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Los investigadores de la UCO de la Guardia Civil han puesto el foco sobre Acento, el lobby fundado por el exministro socialista José Blanco, ante la sospecha de que pudiera haber intermediado en favor de empresas interesadas en contratos públicos
Noticias23 de julio de 2025Los investigadores de la UCO de la Guardia Civil han puesto el foco sobre Acento, el lobby fundado por el exministro socialista José Blanco, ante la sospecha de que pudiera haber intermediado en favor de empresas interesadas en contratos públicos. Esta línea de investigación surge a raíz de las grabaciones obtenidas en el domicilio de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, que han abierto nuevas derivadas dentro de la presunta red de mordidas a cambio de adjudicaciones en la administración central.
El pasado 5 de junio, la Unidad Central Operativa entregó al magistrado instructor Leopoldo Puente un extenso informe de 490 páginas que recoge conversaciones intervenidas, análisis financieros y vínculos empresariales. Entre los nombres destacados en esas transcripciones figura el de José Blanco, figura de peso en la etapa de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y actual consejero delegado de Acento Public Affairs.
Blanco, que ocupó la Secretaría de Organización del PSOE durante casi una década y fue ministro de Fomento entre 2009 y 2011, aparece mencionado en el contexto de maniobras que presuntamente habrían beneficiado a compañías específicas. Su consultora, Acento, fundada en 2019, se presenta como especializada en relaciones institucionales, pero los agentes investigan si ofrecía servicios «obligados» a cambio de acceso a contratos con organismos del Estado.
Uno de los puntos clave en esta fase del caso es la figura de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif y exsecretaria de Estado de Transportes. En su declaración ante el juez, Ábalos señaló directamente a Blanco como la persona que propuso su nombramiento al frente de Adif, cargo que ocupó entre 2018 y 2021. Posteriormente, entre 2021 y 2023, Pardo de Vera pasó a ocupar un puesto de mayor rango dentro del Ministerio de Transportes.
Según la reconstrucción elaborada por la Guardia Civil, Koldo García habría utilizado presuntamente la influencia de Pardo de Vera y del director general de Carreteras para facilitar adjudicaciones a determinadas empresas, como Acciona. Estas gestiones aparecen mencionadas en las grabaciones analizadas, donde se habla de contratos aún en fase de adjudicación.
La propia Pardo de Vera fue a declarar este 21 de julio, en calidad de investigada, por su posible implicación en la estructura de comisiones ilegales. Se espera que niegue cualquier conducta irregular, aunque no se descarta que confirme el papel de Blanco en su designación al frente de Adif.
Este caso se produce en un momento en que la actividad de los lobbies en España vuelve a estar bajo la lupa. La Comisión Europea ya alertó recientemente de la falta de avances en la regulación de los conflictos de interés dentro de las administraciones públicas, recordando que el proyecto de ley para controlar la actuación de los grupos de presión sigue paralizado.
Además, no es el único despacho investigado por sus vínculos con el poder político. El bufete Equipo Económico, fundado por el exministro del PP Cristóbal Montoro, también está siendo examinado por presuntamente haber cobrado comisiones de empresas energéticas para influir en decisiones de gobierno.
La investigación liderada por la UCO continúa avanzando en varias direcciones. Con el entramado de influencias, adjudicaciones y favores políticos cada vez más expuesto, el caso amenaza con salpicar a antiguos altos cargos de diferentes gobiernos y con poner sobre la mesa la urgencia de una normativa eficaz para controlar la frontera entre lo público y lo privado.
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