bancarias y mensajes telefónicos— apuntan a que la causa podría derivar en responsabilidades penales importantes. En paralelo, se han abierto diligencias para revisar todos los contratos adjudicados en la etapa final de Ábalos, con especial atención a las modificaciones presupuestarias y la selección de adjudicatarios.
Lo que comenzó como una obra emblemática para mejorar la movilidad en el sur de España —la renovación del Puente del Centenario— se ha convertido en símbolo de una posible trama de corrupción que amenaza con sacudir los cimientos de la política nacional. Mientras tanto, la sociedad española espera respuestas y, sobre todo, justicia.
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