Corresponde reconocer a Donald Trump una peculiar vocación para el drama por entregas. En las últimas tres semanas, con cuentagotas, han ido sumándose elementos al que comenzó como un despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos contra el Cártel de los Soles, pero que en el transcurso de unos pocos días, se ha transformado en un amplio operativo multinacional, que ha incorporado a naciones de Europa, del Caribe y del continente americano, para actuar conjuntamente contra la masa de cárteles activos.
Utilizo la expresión “drama por entregas” no solo por la llamativa secuencia con que se han ido sumando naciones a la iniciativa de Trump y del Pentágono, sino porque, a medida que la alianza antidrogas se expande, también crece en la opinión pública de Venezuela y de otros países de América Latina la incertidumbre acerca de cuál es el objetivo final de tan grande y tan costosa operación. Son millones y millones de personas preguntándose, casi al unísono, ¿adónde va todo esto? ¿Cuáles son las metas?
Quiero llamar la atención, en primer lugar, sobre el carácter inédito de esta movilización militar. Cierto es que la iniciativa concebida a finales de los años noventa por los presidentes de Colombia y Estados Unidos de entonces, Andrés Pastrana y Bill Clinton, el Plan Colombia, bien puede considerarse un antecedente muy destacado, de la amplísima operación multinacional anticárteles en curso. Sin embargo, lo que está ocurriendo en estos días es radicalmente novedoso. Y lo es por dos razones sustantivas, que ameritan la reflexión sosegada de los ciudadanos demócratas del mundo, más allá del factor Donald Trump.
La primera razón sustantiva es que lo ocurrido en Venezuela es inédito: a lo largo de un cuarto de siglo, el régimen inaugurado por Hugo Chávez en 1999 ha derivado en un narcoestado. Ese narcoestado ha adquirido la única forma posible en que puede sobrevivir: como una dictadura política-militar, que no solo ha destruido el Estado de derecho, sino que también persigue, secuestra, tortura y mata a quienes la oponen. Lo radicalmente nuevo es el proceso que ha conducido en Venezuela a la fusión entre Estado y cártel del narcotráfico.
Esta realidad, como es inevitable, ha dado origen a una pervertida forma de Estado, desconocida hasta ahora: una entidad en la que la totalidad de los poderes públicos, las autoridades militares y la economía del país, se conciben como instrumentos para promover y proteger el negocio del narcotráfico. Un Estado que es estructuralmente delincuente y violador de los derechos humanos.
La segunda cuestión, que por obvia olvidamos, es que el negocio del narcotráfico es planetario -corrosivamente planetario-, en casi todas sus fases, especialmente en sus consecuencias: existe y se mantiene asociado a la criminalidad, erosiona los sistemas educativos, impacta los sistemas de salud, disminuye la productividad, ocasiona formas de violencia extrema, destruye la convivencia en familias, barrios y ciudades.
No necesito insistir en lo que bien sabemos: el narcotráfico es, por excelencia, el negocio de la muerte. Y mata, tanto a los campesinos en Colombia o Ecuador que cultivan la hoja de coca, como a los jóvenes traficantes en las calles de Ámsterdam, Barcelona, Bombay o Ciudad de México. Mata en todas partes. Es la más perniciosa y constante de las amenazas globales.
Y es esto lo que está en el trasfondo de la iniciativa de Trump: la comprensión de que la guerra contra los cárteles debe afrontarse de forma colectiva y haciendo uso de todos los recursos disponibles, más allá de lo mero policial: sistemas de inteligencia, nuevas tecnologías, sofisticados recursos armamentísticos y presión de gobiernos y entes multilaterales que mantienen activas políticas a favor de los derechos humanos.
Ese conglomerado militar e institucional en crecimiento no tiene entre sus metas invadir el territorio venezolano. No necesita someter a sus soldados a los riesgos inherentes a cualquier confrontación terrestre o en concentraciones urbanas, por muy superiores que sean las unidades armadas estadounidenses, francesas, inglesas o canadienses, a las maltrechas y hambrientas fuerzas armadas venezolanas.
El vocero militar de la narcodictadura, Padrino López, ha sostenido que la movilización militar multinacional es desproporcionada para combatir a los cárteles. El meollo de la cuestión es que el Cártel de los Soles dispone de los recursos militares del Estado venezolano. Dispone, además, de contingentes del Ejército de Liberación Nacional de Colombia -ELN-, de grupos paramilitares, de unidades clandestinas de Hezbolá y de bandas de delincuentes con un poderío armamentístico que los califica como estructuras de altísima peligrosidad.
¿Qué tareas realiza y realizará la fuerza militar multinacional? La primera, ya lograda: diseminar el pánico y la incertidumbre agobiante en los jefes del gobierno/Cártel de los Soles; estimular en la dictadura decisiones nerviosas, absurdas y sin propósito; aumentar la calidad y cantidad de fracturas dentro de las fuerzas armadas; poner en evidencia el nivel de incompetencia de la alta jerarquía militar y la situación de corrupción y podredumbre presente en todas las unidades de las fuerzas armadas; impedir las operaciones de llegada de cargamentos de droga -cocaína, heroína y fentanilo, principalmente- a territorio venezolano y el subsiguiente envío al Caribe, México, Estados Unidos y Europa; destrucción de pistas aéreas clandestinas que utilizan los narcovuelos; destrucción de laboratorios de procesamiento de cocaína; destrucción de almacenes que contienen equipos y sustancias para producir cocaína; destrucción de depósitos de armas y guaridas de narcoguerrilleros; captura de delincuentes responsables de delitos de narcotráfico; captura de fugitivos.
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