De apenas 13.000 euros de facturación anual, la empresa pasó a ingresar 1,5 millones de euros en 2022, acumulando en total cerca de seis millones de euros en siete años
02 de agosto de 2025 Español
La constructora Servinabar S.L., fundada por el entorno del exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán, ha experimentado un crecimiento económico vertiginoso desde 2015. De apenas 13.000 euros de facturación anual, la empresa pasó a ingresar 1,5 millones de euros en 2022, acumulando en total cerca de seis millones de euros en siete años. Este sorprendente incremento del 11.400% ha estado acompañado por una serie de contratos, pagos y relaciones laborales que involucran a familiares, amigos y asesores políticos vinculados al socialismo navarro.
La evolución de la empresa, su entramado de cooperativas vinculadas y los nombres que figuran como receptores de fondos o contratos ponen bajo la lupa un posible caso de clientelismo político y utilización de estructuras societarias para el reparto encubierto de recursos.
Un ascenso vertiginoso con nombre propio
Fundada en 2014 y con una actividad inicial casi simbólica, Servinabar pasó de ser una pequeña empresa local a convertirse en una pieza clave dentro de una red de contrataciones y relaciones laborales que benefició directa o indirectamente al entorno de Cerdán. El salto se produjo, de manera significativa, a partir de 2016, año en que el propio Santos Cerdán ascendió en la estructura del PSOE nacional, primero como secretario de Organización y más tarde como vicesecretario general del partido.
Durante ese periodo, Servinabar accedió a múltiples adjudicaciones públicas y privadas a través de su alianza con cooperativas como Noran y Erkolan, entidades supuestamente controladas por Antxon Alonso, empresario y socio de confianza de Cerdán. Estas cooperativas funcionaban como vehículos auxiliares en la operativa financiera y contractual de Servinabar, permitiendo el desvío de fondos a terceros.
Familiares y amigos beneficiados
Entre los receptores de fondos procedentes de Servinabar figuran múltiples personas del círculo íntimo y político de Santos Cerdán:
Su hermana, recibió 22.000 euros en 2020 en concepto de servicios vinculados a la constructora.
El cuñado de Cerdán, también habría trabajado en relación con la empresa o participado en su entramado.
Koldo García, exasesor en el Ministerio de Transportes y estrecho colaborador del exministro José Luis Ábalos, aparece igualmente vinculado a tareas de consultoría o mediación con cooperativas relacionadas.
Uxue Barkos, habría tenido relación laboral o contractual con alguna de las cooperativas implicadas.
La novia del ex número dos del PSOE navarro, de igual modo, se encuentra entre las personas que habrían recibido pagos o contratos a través de esta red.
Un exsecretario general de UPN también aparece mencionado, lo que apunta a una posible transversalidad política en los beneficios de esta trama.
El papel de las cooperativas Noran y Erkolan
Las cooperativas Noran S. Coop. y Erkolan S. Coop., con sede en Navarra y controladas por Antxon Alonso, jugaron un papel crucial como intermediarias entre Servinabar y los beneficiarios finales. Funcionaban como empresas pantalla, permitiendo canalizar fondos hacia determinadas personas sin que estos pagos quedaran reflejados en la contabilidad directa de la constructora.
Esta fórmula permitía no solo disimular las relaciones contractuales con allegados de cargos políticos, sino también diluir responsabilidades fiscales y legales, utilizando la cobertura jurídica de cooperativas de trabajo asociado para simular prestaciones de servicios que, en muchos casos, nunca se habrían producido.
Contrataciones públicas bajo sospecha
Aunque el detalle completo de las adjudicaciones recibidas por Servinabar sigue sin esclarecerse, diversas fuentes apuntan a que parte de sus ingresos podrían proceder de subcontrataciones en obras financiadas con fondos públicos del Gobierno de Navarra o entes municipales del entorno socialista. La opacidad en los registros de contratación y la estructura cooperativa permiten ocultar parcialmente el origen de estos ingresos.
Además, la coincidencia temporal entre el ascenso político de Cerdán y el crecimiento económico de su entorno empresarial plantea serias dudas sobre el uso de influencias políticas para facilitar adjudicaciones, acceso a licitaciones y colocación de personal afín.
Un caso más de clientelismo político
El caso Servinabar recuerda a otros escándalos de redes clientelares locales donde la política y los negocios se entrelazan con naturalidad. La utilización de empresas vinculadas a familiares, socios y amigos para canalizar fondos y repartir beneficios, aunque en ocasiones legalmente estructurada, se inscribe en una práctica ampliamente cuestionada desde el punto de vista ético y democrático.
La ausencia de mecanismos de control más estrictos, sumada al uso de cooperativas como estructuras de camuflaje, ha permitido que durante años esta operativa pase inadvertida a ojos de la opinión pública.
A día de hoy, no consta la apertura de una investigación judicial formal, pero diversas fuentes jurídicas señalan que los elementos descritos podrían configurar indicios suficientes de:
Tráfico de influencias
Prevaricación administrativa
Fraude en la contratación pública
Malversación de fondos
La posible implicación de figuras políticas de relevancia, como Santos Cerdán, podría provocar una tormenta política si el caso avanza en sede judicial. El PSOE, por el momento, no ha emitido un comunicado oficial sobre estas informaciones.
El escándalo que rodea a Servinabar no es únicamente un caso de éxito empresarial. Es, en todo caso, una radiografía inquietante sobre cómo el poder político, cuando no encuentra límites, tiende a rodearse de estructuras privadas para blindarse, enriquecer a su entorno y perpetuar su influencia. La justicia y los medios tienen ahora la responsabilidad de esclarecer los hechos. Y los ciudadanos, el derecho de conocer si se ha actuado al margen de la ley o del sentido común.
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