El director de la DGT avisa de más imposiciones a los conductores

La implantación progresiva de la baliza V16 conectada como sustituta del triángulo de emergencia se presenta oficialmente como un avance en seguridad vial. Sin embargo, lejos de generar consenso, la medida está despertando una creciente polémica entre conductores, expertos en derecho y sectores del ámbito jurídico que cuestionan no solo su obligatoriedad futura, sino también su encaje legal en el actual marco normativo.

Desde la Dirección General de Tráfico se insiste en que el objetivo es normalizar su uso a lo largo del próximo año, hasta convertirla en un elemento habitual en los vehículos. Incluso se ha llegado a señalar que las fuerzas de seguridad podrán pedir al conductor, junto al seguro o la ITV, que muestre que dispone de una baliza V16 homologada. Este planteamiento ha encendido las alarmas en parte del sector legal, que considera que se está trasladando a los ciudadanos una obligación que, a día de hoy, no estaría claramente respaldada por la ley.

¿Una obligación sin base legal clara?
Diversos abogados especializados en derecho administrativo y de tráfico sostienen que la baliza V16 plantea serias dudas jurídicas. Argumentan que no existe, por el momento, una norma con rango suficiente que obligue de forma expresa a los conductores a adquirir un dispositivo concreto, fabricado por empresas privadas, con características técnicas muy específicas y sometido a un sistema de homologación controlado por la propia Administración.

Según estos juristas, imponer de facto la compra de una baliza conectada podría vulnerar principios básicos como el de seguridad jurídica y el de legalidad sancionadora. En otras palabras, no se puede exigir ni sancionar aquello que no esté claramente recogido en una norma con rango reglamentario o legal plenamente vigente. A ello se suma la crítica de que se estaría generando una obligación económica indirecta para millones de conductores sin un debate parlamentario previo.

El problema del control y la verificación
Otro de los puntos más controvertidos es el sistema de control anunciado. Las balizas V16 homologadas incorporan un número de inscripción que permite comprobar en la web de la DGT si el dispositivo está conectado o no. Desde el punto de vista legal, algunos abogados cuestionan si es proporcionado y legítimo que un agente de tráfico solicite la exhibición de un dispositivo cuya obligatoriedad efectiva aún genera dudas.

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Además, se plantea un interrogante relevante: ¿qué ocurre con los conductores que disponen de una baliza V16 no conectada, adquirida legalmente antes de los cambios normativos? ¿Y con quienes siguen usando el triángulo, todavía permitido según la normativa vigente? La falta de respuestas claras alimenta la sensación de inseguridad jurídica y confusión entre los ciudadanos.

El coste económico y la advertencia sobre “lo barato”
Desde Tráfico se insiste en que no se debe optar por las balizas más baratas y se advierte de que “lo barato puede salir caro”. Sin embargo, esta recomendación ha sido interpretada por algunos sectores como una presión indirecta al consumidor. Los abogados críticos señalan que la Administración no debería condicionar el mercado ni orientar la compra hacia determinados productos mientras no exista una obligación legal indiscutible.

El precio de las balizas homologadas, unido a la necesidad de que mantengan la conectividad durante años, supone un coste añadido para los conductores. Para los críticos, el debate no es solo económico, sino de fondo: si el Estado puede imponer la compra de un dispositivo concreto sin asumir su coste ni ofrecer alternativas reales.

Un precedente peligroso para futuros dispositivos
La polémica no termina en la baliza V16. Desde la propia DGT se ha avanzado que este dispositivo es solo el primero de una serie de elementos conectados que llegarán a las carreteras, como conos inteligentes capaces de alertar de la presencia de trabajadores de mantenimiento. Para los juristas críticos, esto abre la puerta a un precedente preocupante: la imposición progresiva de dispositivos privados conectados como requisitos obligatorios para circular.

El temor es que se normalice un modelo en el que los conductores deban asumir el coste de nuevas tecnologías impuestas por la Administración, sin un marco legal sólido y sin garantías suficientes sobre su proporcionalidad, necesidad y control.

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Seguridad vial frente a derechos del conductor
Nadie discute la importancia de reducir accidentes y mejorar la seguridad en carretera. Sin embargo, los abogados que cuestionan la baliza V16 insisten en que la seguridad vial no puede servir de justificación para debilitar principios legales fundamentales. La protección de la vida y la integridad física debe ir acompañada de normas claras, transparentes y plenamente ajustadas a derecho.

Mientras la DGT defiende la baliza V16 como el inicio de una nueva era, una parte del sector legal advierte de que el camino elegido podría generar conflictos judiciales en el futuro. Recursos, sanciones recurridas y una creciente desconfianza de los conductores podrían ser el resultado de una implantación percibida como precipitada e insuficientemente respaldada por la ley.

Un debate abierto que va más allá de una luz intermitente
La baliza V16 ya no es solo un dispositivo de emergencia: se ha convertido en el símbolo de un debate más amplio sobre hasta dónde puede llegar la Administración en la imposición de tecnología, cómo se protege al ciudadano frente a obligaciones difusas y qué modelo de seguridad vial se quiere construir.

Por ahora, la controversia sigue abierta. Y mientras unos hablan de modernización y conectividad, otros advierten de que sin una base legal clara, la baliza V16 podría acabar siendo más un problema jurídico que una solución real para los conductores.

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