Impacto España Noticias
A partir de, jueves 21 de agosto, entra en vigor en Portugal la nueva Policía para Extranjeros, un cuerpo policial creado con la misión específica de fiscalizar la situación de los inmigrantes en el país. Esta unidad, integrada en la Policía de Seguridad Pública (PSP), tendrá potestad para identificar a personas en la calle, exigir documentación y, si se confirma que no disponen de permiso de residencia, ordenar su expulsión en un plazo máximo de veinte días.
La medida propuesta por el partido soberanista Chega fue avalada por el Parlamento luso en julio, con el respaldo de los partidos de derecha y la férrea oposición del resto de formaciones, que denunciaron «la falta de debate en un asunto tan delicado».
Aquel mismo día se aprobaron además reformas a la Ley de Extranjería, aunque el Tribunal Constitucional acabó tumbando cuatro de ellas por considerarlas contrarias a los derechos fundamentales.
El nuevo organismo, denominado Unidad Nacional de Extranjeros y Fronteras (UNEF), arranca con 1.200 agentes ya desplegados, aunque el plan del Ejecutivo de Luís Montenegro prevé que la plantilla alcance los 2.000 efectivos en los próximos meses.
Según el Ministerio de Administración Interna, el objetivo principal será reforzar el control en puertos y aeropuertos, si bien los policías tendrán capacidad para efectuar inspecciones en transportes públicos o en plena vía urbana.
En los últimos días ya se han producido escenas que muestran el alcance de la medida. El abogado brasileño Rodolpho Sousa relató que fue interceptado por agentes a la salida de un supermercado de Lisboa y obligado a mostrar su identificación. «No llevaba el documento físico, pero lo tenía escaneado en el móvil. Al comprobar que estaba regularizado, me dejaron marchar», explicó.
El procedimiento en caso de irregularidad está claramente definido: la persona abordada recibe una notificación de salida voluntaria, que puede entregarse en la propia calle o en comisaría.
Si no se cumple la orden, la expulsión pasa a ser forzosa y el afectado puede ser acusado de desobediencia cualificada. En esos casos, el inmigrante es trasladado a un centro de permanencia temporal hasta que un juez determine la deportación definitiva.
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