Impacto España NoticiasDesastre ecológico en Cáceres
El Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, ordenó el vaciado total de un embalse de 50 hectómetros cúbicos —equivalente a 50.000 millones de litros— con el objetivo declarado de erradicar al pez invasor Pseudorasbora parva.
El resultado: mortandad masiva de peces, dispersión del invasor aguas abajo, huida de aves acuáticas, olores insoportables y un golpe letal al ecosistema y a la economía local. Vecinos y asociaciones lo califican como un “despropósito” y exigen responsabilidades políticas y judiciales.
I. Un embalse a pleno rendimiento, hasta que llegó la orden
En mayo de 2025, el embalse de Alcollarín, en Cáceres, alcanzaba su capacidad máxima: 50 hectómetros cúbicos de agua que regulaban el caudal del río Alcollarín, sostenían el equilibrio ambiental de su entorno y alimentaban actividades como la pesca deportiva, el turismo ornitológico y el abastecimiento de fauna protegida de la ZEPA Llanos de Zorita.
Todo cambió cuando el MITECO decidió ejecutar un plan de “erradicación” del pez invasor Pseudorasbora parva, aprobado un año antes y adjudicado por casi un millón de euros a una empresa privada. Lo que se anunciaba como una operación “planificada y controlada” se convirtió, según vecinos y ecologistas, en una maniobra precipitada, mal ejecutada y devastadora para el entorno.
II. Una ejecución costosa y fallida
La operación, firmada en junio de 2024 por el entonces secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, costó 953.313 euros IVA incluido. Incluía la instalación de redes de contención, despesques selectivos y un descenso gradual del nivel del agua.
Pero en la práctica, las redes fallaron en momentos clave, liberando miles de ejemplares del pez invasor hacia los ríos Alcollarín, Ruecas y Guadiana. Es decir: el plan para “erradicar” la especie acabó expandiéndola aún más.
La propia Confederación reconoce la “mortalidad puntual” de especies autóctonas, aunque testigos hablan de riberas cubiertas de cadáveres de barbos, bogas y carpas en descomposición, generando olores nauseabundos que, con viento del este, llegaron al casco urbano.
III. Un impacto ecológico irreversible
Las consecuencias no se limitan a la piscicultura. El vaciado casi total —el embalse quedó al 1,9 % de su capacidad, apenas 0,75 hectómetros cúbicos— provocó la huida masiva de aves acuáticas que dependían de la lámina de agua.
Especies protegidas como el aguilucho lagunero, el calamón o el zampullín chico perdieron un hábitat esencial, y la zona, antes punto clave del turismo de naturaleza, se ha convertido en un lodazal pestilente.
La desaparición del agua también privó a la comarca de una reserva estratégica para usos vitales como la extinción de incendios, justo en plena temporada estival.
IV. La indignación local y las acusaciones de negligencia
Los vecinos, agrupados en torno a colectivos como Fondenex, denuncian que el Gobierno actuó sin evaluar correctamente el impacto ambiental, sin consultar a la población y sin prever medidas de emergencia para minimizar daños.
“Nos han dejado sin embalse, sin aves, sin peces, y encima con la plaga extendida. Es el mayor disparate ecológico que hemos visto en décadas”, resume un portavoz vecinal.
La indignación es tal que se estudia llevar el caso a los tribunales, solicitando los informes previos y las actas de ejecución, para comprobar si se han incumplido normativas de protección ambiental y de gestión de especies invasoras.
V. El discurso oficial y la negación de daños
La Confederación Hidrográfica del Guadiana mantiene que el plan fue “técnicamente sólido”, diseñado por biólogos, ingenieros y ambientólogos, y que se rescataron ejemplares autóctonos antes del vaciado. También promete reintroducir especies y restaurar el ecosistema en colaboración con la Junta de Extremadura.
Pero en el terreno, la percepción es otra: los lugareños ven un paisaje muerto, un olor insoportable y una pérdida que, según expertos independientes, tardará años en revertirse.
VI. Un patrón preocupante de gestión ambiental
Este episodio se suma a una serie de decisiones gubernamentales cuestionadas en materia de agua y biodiversidad, donde el exceso de centralización, la falta de consulta local y la ejecución deficiente acaban generando daños colaterales superiores a los beneficios.
La lucha contra especies invasoras es necesaria, pero los métodos importan. Aquí, el remedio ha sido peor que la enfermedad, y lo que debía ser una intervención quirúrgica se convirtió en una amputación sin anestesia.
El vaciado del embalse de Alcollarín no es solo un error técnico: es un fracaso político, de planificación y de respeto por el territorio. La naturaleza no entiende de discursos ni de justificaciones administrativas. Lo que queda hoy, donde antes había un ecosistema vivo y funcional, es un lodazal maloliente y una comunidad herida.
Y todo por una operación costosa que, paradójicamente, ha dado alas —o mejor dicho, aletas— a la plaga que decía combatir.
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