Varios medios mexicanos han asegurado que el empresario Víctor de Aldama gestionó una visita a México en febrero del 2019 para tratar de ganar contratos de la mega obra iniciada del Tren Maya. De acuerdo con la información revelada, su objetivo era facilitar la entrada de empresas españolas vinculadas al entorno del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para participar en las licitaciones impulsadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Durante ese viaje, Ábalos fue recibido por altos funcionarios mexicanos, incluyendo al entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y realizó una visita institucional al Senado de la mano de Ricardo Monreal, quien hoy lidera la mayoría en la Cámara de Diputados. Esta gira coincidió con el inicio de un proceso de adjudicación que, poco tiempo después, terminaría beneficiando a compañías públicas y privadas españolas.
Una de las grandes beneficiadas fue la empresa estatal Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes que encabezaba el propio Ábalos. Ineco logró hacerse con un contrato por valor de 13,2 millones de euros —alrededor de 300 millones de pesos mexicanos— para actuar como “operador sombra” del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), organismo responsable de las obras del Tren Maya.
El escándalo no se limita a esa adjudicación. Dos compañías privadas, Azvi y Grupo Indi, también resultaron favorecidas. En mayo de 2020 obtuvieron contratos para la construcción del Tramo 3 del proyecto ferroviario, por un total superior a los 10.000 millones de pesos. Posteriormente, ambas firmas también participaron en los trabajos del Tramo 5 Sur, en la zona turística de Quintana Roo, por un importe cercano a los 4 millones de pesos.
Acciona, otro gigante del sector con participación en el caso, obtuvo en enero de 2021 un contrato para una parte del mismo Tramo 5. No obstante, dicho acuerdo fue revocado más tarde cuando el gobierno mexicano decidió modificar el trazado y trasladó la responsabilidad de la obra al Ejército, concretamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El vínculo entre De Aldama, Ábalos y estas adjudicaciones forma parte del llamado “caso Koldo”, una presunta red de corrupción liderada por Sánchez y centrada en la obtención de contratos públicos a través de comisiones y tráfico de influencias. Esta trama, que comenzó con sospechas en torno a la adquisición de mascarillas en plena pandemia, ha adquirido una dimensión internacional. Se investiga ahora su conexión con gobiernos extranjeros, como el de Venezuela, donde las relaciones entre Ábalos y la vicepresidenta Delcy Rodríguez también han sido objeto de escrutinio.
El núcleo de esta red estaría integrado por figuras del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), entre ellos José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama. Las autoridades señalan que esta red habría lucrado con decenas de millones de euros en contratos adjudicados de forma opaca, tanto en gobiernos autonómicos como en administraciones extranjeras.
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