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En un momento en el que España enfrenta crisis simultáneas —olas de incendios forestales, inundaciones y la llegada constante de inmigrantes en situación irregular—, la actuación de Cruz Roja Española vuelve a estar bajo la lupa. La organización humanitaria, tradicionalmente reconocida por su neutralidad y carácter solidario, se ha convertido en un actor clave en la gestión de la inmigración, pero su papel en la atención a las víctimas de desastres naturales dentro del país suscita crecientes críticas.
Millones para inmigración, migajas para catástrofes
Los informes de subvenciones públicas y memorias económicas consultados muestran un desequilibrio llamativo en la asignación de fondos. Desde 2021, el Estado y las comunidades autónomas han transferido a Cruz Roja decenas de millones para programas de acogida, integración y atención humanitaria a inmigrantes. Solo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones otorgó 57,25 millones de euros en 2022 para la gestión del sistema de acogida en Canarias, cifra casi idéntica a la del año anterior (57,36 millones).
El flujo de dinero ha continuado al alza: en 2023 se aprobaron 30 millones adicionales para reforzar el sistema de acogida en el archipiélago; en 2024, el Ministerio del Interior destinó más de 1.125 millones de euros a programas asistenciales en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), de los que Cruz Roja gestiona una parte significativa; y en 2025, gobiernos autonómicos como el vasco (446.000 euros) o el andaluz (274.084 euros) han ampliado el soporte a la integración de solicitantes de asilo.
En conjunto, el acumulado entre 2021 y 2025 supera los 250 millones de euros exclusivamente en programas ligados a la inmigración, una cifra récord en la historia de la ONG.
En contraposición, la atención a damnificados por catástrofes naturales dentro de España apenas ha recibido unos 100 millones en el mismo periodo, menos de la mitad de lo invertido en la gestión migratoria. Estos fondos proceden en gran medida de donaciones privadas, ayudas puntuales de administraciones locales y aportaciones de la Federación Internacional de la Cruz Roja (DREF), lo que evidencia una clara asimetría en la financiación.
Contrastes en el terreno: hoteles frente a pabellones
Más allá de las cifras, las diferencias también se perciben en la operativa sobre el terreno. Cuando Salvamento Marítimo rescata pateras en Canarias, la maquinaria de Cruz Roja se activa de inmediato: recepción, traslado, alojamiento en hoteles o residencias concertadas, asistencia psicológica y financiera básica. El proceso está perfectamente estructurado, financiado y respaldado por el Estado.
En cambio, cuando se producen incendios devastadores como el de Zahara de los Atunes en Andalucía o inundaciones en la cuenca mediterránea, la respuesta es mucho más limitada. Familias enteras han denunciado tener que dormir en pabellones habilitados con colchones de escasa calidad, hacinadas y sin aire acondicionado en pleno verano. Los recursos de emergencia de Cruz Roja en estas situaciones suelen reducirse a kits de higiene, mantas y agua potable, mientras la infraestructura principal recae en ayuntamientos y Protección Civil.
Imparcialidad humanitaria bajo cuestionamiento
Cruz Roja Internacional proclama como principio rector la imparcialidad: ayudar a quien lo necesite, sin importar nacionalidad, raza o condición. Sin embargo, la ejecución práctica en España ha generado suspicacias. La velocidad y amplitud de la respuesta en el caso de inmigrantes contrasta con la lentitud y precariedad de la atención a ciudadanos españoles afectados por catástrofes naturales.
Este contraste no necesariamente responde a una decisión consciente de Cruz Roja, sino a la naturaleza de las subvenciones recibidas, que suelen estar etiquetadas y fiscalizadas para fines muy específicos. No obstante, a ojos de la opinión pública, la organización transmite la imagen de un “humanitarismo selectivo”, donde lo urgente para unos parece secundario para otros.
Dependencia financiera y pérdida de confianza
Los expertos en gestión del tercer sector advierten que esta dinámica tiene consecuencias a largo plazo. Al depender en gran medida de fondos ministeriales y europeos para sostener su estructura, Cruz Roja corre el riesgo de alinearse demasiado con la agenda política del momento, perdiendo parte de la independencia que le otorga credibilidad.
Además, la percepción de desigualdad en el reparto de recursos erosiona la confianza de los donantes particulares, cuya aportación se dirige habitualmente a emergencias nacionales. “La gente se pregunta por qué cuando arde su pueblo sólo hay mantas y agua, mientras otros reciben meses de alojamiento en hoteles”, señala un investigador especializado en ONG.
Un dilema de prioridades
La pregunta de fondo no es si Cruz Roja actúa, sino a quién y cómo atiende prioritariamente. Con una media de más de 50 millones de euros al año destinados a inmigración, frente a menos de 20 millones anuales para catástrofes naturales, el desequilibrio es evidente.
Mientras España se enfrenta al doble desafío de gestionar emergencias climáticas cada vez más frecuentes y una presión migratoria constante, la ONG más reconocida del país deberá demostrar que sigue fiel a su principio fundacional: ayudar a todos los vulnerables por igual, sin distinción.
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