La jefa de Jésica dice al juez que le ordenaron dejarla en paz pese a que no fichaba

La sala de vistas de la Audiencia Nacional fue escenario este jueves de un testimonio que podría marcar un punto de inflexión en la investigación que rodea a José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y a su entorno más próximo. La testigo, Virginia Barbancho Domínguez, que ejerció como técnica responsable en un proyecto de Tragsatec —filial tecnológica del grupo público Tragsa—, no titubeó al declarar que fue advertida para que dejara de “acosar” a Jésica, la exnovia del exministro, tras constatar que esta no fichaba ni acudía regularmente a su puesto de trabajo.

La intervención de Barbancho, que declaró en calidad de testigo, no solo puso sobre la mesa presuntas irregularidades laborales, sino que también arroja luz sobre una supuesta red de favores y contrataciones opacas en empresas públicas, donde, según la investigación, se podrían haber empleado recursos del Estado para beneficiar a personas cercanas a cargos políticos.

 La declaración que sacude la causa

La ex responsable técnica asegura que, siguiendo los protocolos establecidos, comunicó estas irregularidades a sus superiores jerárquicos. Sin embargo, la respuesta que recibió fue completamente inesperada y contraria a los procedimientos habituales de gestión empresarial.

El primer contacto para silenciar sus denuncias provino de Ignacio Zaldívar, director de Gestión Administrativa en Adif para los trabajos encargados a Tragsatec. Según el testimonio de Barbancho, Zaldívar le transmitió una orden directa: debía dejar «en paz» a Jésica Rodríguez, ya que la instrucción procedía directamente de la presidencia de Adif.

Esta intervención resultó especialmente significativa porque Adif actuaba como cliente del proyecto, lo que convertía sus indicaciones en instrucciones prácticamente ineludibles para los responsables de Tragsatec.

Tras recibir la advertencia inicial, Barbancho decidió trasladar la situación a sus superiores directos en Tragsatec: el gerente y el subdirector de la empresa. Durante una semana, estos directivos analizaron la compleja situación que se había creado.

Finalmente, según declara la testigo, estos responsables le reiteraron el mismo mensaje, pero utilizando una terminología aún más contundente: le dijeron que dejara de «acosar» a la entonces pareja de Ábalos. Esta escalada en el tono de las advertencias evidencia la presión que se ejercía desde diferentes niveles para proteger a Rodríguez de cualquier control laboral.

Este fragmento de su declaración ha sido recogido ya por la Fiscalía Anticorrupción, que investiga si existió una maniobra orquestada desde la dirección de Tragsatec —o incluso desde el Ministerio— para colocar a personas próximas al entorno del exministro, sin que cumplieran realmente funciones efectivas.

 Un caso que apunta más alto
Jésica fue contratada en 2020, en plena pandemia, y su incorporación se justificó como parte de un refuerzo técnico temporal. Sin embargo, varias fuentes internas de Tragsatec habrían informado en su momento —aunque de forma informal— de que su rol era irrelevante o directamente inexistente. Lo que parecía un episodio menor dentro del engranaje burocrático ha terminado convirtiéndose en una pieza más del complejo puzzle que rodea al exministro socialista.

José Luis Ábalos, que rompió con el PSOE tras negarse a dejar su escaño, ha defendido en varias ocasiones que “no dio instrucciones” para que se contratara a nadie y ha alegado desconocimiento sobre la operativa interna de Tragsatec. Sin embargo, las pruebas recogidas hasta la fecha —entre correos electrónicos, testimonios y registros de recursos humanos— no parecen despejar las dudas sobre su implicación indirecta.

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 Tragsatec, el tablero de juego
Tragsatec, sociedad estatal especializada en asistencia técnica para el sector público, ha sido utilizada históricamente por los gobiernos como una herramienta ágil para ejecutar proyectos urgentes. Sin embargo, esa agilidad, unida a una menor fiscalización que la que pesa sobre otros organismos públicos, la ha convertido en foco de sospecha por su opacidad.

La investigación abierta por la Audiencia Nacional, bajo la dirección del juez Joaquín Gadea, busca determinar si se utilizó esta empresa como plataforma para la contratación arbitraria de perfiles afines, y si hubo un patrón sistemático que excediera el caso de Jésica.

El testimonio de Barbancho no es el único que apunta en esa dirección. Fuentes cercanas al caso aseguran que otros empleados han declarado en términos similares, describiendo un clima de presión interna y una “zona opaca” de contrataciones vinculadas a cargos políticos.

 Aunque por el momento José Luis Ábalos no figura como imputado en esta causa, su nombre aparece mencionado de forma reiterada en el sumario. El PSOE, tras meses de silencio incómodo, ha endurecido su discurso en las últimas semanas. La exportavoz del grupo socialista en el Congreso, Esther Peña, aseguró recientemente que “cualquier comportamiento irregular debe investigarse con independencia de los nombres o vínculos personales”, aunque evitó valorar el testimonio de Barbancho.

Desde la oposición, el Partido Popular y Vox han exigido explicaciones inmediatas al Gobierno. “Queremos saber si Pedro Sánchez conocía estas prácticas en sus empresas públicas”, señaló el portavoz del PP, Miguel Tellado, quien también solicitó una comparecencia urgente del actual ministro de Transportes, Óscar Puente, para aclarar si se ha abierto alguna investigación interna en Tragsatec.

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 El testimonio de Virginia Barbancho podría marcar un antes y un después en esta causa. Su valentía al declarar que fue silenciada tras intentar cumplir con su deber como responsable técnica ha reabierto el debate sobre la utilización de las empresas públicas como “agencias de colocación” al servicio de los partidos en el poder.

La clave ahora estará en determinar si este episodio fue una excepción motivada por intereses personales, o si formó parte de una práctica más amplia de instrumentalización política. La Audiencia Nacional sigue recogiendo pruebas, y se espera que en las próximas semanas declaren otros altos cargos de Tragsa y del Ministerio.

Mientras tanto, Barbancho ya ha hecho su parte. Su declaración, contundente y clara, no solo apunta a una irregularidad administrativa. También lanza una pregunta incómoda: ¿cuántos silencios como el suyo se han comprado en la administración pública con la amenaza de represalias?

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