PETICIÓN DE PROTECCIÓN A UN DENUNCIANTE DE FISCALES CATALANES

Javier Marzal, líder de Españoles por el futuro, reclama al Ministerio de Justicia 1.000€ por los daños causados por la última represalia del Juzgado de Instrucción nº 31 de Barcelona.

Desde 2022, se investiga a Marzal como represalia por haber denunciado a los principales fiscales catalanes, concretamente a Bañeres, Fiscal Superior de Cataluña, y a Talón, ex Fiscal Jefa Provincial de Barcelona.

El conflicto comenzó con una denuncia de Marzal, como Portavoz de la alianza Denunciantes del Autoritarismo Judicial, contra los dos fiscales por haber cobrado seis y cuatro millones para encubrir una de las metamafias asesinas de la “Triada tenebrosa”, denunciada en el Congreso en octubre de 2022 por el Comisario de Policia jubilado Villarejo, así como por haber blanqueado esas cantidades. En la denuncia se aportan todos los datos bancarios del cohecho.

La Fiscalía Superior de Cataluña no tramitó la denuncia y la Fiscal Jefe de Barcelona aperturó un procedimiento en su Fiscalía contra el denunciante que paso también por la Fiscalía Superior de Cataluña y por el propio Fiscal Superior.

Finalmente el procedimiento en las Fiscalías llegó al Juzgado referido donde se inició el procedimiento judicial de represalia penal, sin denuncia ni querella como es preceptivo.

Marzal pidió varias veces el sobreseimiento y archivo de las actuaciones porque las represalias contra denunciantes están prohibidas en varias normas internacionales y en la Ley 2/2023, porque la Sentencia del Tribunal Supremo ECLI:ES:TS:2016:1659, establece que las denuncias penales presentadas en una fiscalía no constituyen un delito contra el honor, porque la causa está prescrita por haber pasado más de un año desde la fecha de autos.

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El Juzgado no sólo continua con el procedimiento, sino que en marzo se detuvo ilegalmente a Marzal en lugar de contactarlo en su domicilio que consta en el padrón, pero el Letrado de la Administración de Justicia (antes secretario Judicial) no ha querido consultarlo.

Se utilizan como agravantes que se detenga a un señor de 64 años sin antecedentes penales ni infracciones administrativas, por desidia del funcionario y en un procedimiento ilegal y prescrito.

Esta negligencia es la que da lugar al derecho a una indemnización. Marzal ha presentado decenas de reclamaciones, sólo ha ganado una y tiene otra en la Audiencia Nacional desde hace años que no se tramita porque se dice que la causa fue una corrupción sistémica de la Guardia Civil de Rivas Vaciamadrid, la Fiscalía de Alcalá de Henares y los nueve juzgados de Arganda del Rey.

Marzal vuelve a anunciar más actuaciones en este mes contra la que denomina metamafia judicial catalana.

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