Estos entes —fundaciones, agencias, consorcios, sociedades mercantiles públicas y otras fórmulas jurídicas de apariencia legal— funcionan como instrumentos de colocación masiva de personal afín al poder, sin controles democráticos
Corrupción03 de agosto de 2025
Impacto España Noticias
España vive bajo el peso de una burocracia inflada que no sólo drena recursos del contribuyente, sino que sirve de estructura de poder para perpetuar intereses partidistas. A la sombra de la administración oficial, el Gobierno ha tejido una “Administración paralela” compuesta por más de 500 entes públicos, muchos de los cuales son organismos opacos, innecesarios y, en numerosos casos, absolutamente inútiles.
Estos entes —fundaciones, agencias, consorcios, sociedades mercantiles públicas y otras fórmulas jurídicas de apariencia legal— funcionan como instrumentos de colocación masiva de personal afín al poder, sin controles democráticos, sin transparencia y, sobre todo, sin ninguna rendición real de cuentas.
El Estado del derroche: cuando el dinero público se convierte en botín
El problema no es sólo cuantitativo. No se trata únicamente de que existan 500 entes públicos ajenos a los controles ordinarios; lo alarmante es que muchos de ellos no cumplen función útil alguna, duplican servicios, o carecen completamente de actividad conocida, operando como auténticos chiringuitos financiados con el dinero de todos.
Cada año, estos entes paralelos consumen miles de millones de euros en gasto público. Se les asignan presupuestos, se contrata personal, se abonan sueldos astronómicos a directivos que nadie ha elegido y cuya actividad nadie supervisa. En algunos casos, los informes del Tribunal de Cuentas han advertido de la opacidad contable y la ineficacia sistemática, pero el Gobierno hace oídos sordos.
Mientras tanto, hospitales se colapsan, escuelas carecen de recursos, y los servicios sociales están saturados. ¿Dónde va ese dinero? A una red que se ha convertido en el cementerio dorado de ex cargos políticos, asesores, militantes, familiares y amigos del poder de turno.
Colocación, clientelismo y perversión institucional
La principal utilidad de esta red paralela no es mejorar la eficiencia del Estado ni responder con agilidad a los problemas sociales. Su finalidad es política. A través de estos entes, se contrata a dedo, sin oposición, sin mérito y sin capacidad, burlando los principios constitucionales de igualdad y transparencia en el acceso al empleo público.
Se trata de una estructura diseñada para el clientelismo, que garantiza fidelidades, compra lealtades internas y expande la influencia del partido gobernante mucho más allá de las urnas. Es el aparato que perpetúa la clase política en el poder, una maquinaria de colocación tan sólida como inmoral.
En muchos casos, los contratos laborales son blindados, con condiciones mejores que las de los funcionarios de carrera. Las auditorías, cuando existen, son parciales, y los resultados suelen enterrarse o maquillarse. La impunidad es norma, y la indignación ciudadana se diluye en la maraña burocrática que protege esta red de intereses.
Entes fantasma: la administración zombi que nadie controla
Hay organismos que existen sólo en el papel. No tienen página web, no publican memorias de actividad, no aparecen en los portales de transparencia, y sin embargo reciben financiación pública año tras año. Son los llamados entes fantasma, cuya única utilidad parece ser la de engordar nóminas y facturar contratos a empresas cercanas.
Algunos de estos entes mantienen contratos con consultoras o despachos de abogados cuyos vínculos con cargos políticos son más que evidentes. Otros firman convenios millonarios con universidades, ONGs o entidades privadas en los que no queda claro el retorno social. Lo único que sí queda claro es el coste: dinero público dilapidado sin escrutinio alguno.
Consecuencias: más deuda, menos democracia
La existencia de esta administración paralela no es sólo un problema contable. Es un atentado contra la democracia. Erosiona la confianza ciudadana, degrada las instituciones y corrompe la idea misma del servicio público. Si el empleo en la administración se convierte en un premio partidista, y los recursos públicos en una caja opaca para financiar redes clientelares, el Estado pierde legitimidad.
Además, este modelo incrementa la deuda pública, porque estos entes suelen financiarse mediante transferencias finalistas, subvenciones directas y endeudamiento sin control parlamentario. El contribuyente paga dos veces: una con sus impuestos, y otra con la deuda futura que hipotecará a las próximas generaciones.
¿Dónde están los controles?
El Congreso de los Diputados, los Parlamentos autonómicos y los órganos de fiscalización como el Tribunal de Cuentas han sido tibios, cuando no cómplices, en la supervisión de esta red paralela. Las mayorías políticas bloquean comisiones de investigación, ignoran informes críticos y rehúyen la transparencia real.
El silencio mediático también juega su parte. Salvo algunas investigaciones puntuales, la existencia de esta estructura apenas genera escándalo, porque ha sido normalizada. Todos los partidos que han pasado por el poder han contribuido a su crecimiento. Pero eso no la hace menos peligrosa.
El deber ciudadano: exigir limpieza y transparencia
Es hora de que la ciudadanía exija una auditoría integral e independiente de todos los entes públicos, con el objetivo de cerrar aquellos que no tengan utilidad social ni justificación económica. Se deben eliminar duplicidades, imponer límites legales a la creación de nuevos organismos y prohibir la contratación directa salvo en casos de urgencia debidamente justificada.
No se trata de recortar lo público. Se trata de dignificarlo, protegerlo y liberarlo de la podredumbre del clientelismo político. El Estado no puede ser el refugio de los amigos del poder. Tiene que ser la garantía de igualdad para todos.
La administración paralela es una herida abierta en la credibilidad del Estado. No es una anécdota ni una disfunción: es una estrategia deliberada, un sistema parasitario que hay que desmontar. No hacerlo significa seguir consintiendo el saqueo organizado de las arcas públicas mientras millones de ciudadanos ven cómo se les niegan servicios básicos y derechos esenciales.
Ya es hora de llamar a las cosas por su nombre: esto no es gestión pública, es corrupción estructural.
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