El procedimiento de custodia en el que se produjo la declaración del menor no solo ha implicado a altos funcionarios del Ministerio, sino que también ha tenido la participación del fiscal Manuel Javato, esposo de Sofía Puente y hermana del ministro Oscar Puente
Noticias10 de julio de 2025
Impacto España Noticias
Impacto España Noticias revelo en exclusiva la manipulacion de audios judiciales, una investigación judicial que podría sacudir los cimientos del Ministerio de Justicia. La titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid, Susana Trujillano, instruye un procedimiento por un presunto delito de falsificación de documento público, tras la sospechosa manipulación de la grabación de una declaración judicial realizada por un menor de edad en marzo de 2022.
Los hechos se remontan a un procedimiento de custodia que tuvo lugar en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Valladolid, en el que un niño de 12 años prestó declaración en un contexto especialmente delicado. El magistrado instructor ordenó que todos los presentes abandonaran la sala, salvo un funcionario no identificado, con el fin de preservar la integridad de la declaración.
Sin embargo, la grabación resultante carece de audio en el segmento clave correspondiente a las palabras del menor. En su lugar, aparece insertado un "ruido rosa", un patrón sonoro de origen artificial que, según un informe pericial, no podría haberse producido de forma natural en ese entorno.
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Un subordinado directo de Bolaños, en el centro de la polémica
Las diligencias judiciales apuntan directamente a Aitor Cubo, director general de Transformación Digital del Ministerio de Justicia. Cubo está bajo el mando directo de Sofía Puente, secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, y persona de máxima confianza del ministro Félix Bolaños.
La juez Trujillano lo citó como investigado al considerar que los hechos podrían haberse producido en dependencias del propio Ministerio, donde se almacenan y gestionan los sistemas digitales de grabación y custodia de vistas judiciales.
Aunque estaba llamado a declarar en octubre del año pasado, Cubo solicitó la suspensión y compareció finalmente el pasado 27 de mayo. Un día después, la magistrada notificó a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado una resolución que permitía su acceso a las diligencias de entrada y registro solicitadas previamente por la acusación particular, lo que ha generado quejas por parte de los denunciantes, que ven en ello un posible trato de favor hacia el alto cargo.
Ademas de la falsificacion del audio judicial, tambien se falsificaron documentos judiciales como afirman los peritos informaticos en sus informes.
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Petición de entrada y registro en tres sedes del Ministerio
El padre del menor afectado, a través de su representación legal, ha solicitado una intervención directa de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En concreto, pide la entrada y registro en tres sedes del Ministerio de Justicia situadas en las calles Ocaña, la Bolsa y San Bernardo, todas en Madrid. El objetivo es obtener una copia íntegra de la grabación original, así como de los logs y códigos hash, que podrían revelar la trazabilidad de las modificaciones realizadas.
También se ha pedido acceder a los planos y documentación técnica que describen la arquitectura de los sistemas de almacenamiento del Ministerio, así como los protocolos de gestión y seguridad internos. La intención es elaborar un informe pericial completo que permita identificar los medios utilizados en la alteración de la grabación y señalar a posibles responsables o colaboradores.
Audiencia de Madrid exige ampliar la investigación
Aunque en un inicio la jueza Trujillano había considerado dar por concluida la instrucción, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó una ampliación del procedimiento. La resolución del órgano superior exige no solo esclarecer la manipulación de la grabación del menor, sino también otras posibles alteraciones de documentos, resoluciones y firmas judiciales que podrían haberse producido dentro de los sistemas informáticos del Ministerio.
Dos informes periciales incluidos en el sumario han puesto de manifiesto indicios sólidos de manipulación deliberada de elementos clave en el procedimiento, lo que ha llevado a intensificar la instrucción.
Contexto institucional y político delicado
Este escándalo cobra especial relevancia debido a la posición que ocupa el investigado dentro del entramado institucional. La Dirección General de Transformación Digital, liderada por Aitor Cubo, es la responsable del diseño, desarrollo y mantenimiento de los sistemas y aplicaciones informáticas utilizadas por tribunales, juzgados y fiscalías de todo el país. Entre sus funciones se encuentra la grabación, almacenamiento y custodia de las vistas judiciales, así como asegurar su integridad.
El hecho de que una grabación oficial —y especialmente sensible por involucrar a un menor— haya sido supuestamente manipulada en un entorno controlado por esta Dirección General, levanta serias dudas sobre los controles internos del Ministerio y la responsabilidad de sus cargos superiores.
El papel del fiscal y la conexión con altos cargos
El procedimiento de custodia en el que se produjo la declaración del menor no solo ha implicado a altos funcionarios del Ministerio, sino que también ha tenido la participación del fiscal Manuel Javato, esposo de Sofía Puente y hermana del ministro Oscar Puente. Esta coincidencia ha generado más sospechas en torno a la independencia del proceso y el alcance real de la posible manipulación.
Desaparición de la prueba y denuncia ante el CGPJ
La grabación original desapareció misteriosamente del juzgado tras detectarse la manipulación. La asociación Manos Limpias denunció el posible "robo" de la prueba ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En paralelo, la Fiscalía pidió al padre del menor que entregara de nuevo la grabación, solicitud que fue rechazada para no romper la cadena de custodia. Finalmente, la Guardia Civil logró recuperar el dispositivo el pasado 30 de enero.
A raíz de estos hechos, Manos Limpias también presentó una denuncia contra la letrada de la Administración de Justicia del juzgado instructor, siguiendo la recomendación del órgano de gobierno de los jueces.
La instrucción abierta en el Juzgado nº 7 de Madrid avanza hacia un escenario de graves consecuencias judiciales y políticas. El caso no solo pone en entredicho el funcionamiento interno del Ministerio de Justicia, sino que revela grietas preocupantes en el sistema de garantías procesales. La posible alteración de pruebas en un procedimiento con menores, la desaparición de material judicial, y el eventual encubrimiento por parte de altos funcionarios, apuntan a un escándalo de Estado en toda regla.
Impacto España Noticias continuará informando sobre este caso, que podría suponer uno de los mayores desafíos institucionales para el Gobierno en la presente legislatura.
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