Las pymes, ONGs, entidades públicas y organismos internacionales quedarán exentos. Una vez más, el sector privado paga la factura de la burocracia comunitaria, mientras que las organizaciones ideológicas y gubernamentales se libran
Internacional18 de julio de 2025
Impacto España Noticias
Bruselas vuelve a la carga con una propuesta fiscal sin precedentes: un nuevo impuesto para grandes empresas basado no en sus beneficios, sino simplemente en lo que ingresan. Así lo revela un documento confidencial filtrado y obtenido por The European Conservative, en el que se detalla la creación del denominado CORE (Corporate Resource for Europe).
El proyecto, clasificado como «sensible» y de «circulación restringida», propone imponer esta «super tasa» a todas las empresas que facturen más de 50 millones de euros al año, incluidas las filiales de multinacionales extranjeras con operaciones dentro de la UE. El impuesto sería una contribución fija anual en función del volumen de ingresos, lo que implicaría que empresas con márgenes mínimos o incluso pérdidas seguirían obligadas a pagar.
«Esto es una locura fiscal: se penaliza a las empresas sólo por existir», denuncia un analista financiero citado por The European Conservative. La Comisión Europea sostiene que las grandes empresas se benefician del «mercado único más grande del mundo» y, por tanto, deben «contribuir de manera justa» al presupuesto de la UE.
Las pymes, ONGs, entidades públicas y organismos internacionales quedarán exentos. Una vez más, el sector privado paga la factura de la burocracia comunitaria, mientras que las organizaciones ideológicas y gubernamentales se libran.
El objetivo de fondo no es otro que el de siempre: Bruselas quiere más dinero. Con crecientes gastos en defensa, transición ecológica, inmigración y digitalización, y ante el vencimiento de la deuda COVID, la Comisión ha optado por redoblar su ofensiva fiscal. Esta tasa se suma a otras propuestas como impuestos sobre residuos electrónicos, tabaco, plásticos no reciclados y emisiones de CO₂.
Además del impacto económico, el plan tiene un claro contenido político. Los Estados miembros serían obligados a recaudar este impuesto y transferirlo directamente a Bruselas, con la Comisión supervisando todo el proceso. Un paso preocupante hacia la erosión de la soberanía fiscal nacional, según expertos.
El texto se basa en el artículo 311 del Tratado de Funcionamiento de la UE, lo que implica que necesita aprobación unánime del Consejo y ratificación nacional. Aun así, podría entrar en vigor en 2027 o 2028 si todos los gobiernos lo aceptan.
En un momento en que Europa necesita atraer inversión y reforzar su competitividad, esta propuesta lanza un mensaje devastador a empresarios e inversores: Europa ya no es un lugar fiable para hacer negocios. La combinación de regulaciones excesivas, crisis energética y ahora impuestos sobre ingresos amenaza con hundir aún más el tejido productivo del continente.
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