El juez del caso del novio de Ayuso, un ex alto cargo del Gobierno de Sánchez bajo las órdenes de Dolores Delgado

El reciente nombramiento de Antonio Viejo Llorente como nuevo titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha generado inquietud en sectores jurídicos y políticos. Viejo, magistrado con una larga trayectoria judicial, fue durante dos años una de las piezas clave del Ministerio de Justicia en el primer Gobierno de Pedro Sánchez, ocupando el cargo de secretario general de la Administración de Justicia bajo las órdenes directas de la exministra Dolores Delgado.

Su regreso a la judicatura en un juzgado que investiga a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, principal adversaria política del Gobierno central, reabre el debate sobre la separación de poderes y la neutralidad en los nombramientos judiciales.

De alto cargo en Justicia a instructor del caso González Amador
Antonio Viejo se incorpora al Juzgado 19 en sustitución de la jueza Inmaculada Iglesias, que se jubila tras haber instruido durante meses el procedimiento contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña. Iglesias mantuvo abierta la investigación a pesar de que existía un principio de acuerdo con la Fiscalía para cerrar el caso con una condena menor. Su relevo se produce en un momento procesal clave: las acusaciones ya han presentado sus escritos de petición de pena, y el fiscal reclama tres años y nueve meses de cárcel por fraude fiscal.

Aunque el sistema de adjudicación del juzgado responde al criterio de antigüedad entre los aspirantes —lo que formalmente garantiza objetividad—, el hecho de que recaiga en un ex alto cargo del Ejecutivo socialista siembra dudas legítimas sobre la conveniencia del nombramiento. Más aún, tratándose de un caso que involucra a una figura tan cercana a la presidenta de la Comunidad de Madrid, enemiga política declarada del Gobierno central.

Trayectoria institucional marcada por su paso por el PSOE
Viejo no es un recién llegado a la política judicial. Entre 2018 y 2020 ocupó un puesto estratégico en el Ministerio de Justicia como secretario general de la Administración de Justicia. Durante ese período, supervisó directamente políticas de reorganización judicial, asignación de recursos y digitalización, actuando como mano derecha de Dolores Delgado, una de las ministras más polémicas del Gobierno de Sánchez. Delgado, a su vez, fue más tarde fiscal general del Estado, cargo que generó una oleada de críticas precisamente por el conflicto de interés entre su pasado político y su nuevo rol institucional.

El paso de Viejo por el Ministerio estuvo marcado por decisiones sensibles y un alineamiento claro con los objetivos del Ejecutivo. Pese a ello, tras su salida del Ministerio en 2020, regresó sin fricción a la carrera judicial, donde ha vuelto a ocupar cargos de responsabilidad con aparente facilidad. El nuevo nombramiento alimenta las sospechas sobre la existencia de puertas giratorias entre la judicatura y el poder político.

Un magistrado con afinidades conocidas
Viejo ha estado vinculado a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, una agrupación que, si bien se presenta como intermedia entre el progresismo judicial y la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, ha tenido una relación históricamente ambigua con la esfera política. Su trayectoria como juez decano en Madrid y como responsable de juzgados de instrucción en Plaza de Castilla ha sido respetada profesionalmente, pero su proximidad con el poder político durante años complica su perfil de imparcialidad ante la opinión pública.

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Además, su participación en la huelga de jueces y fiscales de 2018, poco antes de su entrada en el Ministerio, genera dudas sobre el uso instrumental de reivindicaciones corporativas para proyectar su figura hacia cargos de mayor poder institucional. Ese mismo año fue nombrado por el Gobierno como alto cargo del Ministerio, bajo el argumento de su conocimiento técnico del sistema judicial.

El contexto: justicia, política y casos sensibles
El caso que ahora instruirá Viejo no es menor. La investigación a González Amador ha tenido desde el principio una fuerte carga política. Las filtraciones sobre los correos entre su defensa y la Fiscalía, la ruptura del pacto que hubiera reducido la pena, y la aceleración del proceso penal coincidiendo con momentos clave del calendario político madrileño, han hecho que el asunto esté bajo escrutinio público.

La asunción del caso por parte de un magistrado con antecedentes tan estrechos con el Gobierno puede alimentar la percepción de un uso estratégico del poder judicial. El riesgo no reside únicamente en que haya parcialidad efectiva, sino en que se rompa la apariencia de neutralidad, indispensable para el funcionamiento de una democracia saludable. En este sentido, la designación de Viejo no es neutra: refuerza las sospechas de interferencia del poder político en la administración de justicia.

Además, Viejo también asumirá la instrucción de otras causas mediáticas, como el asesinato del hermano de la exvicealcaldesa Begoña Villacís. En un juzgado que concentra tanto peso simbólico y real, la independencia judicial debería ser un requisito no solo formal, sino también percibido por la ciudadanía.

Nombramiento pendiente de la ratificación del CGPJ
Aunque la asignación al Juzgado 19 sigue el procedimiento reglado, aún debe ser ratificada por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. Pese a que estos nombramientos rara vez se modifican, la situación actual del CGPJ —con su mandato caducado desde hace más de cinco años— no contribuye a reforzar la legitimidad de sus decisiones.

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Este nuevo episodio se suma a una larga lista de designaciones judiciales que ponen en entredicho la autonomía del tercer poder del Estado. La ausencia de mecanismos más transparentes y la permanencia de cuotas ideológicas en los órganos de gobierno de la judicatura siguen erosionando la confianza ciudadana.

¿Justicia independiente o justicia alineada?
La figura de Antonio Viejo refleja como pocas la complejidad del poder judicial en España: un magistrado de larga carrera y sólida experiencia institucional, pero con un pasado reciente estrechamente ligado al poder político. Su nombramiento al frente de un juzgado que instruye causas de alta sensibilidad política no es, por tanto, una mera anécdota burocrática: es un movimiento con implicaciones profundas para la percepción de imparcialidad de la Justicia.

En un momento en que la división de poderes se encuentra bajo presión constante, decisiones como esta alimentan el argumento de que la neutralidad judicial no está garantizada, sino comprometida por relaciones cruzadas entre jueces, fiscales y políticos. Y mientras el sistema no se reforme de forma estructural, los ciudadanos seguirán preguntándose si la justicia actúa con independencia… o con obediencia.

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