Aunque hasta el momento Pedro Sánchez no ha sido formalmente imputado, la UCO estaría preparando documentación probatoria con vistas a que el Tribunal Supremo solicite su citación en calidad de investigado
Corrupción01 de agosto de 2025
Impacto España Noticias
En un giro que podría sacudir los cimientos de la política española, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha comenzado a trazar el camino hacia una posible imputación formal de Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno, en el marco de las investigaciones por corrupción que ya afectan a su entorno más cercano.
Fuentes próximas a la investigación han advertido que el escenario se torna especialmente complejo debido a la condición de aforado de Sánchez, lo que implicaría la necesidad de solicitar un suplicatorio al Congreso de los Diputados para que la causa pudiera seguir adelante.
El temor entre sectores judiciales es claro: que el Congreso, dominado por la mayoría progresista que apoya al Ejecutivo, utilice sus prerrogativas parlamentarias para bloquear la autorización del suplicatorio, blindando al jefe del Gobierno frente a la acción de la justicia. La posibilidad ha reavivado el debate sobre la separación de poderes y la capacidad de las instituciones para supervisar a sus más altos cargos sin interferencias políticas.
La investigación: del “caso Koldo” a La Moncloa
La raíz del escándalo se encuentra en el ya conocido “caso Koldo”, una trama de presuntas adjudicaciones fraudulentas en contratos públicos durante la pandemia, donde el exasesor ministerial Koldo García Izaguirre figura como eje central. Las pesquisas han ido extendiéndose progresivamente hasta salpicar a altos dirigentes del PSOE y, más recientemente, al entorno más próximo del presidente del Gobierno.
Informes recientes de la UCO han vinculado los movimientos de Koldo y otros actores con posibles delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y cohecho, así como irregularidades en el rescate a la aerolínea Air Europa, aprobado por el Gobierno a través de la SEPI en 2020. Las filtraciones apuntan también a supuestas maniobras irregulares en las primarias del PSOE y a operaciones que podrían haber beneficiado a sociedades vinculadas a familiares del presidente.
Aunque hasta el momento Pedro Sánchez no ha sido formalmente imputado, la UCO estaría preparando documentación probatoria con vistas a que el Tribunal Supremo solicite su citación en calidad de investigado. Para ello, será indispensable que se active el procedimiento constitucional del suplicatorio.
El suplicatorio: la clave institucional
La Constitución Española establece que los diputados y senadores gozan de inviolabilidad y aforamiento. Esto significa que no pueden ser procesados penalmente sin la previa autorización de la Cámara a la que pertenecen. Este permiso, conocido como “suplicatorio”, debe ser solicitado por el Tribunal Supremo y aprobado por mayoría simple en el Congreso.
El precedente más inmediato lo encontramos en el caso de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. A mediados de 2025, el Supremo inició diligencias contra él y solicitó al Congreso que autorizara su procesamiento. Aunque finalmente no hubo bloqueo parlamentario, se evidenció que la mayoría oficialista tiene capacidad numérica para impedir cualquier investigación judicial sobre sus propios miembros.
En este contexto, un eventual suplicatorio contra Pedro Sánchez plantearía un conflicto institucional sin precedentes: ¿permitirá el Congreso que la justicia actúe, o se convertirá en un escudo político?
Separación de poderes en juego
Diversos juristas, asociaciones judiciales y exmagistrados del Tribunal Supremo han mostrado su preocupación por este escenario. Temen que el Congreso pueda convertirse en un espacio de impunidad estructural si bloquea la acción penal bajo argumentos partidistas.
“No se trata de si Pedro Sánchez es culpable o inocente. Se trata de si la justicia tiene libertad para investigar”, señalaba esta semana un exfiscal del Supremo bajo anonimato.
Incluso dentro de sectores afines al Gobierno, voces como las de ERC o BNG han solicitado que el presidente comparezca en sede parlamentaria para explicar las conexiones reveladas por la UCO. Aunque Pedro Sánchez ha guardado silencio público al respecto, fuentes de Moncloa aseguran que el Ejecutivo considera el asunto una “estrategia judicial y mediática para desgastar al Gobierno”.
Choque institucional: escenarios posibles
Los analistas políticos coinciden en que este caso podría derivar en una crisis institucional de gran calado, especialmente si se combinan los siguientes elementos:
Escenario Consecuencia
El Supremo solicita el suplicatorio y el Congreso lo bloquea - Paralización del proceso judicial contra el presidente
El Gobierno interpreta el proceso como una “persecución política” - Delegitimación del Poder Judicial ante una parte de la opinión pública
El caso escala a la esfera internacional Impacto en la imagen de España ante la UE y organismos como GRECO o el Consejo de Europa
Desde la oposición, los principales partidos —PP y VOX— han exigido la dimisión inmediata del presidente en caso de que el Supremo confirme su intención de investigarlo. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha calificado la situación de “vergonzosa para una democracia madura”, y ha instado a Sánchez a someterse a una moción de confianza.
Por su parte, la portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, ha anunciado la preparación de una querella por encubrimiento institucional, en caso de que se materialice el bloqueo del suplicatorio.
¿hacia una crisis de régimen?
España se enfrenta a un escenario de alta tensión institucional. Nunca antes en democracia un presidente del Gobierno en ejercicio ha estado tan cerca de una imputación penal con indicios graves y un posible freno legal desde su propio partido.
Si se confirma la intención del Supremo y el Congreso opta por blindar al jefe del Ejecutivo, el país podría entrar en una fase de erosión de la credibilidad institucional, debilitamiento del sistema de contrapesos y una percepción de impunidad política sin precedentes.
La gran pregunta que flota sobre el panorama político es si las instituciones serán capaces de preservar la independencia judicial frente al poder legislativo, o si nos encaminamos hacia un modelo donde la fuerza parlamentaria prevalece sobre el principio de legalidad.
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