Impacto España Noticias
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Ejecutivo para esclarecer la situación de un ático propiedad de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), ubicado en la calle San Bernardo de Madrid, que desde hace décadas permanece arrendado a familiares de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez.
El contrato en cuestión contempla una renta mensual de poco más de 850 euros, una cifra muy por debajo del valor de mercado de un inmueble de estas características en pleno centro de la capital.
Los diputados populares Ángel Ibáñez Hernando, María Isabel Prieto Serrano, Llanos de Luna Tobarra y Pedro Muñoz Abrines son los firmantes de la iniciativa.
A través de sus preguntas, reclaman conocer con exactitud quién figura como titular del contrato de arrendamiento y si Muface tiene constancia de que la vivienda ha sido objeto de un subarriendo sin la preceptiva autorización. Según los cálculos de los populares, el ático, de 139 metros cuadrados, habría sido transformado en varios alojamientos independientes que se alquilan a terceros, generando ingresos cercanos a los 46.000 euros anuales.
Sospechas de irregularidades en el contrato
La situación del inmueble ha levantado interrogantes porque Muface, de acuerdo con sus propios protocolos internos, exige autorización expresa y un informe técnico antes de permitir un subarriendo. Sin embargo, no existen registros documentales que acrediten que ese procedimiento se haya cumplido. A raíz de esta circunstancia, la mutualidad ha abierto un proceso de revisión de contratos con el fin de verificar si se ajustan a la normativa y comprobar el uso real de las propiedades.
El ático, que en el pasado funcionó como hostal, fue cerrado en 2022 tras la pandemia. Desde entonces se habría dividido en tres apartamentos: dos destinados a alquiler a terceros y un tercero utilizado de manera intermitente por un tío de Begoña Gómez, Enrique Francisco.
Cobertura de gastos por parte de Muface
A la polémica por la renta reducida se suma otro aspecto que ha suscitado críticas. Durante años, Muface habría asumido los gastos de mantenimiento del edificio, incluyendo servicios de seguridad y limpieza, lo que a juicio del PP representa un beneficio adicional para los inquilinos. Los diputados populares consideran que se trata de un trato ventajoso que exige una explicación pública y transparente.
Otros inmuebles en manos de la familia Gómez
La controversia no se limita al ático. En el mismo edificio, la familia de Begoña Gómez mantiene desde la década de los años ochenta el alquiler de un local en las plantas baja y primera, donde funciona la conocida sauna Adán. Este espacio ha estado rodeado de polémica en el pasado por el uso que supuestamente se le dio en operaciones policiales encubiertas y por las grabaciones atribuidas al excomisario José Manuel Villarejo. Según diversas informaciones, en dichas cintas se hablaba de actividades destinadas a obtener material sensible con fines de presión o chantaje a personalidades públicas.
Advertencias del Tribunal de Cuentas
El caso se produce en un contexto en el que el Tribunal de Cuentas ya había alertado en informes previos sobre la falta de control en la gestión de viviendas y locales propiedad de Muface. Dichos documentos señalaban la necesidad de reforzar la supervisión para garantizar que estos inmuebles, pertenecientes a una entidad pública, se destinen a los fines que marca la ley y se gestionen bajo criterios de transparencia y rentabilidad.
Silencio del Gobierno
Por el momento, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes no ha ofrecido respuesta a las preguntas de la oposición ni ha precisado en qué condiciones se arrendaron las distintas propiedades de Muface vinculadas a la familia Gómez. Tampoco ha aclarado si en algún momento se ha producido un subarriendo irregular, ni por qué se mantienen rentas que resultan muy inferiores al precio real del mercado inmobiliario madrileño.
Reclamación de transparencia
Los populares insisten en que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se gestionan los bienes de titularidad pública y si existe un trato preferente hacia familiares del presidente del Gobierno. Aseguran que el caso refleja una falta de transparencia y de control que debe resolverse cuanto antes mediante la publicación íntegra de los contratos y de los informes técnicos que justifiquen las operaciones de arrendamiento.
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