La acusación de Anticorrupción considera que los hechos encajarían en un posible delito de cohecho, ya que existiría una relación directa entre actuaciones de un cargo público y beneficios personales recibidos como recompensa
Nacional20 de noviembre de 2025
Impacto España Noticias
Durante los últimos meses, distintas instancias judiciales han descartado reiteradamente investigar en profundidad la operación de rescate económico realizada para evitar la quiebra de Air Europa. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción sostiene una postura opuesta y considera que existen indicios de que dicha intervención pública podría haber estado vinculada a conductas delictivas.
Según el escrito de acusación elaborado por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, la operación millonaria aprobada por el Gobierno para salvar a la aerolínea habría sido impulsada desde el Ministerio de Transportes por José Luis Ábalos con el propósito de favorecer intereses privados.
La Fiscalía señala que la actuación del exministro no se limitó a su papel institucional, sino que tuvo una participación determinante para que finalmente el Consejo de Ministros autorizara la ayuda económica. En concreto, el Gobierno aprobó el 3 de noviembre de 2020 la concesión de 475 millones de euros a Air Europa a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI. En aquel periodo, el empresario Víctor de Aldama trabajaba como asesor externo para la aerolínea.
Presuntos pagos a cambio de gestiones políticas
El fiscal sostiene que Ábalos habría atendido las peticiones de Aldama basándose en la estrecha relación que ambos mantenían, sin entrar a valorar si el rescate era objetivamente necesario o conveniente. Anticorrupción encuadra estos hechos en una presunta trama de corrupción en la que, además del exministro, participaba Koldo García, antiguo asesor de Transportes.
De acuerdo con el escrito, Aldama habría entregado mensualmente cantidades en efectivo que rondarían los 10.000 euros para recompensar determinadas gestiones políticas. No obstante, la Fiscalía detalla que en ocasiones puntuales, cuando algún asunto resultaba especialmente relevante, la retribución se canalizaba a través de pagos extraordinarios.
Un alquiler vacacional como compensación
Dentro de ese esquema situaría el Ministerio Público la actuación relacionada con el rescate de Air Europa. Como supuesta contraprestación por su apoyo, Aldama habría satisfecho el coste del alquiler de una vivienda de lujo en Marbella —conocida como Villa Parra— donde Ábalos y su familia pasaron una semana de vacaciones en agosto de 2020.
El arrendamiento se contrató para el período comprendido entre el 12 y el 23 de agosto. Las dos primeras noches fueron ocupadas por Koldo García y su entonces esposa, Patricia Úriz, quien firmó el contrato con la empresa propietaria.
La renta total quedó fijada en 9.800 euros, distribuidos de la siguiente manera: 8.000 euros en efectivo, pagados el mismo día de la firma y destinados a cubrir la estancia de Ábalos y sus familiares; 1.800 euros mediante transferencia bancaria, correspondientes a las dos primeras noches utilizadas por Koldo García y Úriz; y 900 euros adicionales en concepto de fianza, también abonados por transferencia y devueltos al finalizar el alquiler.
La Fiscalía sostiene que el dinero entregado en metálico habría sido proporcionado directamente por Aldama, constituyendo así un pago vinculado al presunto favorecimiento político en el rescate de la aerolínea. Según la acusación, el propio Aldama comunicó a Koldo que se hacía cargo del gasto y éste, a su vez, lo transmitió a Ábalos indicando que la vivienda “salía gratis” en compensación por las gestiones realizadas.
La acusación de Anticorrupción considera que los hechos encajarían en un posible delito de cohecho, ya que existiría una relación directa entre actuaciones de un cargo público y beneficios personales recibidos como recompensa. Aunque diversas resoluciones judiciales previas han rechazado investigar el rescate dentro del procedimiento, la Fiscalía insiste en que la operación debe ser examinada como parte esencial de la presunta red corrupta.
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Cabe destacar que el juez Moreno tras analizar y escuchar a Aldama podría plantearse pedir la imputación del ministro Ángel Víctor Torres a través de la presentación de una exposición razonada ante el Tribunal Supremo
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