El empresario Víctor de Aldama ha reclamado al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que le entregue uno de los teléfonos móviles que le incautaron cuando estalló la trama Koldo para ‘rematar’ durante su próxima declaración al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
El juez Moreno acordó hace dos semanas llamar a declarar como investigados a Aldama y al exasesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, los próximos 27 y 28 de noviembre, en el marco de la investigación sobre los contratos de compraventa de mascarillas en Canarias durante la pandemia del covid-19. Todo ello, después de que los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) entregaran al magistrado el informe que salpica al ministro Ángel Víctor Torres.
Fuentes del caso consultadas afirman que "Aldama ha reclamado al juez Moreno recientemente que le entregue uno de los teléfonos móviles que le incautaron cuando estalló la trama Koldo en febrero de 2024. El empresario sigue con su propósito de colaborar al máximo con la justicia. Cuando recupere el móvil, podrá corroborar muchos de los datos que incriminan a Torres en la trama corrupta y que ya ha manifestado públicamente. De hecho, su defensa ya tiene preparado a un perito para analizar el dispositivo y poder esgrimir más información durante su próxima comparecencia".
"La declaración de Aldama ante el juez Moreno será extensa y aportará datos muy graves sobre la presunta actuación delictiva del expresidente canario y actual ministro de Política Territorial", añaden. Recordamos que el empresario en su declaración de noviembre de 2024 en la Audiencia Nacional ya manifestó que Torres le reclamó una comisión ilegal de 50.000 euros por gestionar la compra de mascarillas en Canarias y que se negó a pagarla.
Las mismas fuentes consultadas subrayan que "al margen de la declaración de Aldama, los indicios que se han acumulado contra el ministro Torres por un delito de tráfico de influencias son muy potentes en la actualidad. Los informes de la UCO demuestran como Ángel Víctor Torres se benefició de la trama criminal del exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García incluso para llegar a ser ministro".
"El auto del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente para procesar a Ábalos, sería igualmente aplicable a Torres por su actuación en la adjudicación de contratos de material sanitario a las empresas de la trama. El papel de Torres ha sido muy activo en la trama", concluyen.
Cabe destacar que el juez Moreno tras analizar y escuchar a Aldama podría plantearse pedir la imputación del ministro Ángel Víctor Torres a través de la presentación de una exposición razonada ante el Tribunal Supremo.
Recordamos que el informe de la UCO entregado hace dos semanas al titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, analiza la "rama canaria" de la trama Koldo centrándose en las adjudicaciones irregulares de material sanitario (mascarillas y test COVID-19) por el Gobierno de Canarias en el 2020, cuando Ángel Víctor Torres era presidente autonómico.
El informe de la Guardia Civil detalla la intervención de Ángel Víctor Torres en pagos a la empresa de la trama Soluciones de Gestión S.L., facilitada por Koldo García. La UCO concluye que Aldama influyó en el Gobierno canario vía Koldo y Ábalos, con Torres como interlocutor clave para desbloquear facturas por valor de unos 12,3 millones de euros.
La ‘alegría’ de Ángel Víctor Torres
Mientras tanto, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha expresado en los últimos días su alegría con el informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó al juez instructor de la trama Koldo esgrimiendo que "despeja" cualquier duda sobre que no ha cobrado "nunca una mordida ni una comisión" y que nunca ha estado "con una mujer explotada sexualmente".
En una entrevista en Cadena Ser Canarias, el también líder de los socialistas canarios lamentaba la "difamación permanente" que ha sufrido y el daño que ello ha producido a su familia, su mujer o sus hermanos, al punto que no recomendaría a su hijo que se dedicara "a la cosa pública".
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