En una conversación incluida en el último informe de la UCO, Koldo García advierte al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, que desde la gerencia del partido le contactarían para “pedirle el impuesto”. Se trataría de una cuota informal, a la que muchos afiliados hacen referencia como “el impuesto revolucionario”
01 de julio de 2025
Impacto España Noticias
Una presunta trama de corrupción vinculada a la adjudicación irregular de obra pública ha puesto en el centro del huracán a altos exdirigentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para Santos Cerdán, ex secretario de Organización del partido, al que atribuye un papel de liderazgo en una red que habría operado durante años bajo el amparo de instituciones públicas.
La resolución judicial, basada en las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, apunta a que Cerdán ocupaba una posición de “cierta preeminencia” dentro de la estructura criminal, y que las prácticas de la red podrían haber servido no solo para enriquecimientos personales, sino también para nutrir de fondos al propio partido político a través de mecanismos que podrían encajar en el delito de financiación irregular.
Un “botín” superior a cinco millones de euros
Según los datos recabados, el volumen de mordidas que habrían circulado en el seno de esta trama supera los cinco millones de euros.
Estas comisiones habrían sido cobradas a cambio de amaños en contrataciones públicas, en las que empresas adjudicatarias obtenían beneficios millonarios a cambio de pagos indebidos a intermediarios y responsables políticos. En concreto, la empresa Acciona habría resultado beneficiada con adjudicaciones valoradas en más de 535 millones de euros por obras distribuidas en diversas provincias como Murcia, La Rioja, Sevilla y Barcelona.
El juez Puente sostiene que las ganancias personales atribuidas a algunos investigados, como el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García, apenas rozan el millón de euros. Este dato refuerza, a juicio del magistrado, la hipótesis de que otros actores también se beneficiaron económicamente, directa o indirectamente, de las adjudicaciones amañadas.
La figura de Cerdán y el supuesto rol de jefe de la red
Santos Cerdán es señalado como el eslabón clave de la trama. Según los investigadores, su relación con Ábalos y Koldo García no era horizontal, sino vertical y jerárquica. Esta dinámica hace “descartable”, según la resolución judicial, que Cerdán actuara únicamente para beneficio de otros sin obtener a cambio un rédito personal o político. En consecuencia, el juez considera razonable pensar que el ex número tres del PSOE también percibió algún tipo de compensación económica, directa o para terceros.
Las grabaciones analizadas por la UCO y el juez incluyen conversaciones entre los implicados donde se discute el reparto de comisiones. En una de ellas se menciona que el “beneficio económico indebido” alcanzó los 550.000 euros para Ábalos y García, con otros 450.000 euros aún pendientes de cobro. No obstante, el magistrado subraya que tales cifras son ínfimas en comparación con el volumen total de las adjudicaciones, por lo que resulta improbable que no existieran más beneficiarios.
Posible financiación irregular del partido
Una de las líneas más sensibles de la investigación apunta a una posible financiación irregular del PSOE. Tanto el juez instructor como la Guardia Civil consideran que los fondos obtenidos por la red podrían haber sido destinados, en parte, a alimentar las arcas del partido. Esta hipótesis se basa en evidencias encontradas en grabaciones y mensajes entre los implicados.
En una conversación incluida en el último informe de la UCO, Koldo García advierte al exdirector general de Carreteras, Javier Herrero, que desde la gerencia del partido le contactarían para “pedirle el impuesto”. Se trataría de una cuota informal, a la que muchos afiliados hacen referencia como “el impuesto revolucionario”. Poco después, Herrero confirmó haber recibido un formulario desde la gerencia del PSOE, aunque sin detalles específicos sobre el monto a abonar.
Cabe señalar que esta gerencia estaba dirigida por una persona nombrada directamente por Santos Cerdán, lo que refuerza la sospecha de un entramado organizado desde los niveles más altos del partido.
La "cuota voluntaria" y los ingresos del PSOE
Según la última memoria financiera publicada por el propio partido, en el año 2023 el PSOE ingresó casi 10 millones de euros bajo el concepto de “cuotas voluntarias”. Estas aportaciones, que oficialmente proceden de cargos públicos, afiliados y simpatizantes, habrían experimentado un aumento considerable en los últimos años. En el ejercicio anterior, los ingresos por esta vía ascendieron a más de 8 millones de euros.
A esto se suman los ingresos por financiación pública, que en 2023 alcanzaron los 95 millones de euros, y otros 29,5 millones en concepto de actividades propias y aportaciones privadas. Aunque todas estas cifras son legales y están auditadas, la posible relación entre las mordidas investigadas y el aumento de las cuotas voluntarias es una de las líneas que los investigadores analizan con especial atención.
Testimonio del comisionista de las mascarillas
Uno de los testimonios que ha dado fuerza a la acusación contra Cerdán proviene del empresario Víctor de Aldama, investigado previamente por su implicación en contratos de mascarillas durante la pandemia. Según declaró ante el juez, Aldama entregó 15.000 euros a Cerdán a petición de Koldo García, como compensación por un supuesto perjuicio sufrido en una operación relacionada con el “cupo vasco”.
Además, Aldama ha declarado públicamente que el PSOE cobraba entre un 1% y un 1,5% en comisiones ilegales a cambio de garantizar futuras licitaciones. También subrayó que los últimos dos secretarios de Organización del partido —Ábalos y Cerdán— han sido ya señalados en la investigación.
El papel de Pedro Sánchez
Aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no está formalmente implicado en el caso, algunos testimonios apuntan a que cesó a Ábalos como ministro tras tener conocimiento de las mordidas relacionadas con constructoras. En otra conversación filtrada por la UCO, Cerdán se lamenta de que Sánchez le cerrara las puertas para ocupar un puesto en Indra, una empresa cotizada en bolsa, señalando que “quien más pierde es el partido” y que el 80% de la comisión sería para donarlo al partido.
Estas afirmaciones dan a entender que parte de los beneficios obtenidos por la trama no estaban destinados solo al enriquecimiento personal, sino que también podrían haber tenido como destino final las arcas del partido socialista, lo que implica una dimensión aún más grave del caso.
Próximos pasos judiciales
Con Cerdán en prisión provisional, el caso sigue su curso en el Tribunal Supremo. La instrucción continúa abierta y los investigadores esperan poder identificar a más personas físicas y jurídicas que podrían haber participado o se habrían beneficiado de las adjudicaciones amañadas. Además, no se descarta la ampliación de diligencias para determinar si la supuesta financiación irregular del PSOE se produjo de forma sistemática o puntual.
La investigación también continúa rastreando el destino final de los fondos y posibles vínculos con otras empresas o entidades vinculadas al partido. Por el momento, la documentación recopilada por la Guardia Civil, las grabaciones y los testimonios de los implicados configuran un caso de gran envergadura que podría tener importantes consecuencias tanto judiciales como políticas en el futuro próximo.
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