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Pedro Sánchez, acusó a los jueces de «hacer política» en su entrevista de TVE ayer lunes, donde también defendió la inocencia de su esposa y de su hermano frente a las causas judiciales abiertas. Sus palabras, pronunciadas en horario de máxima audiencia junto a la periodista Pepa Bueno, han encendido la indignación de las asociaciones de magistrados, que reprochan al líder socialista un ataque directo contra la independencia judicial.
Desde la Asociación Profesional de la Magistratura, su portavoz Alejandro González ha alertado de que este tipo de declaraciones minan la credibilidad de las instituciones: «Erosiona el Estado de Derecho y genera en la ciudadanía la sensación de que los jueces no son imparciales».
Aunque reconoce que la discrepancia forma parte de la democracia, considera que en este contexto Sánchez busca transmitir que la carrera judicial carece de las garantías necesarias y que, por tanto, debe ser reformada.
Una valoración similar llega desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Su portavoz, Sergio Oliva, ha insistido en que un presidente debe ser prudente y que no se puede poner en tela de juicio la imparcialidad de los tribunales. «Se está siguiendo una estrategia que busca debilitar mediáticamente al Poder Judicial», advirtió, recordando además que el Ejecutivo prepara cambios en el acceso a la carrera de jueces y fiscales.
El malestar se ha extendido también a Foro Judicial Independiente. Su presidente, Fernando Portillo, ha calificado las palabras de Sánchez como «muy graves» y ha comparado su tono con las proclamas de líderes populistas. A su juicio, el jefe del Ejecutivo ha desperdiciado la ocasión de mostrar confianza en la Justicia mientras defendía la inocencia de su entorno, dos mensajes que, según Portillo, «son perfectamente compatibles».
En sentido opuesto se ha pronunciado la asociación Juezas y Jueces para la Democracia. Su portavoz, Edmundo Rodríguez, ha reconocido que quizá no corresponde al presidente hacer estas manifestaciones, pero ha sostenido que determinados procedimientos judiciales se están utilizando de forma partidista. En su opinión, la política se está judicializando y corresponde a los tribunales actuar con rigor para impedirlo.
El trasfondo del debate es la percepción de que el Gobierno impulsa una reforma de la carrera judicial para situar a jueces y fiscales «a su medida». Algo que, según González (APM), se percibe tras mensajes reiterados que siembran dudas sobre la imparcialidad de la magistratura.
Portillo, por su parte, ha recordado que la estrategia real es deslegitimar a los jueces en medio de casos de corrupción que afectan al PSOE: «Dejemos a los jueces trabajar en paz. Habrá procesos que se archiven y otros que acaben en condena. Eso es lo que garantiza el Estado de Derecho».
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