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La Comisión Europea no las tiene todas consigo en cuanto a la ley de amnistía y así lo ha hecho saber este martes en la primera vista sobre la norma que se celebra en el TJUE. Bruselas asegura que la ley "no parece responder" al interés general, sino a un "acuerdo político" para investir a Pedro Sánchez.
El Ejecutivo comunitario, cuya opinión se toma en cuenta en el alto tribunal, ya había dejado pistas sobre esto el pasado mes de junio y ahora lo ha hecho de manera más clara en la primera de las dos vistas que tienen lugar en Luxemburgo: una tiene que ver con la posible malversación de fondos y la segunda con lo relativo a los delitos de terrorismo; el objetivo es saber si la norma es acorde al derecho europeo.
La Comisión Europea mantiene que si bien el Tribunal Constitucional ha dado luz verde a la ley de amnistía, se mantienen abiertas cuatro cuestiones perjudiciales en el TJUE y no se trata de un paso planteado pensando en el interés general de los españoles, sino que tiene que ver con una cuestión puramente política. En eso se baso para referirse a la normativa en el último informe sobre la situación del estado de derecho en España, publicado la pasada semana.
Por su parte, el representante legal de la Comisión sostuvo que no hay una relación lo bastante clara entre las irregularidades señaladas —relacionadas con la financiación del procés— y los fondos que se reciben desde la UE. Sin embargo, Bruselas recalcó que corresponde al Tribunal de Cuentas evaluar si se produjo un uso indebido de recursos europeos para ese fin. Además, advirtió que el plazo de dos meses que la ley de amnistía establece para que los jueces la apliquen "podría dificultar" que dicha investigación se realice adecuadamente.
Esto es un capítulo más de algo que viene de atrás. Durante la tramitación de la ley, la Comisión Europea pidió explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez y anunció que daría su opinión sobre si la norma respetaba el Derecho europeo. Finalmente, ese informe no se hizo público, por lo que la última palabra queda en manos del TJUE.
Sin embargo, en documentos enviados al tribunal europeo, Bruselas expresó ya sus dudas, que ahora ha reafirmado en Luxemburgo: considera que la ley puede ser una forma de "autoamnistía" impulsada por motivos políticos, como lograr la investidura de Sánchez. Esta crítica pone el foco en la mezcla entre decisiones legales y acuerdos políticos.
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Uno de los principales problemas señalados por la Comisión es que la ley obliga a los jueces a decidir en un plazo fijo de dos meses sobre la aplicación de la amnistía. Según Bruselas, este tiempo podría ser insuficiente para analizar cada caso a fondo, obtener pruebas o escuchar a las personas implicadas.
Asimismo, cuestiona que algunos actores del proceso judicial, como Sociedad Civil Catalana, no hayan tenido la oportunidad de participar plenamente en el debate. Esto puede suponer una vulneración del derecho a un juicio justo, un principio básico en todo el sistema jurídico de la Unión Europea.
Con todo, el TJUE no tiene un plazo fijo para resolver las cuestiones prejudiciales, pero lo habitual es que tarde entre 12 y 18 meses desde la celebración de las vistas orales hasta que se publica la sentencia.
En casos de especial urgencia o gran relevancia política, como este, el proceso puede acelerarse, aunque sigue dependiendo de la complejidad jurídica y del volumen de documentación. Dado el impacto de la ley de amnistía en el contexto político y jurídico europeo, es posible que el TJUE intente resolver antes de que termine 2025, pero no hay garantía de ello.
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