El juez no ve qué "sentido" tenía pagar en sobres sin control

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente formuló una pregunta tan sencilla como devastadora durante el interrogatorio al exgerente del PSOE Mariano Moreno en la causa que investiga los pagos en metálico realizados bajo la Secretaría de Organización dirigida por José Luis Ábalos.

«Lo que le quiero preguntar es si el grueso de ese dinero se destinaba a la liquidación de gastos. Yo no alcanzo a comprender el sentido, si el dinero está en el banco, de contratar a una empresa, en lugar de hacerlo directamente con el banco. Es que no lo entiendo. ¿Cuál es la ventaja?», inquirió el magistrado, según hemos podido saber por fuentes presentes en la declaración en sede judicial.

 La pregunta, que resonó con frialdad quirúrgica en la sala del Alto Tribunal, encapsula el desconcierto que envuelve el llamado caso Ábalos. Porque, en efecto, nadie parece entender por qué el PSOE, teniendo el dinero depositado en sus cuentas bancarias, optó por sacar efectivo, que una empresa lo transportara hasta su sede en la madrileña calle Ferraz 70 y, una vez allí, repartirlo en sobres a trabajadores y colaboradores bajo el pretexto de «liquidaciones de gastos».

Una práctica que, más allá de lo pintoresco, resulta inexplicable desde un punto de vista de control financiero, especialmente cuando existen mecanismos electrónicos —seguros, rápidos y trazables— que permiten hacer lo mismo mediante transferencia bancaria.

 Una explicación «organizativa» que no convence
Según ha podido saber este medio, el exgerente del PSOE intentó justificar esta operativa apelando a una supuesta «cultura organizativa» de la Comisión Ejecutiva Federal. «Estaba dentro del funcionamiento habitual de la organización. Muchos trabajadores tenían actos públicos o desplazamientos y anticipaban gastos. Estaban deseando llegar a Madrid para que la liquidación se hiciera por caja», declaró Moreno.

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El argumento, sin embargo, no convenció al magistrado. Puente subrayó que pagar en metálico era, de hecho, más lento y menos transparente que hacerlo por transferencia. En sus palabras, «según nos ha explicado doña Celia Rodríguez —empleada de la Secretaría de Organización—, las liquidaciones se bajaban en fechas determinadas del mes… esto es más lento que una transferencia».

Moreno se limitó a responder que «para la transferencia también había que bajar los tickets» y que «era la persona la que decidía si en efectivo o por transferencia». El juez, incrédulo, insistió: «En esa época todo el mundo tenía reticencia al dinero en metálico por la pandemia».

El juez: «Era descontrol»
Durante la declaración, la sensación que quedó en la sala fue la de una organización en la que la contabilidad y la fiscalización de los fondos se movían a ciegas. Moreno reconoció ante el magistrado que durante su mandato (2017-2021) no existía un sistema real de verificación de gastos.

El juez preguntó por los controles: si había algún método para comprobar que los tickets presentados correspondían realmente a los gastos de quien los entregaba. La respuesta del exgerente fue tajante: «En ese momento no se comprobaba eso». Tampoco se verificaba que la persona que reclamaba el pago fuera quien había abonado la factura o el restaurante. «Eso no se hacía en ese momento», admitió.

La reacción del magistrado fue inmediata: «Eso no es un control. Si Ábalos reclamaba unas cantidades, ¿el control era que lo reclamaba Ábalos? Eso no es un control». Moreno intentó justificarse asegurando que «todos los sistemas de control van evolucionando» y que con el tiempo se introdujeron nuevas instrucciones internas. Puente zanjó el intercambio con ironía: «Me parece a mí, don Mariano, que exigir al menos que la persona que ha pagado el importe… En 1950 también debería aplicar, es elemental, no es nada tecnológico. Se lo digo a los efectos de que recuerde si había algún tipo de control».

Una estructura de pagos opaca
Las declaraciones de Moreno confirman lo que ya apuntaba la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil: la existencia de pagos en metálico por parte del PSOE que no constan en su documentación oficial. El exgerente reconoció que Koldo García, asesor del entonces ministro Ábalos, era «quien siempre recibía las entregas de dinero» que luego repartía entre los miembros de la Secretaría de Organización.

Estas entregas se hacían, según explicó, sin individualizar destinatarios ni detallar el motivo concreto de los pagos. «Eran liquidaciones de gasto colectivas», señaló. Es decir, el dinero se entregaba en bloque y era Koldo quien decidía su distribución.

Una operativa que, según fuentes presentes en la declaración, deja abierta la puerta a todo tipo de irregularidades. El propio PSOE, en un escrito remitido al Tribunal Supremo, admitió que «es posible que Koldo García haya tenido alguna intervención en la gestión de estos cobros de liquidaciones de gastos en metálico para el equipo de Organización». Pero, significativamente, no explicó el motivo ni la razón por la que un asesor ministerial sin cargo orgánico en el partido manejaba dinero de su estructura interna.

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Los sobres de Ferraz
Las declaraciones de Moreno y Rodríguez encajan con las investigaciones de la Guardia Civil, que detectó una serie de conversaciones intervenidas entre Koldo García y su esposa, Patricia Úriz. En una de ellas, fechada el 18 de septiembre de 2018, Úriz le comunicaba: «Ya tengo el sobre de Ferraz». A lo que él respondía: «¿Te lo llevo en el coche a Balbina y te lo dejo allí?», en aparente referencia a la residencia oficial del ministro Ábalos.

Según la UCO, los socialistas retiraron casi un millón de euros en efectivo entre 2017 y 2021, y parte de ese dinero —unos 127.000 euros— se entregó en metálico al propio Ábalos y a sus colaboradores. Los agentes también sostienen que se realizaron pagos en sobres por un total de 32.000 euros a Koldo García y su entorno.

En su testimonio, Celia Rodríguez admitió que ella misma era la encargada de preparar los sobres y dejarlos en la recepción de la sede del PSOE para que Koldo los recogiera. Dijo no saber «qué era exactamente ese dinero», ni por qué se pagaba en efectivo.

En ese contexto, la pregunta del juez Puente resume todo el desconcierto institucional que rodea al caso: «Si el dinero está en el banco, ¿para qué sacarlo? ¿Cuál es la ventaja?» La respuesta de Moreno —apelando a la costumbre interna y al supuesto deseo de los trabajadores de «cobrar por caja»— suena, como reconoció el propio instructor, inverosímil.

 No hay una explicación contable ni operativa que justifique la intermediación de una empresa de transporte de efectivo para un partido político que dispone de todos los mecanismos bancarios habituales. Porque, como subrayó Leopoldo Puente, ni siquiera en plena pandemia existía justificación para manejar grandes sumas de dinero en metálico. La práctica no solo es ineficiente: es opaca.

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