Cada vez que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, lanza anuncios contra Israel, estos coinciden con una fecha clave o etapa cumbre de los procedimientos legales que enfrenta su entorno familiar y político ante la justicia por corrupción, tráfico de influencias, cohecho, entre otros. La estrategia para encubrir los escándalos ya acumula evidencia.
Cuatro de sus decisiones más duras contra Tel Aviv ejecutadas entre mayo del pasado y junio de 2025, la cuales fueron el reconocimiento a Palestina como Estado, negar el paso de buques de Estados Unidos con armas para Israel, la revocación de un millonario contrato a una empresa israelí fabricante de armas y la petición a la Unión Europea de suspender el acuerdo comercial con Israel, comprueban el uso del conflicto en Gaza como un «comodín» para tapar las crisis mediáticas de su administración socialista.
No es casualidad que a sólo horas de que Begoña Gómez, esposa del mandatario, declare este miércoles por malversación ante el juez Juan Carlos Peinado, por el nombramiento de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, el Ejecutivo endureciera el embargo de armas a Tel Aviv con un paquete de nueve medidas de presión que incluye hasta la prohibición de entrada a España a cualquiera que haya participado directamente en lo que Sánchez en la contraofensiva que lidera primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
Diplomacia utilitaria
Socavar la diplomacia con Netanyahu es el recurso mediático más oportuno, pero, sobre todo, desesperado del mandatario español, cuando su pareja, que está en investigación desde el año pasado, debe sentarse para una nueva comparecencia, tras dos denuncias por tráfico de influencias para conseguir la dirección de un máster en la Universidad Complutense de Madrid.
Para desviar la atención sobre ello, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, apeló, incluso, a llamar este martes a consultas a la embajadora en Tel Aviv, Ana Salomón, así como ha prohibido la entrada en España de los ministros israelíes de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y de Hacienda, Bezabel Smotrich.
Tensionar y alborotar es un paliativo de Sánchez que comenzó el 28 de mayo del año pasado, a un día de conocerse que la Audiencia Provincial de Madrid iniciaría diligencias contra Begoña Gómez. Ahí el gobierno de Sánchez reconoció a Palestina como Estado, entre críticas de la oposición por hacerlo de manera unilateral. Desde entonces, persiste.
Hitos de una polémica diplomática sin éxito
Agitar desde los micrófonos las relaciones de España con Israel también ha sido la alternativa de Sánchez para eclipsar la encarcelación del exsecretario de organización del Partido Socialista Obrero, Santos Cerdán, ordenada por el juez Leopoldo Puente, por presuntamente liderar una trama de coimas en el ministerio de Transporte, junto al extitular de la cartera, José Luis Ábalos, quien además escandaliza las averiguaciones con sus múltiples relaciones con trabajadoras sexuales.
Para contener la escalada pública del caso, tres días después de conocerse la detención y entrada de Cerdán a la prisión de Soto del Real en junio, Sánchez solicitó a la Unión Europea decretar la «suspensión inmediata» del acuerdo comercial con Israel, alegando una violación de los derechos humanos en Gaza y Cisjordania.
Buscar la polémica internacional con el Estado judío tiene efectos fugaces, ante la complejidad de la causa contra Santos Cerdán, que también forma parte del caso Koldo, red compuesta por Ábalos, y quien fuera su asesor, Koldo García, para el presunto cobro de comisiones a cambio de la asignación de contratos para desarrollar obras públicas. Los tres están en el mismo lío judicial.
Provocaciones sin éxito
Ni revocar la licencia a una empresa israelí desde el Ministerio de Defensa sirvió el 4 de junio para contener ese mismo día la ola de presión política que detonó la citación a declarar de Leire Díez, la exconcejal del PSOE y exdirectora de Relaciones Institucionales de Correos, por gestionar y asignar contratos de dos millones de euros a una empresa vinculada con Koldo y Ábalos.
Aunque la cartera, manejada por Margarita Robles, decidió rescindir el contrato de 285 millones de euros para producir 168 sistemas de misiles en la víspera de la llegada a los tribunales de Díez, Netanyahu desestimó la represalia y la esperanza de una cortina de humo se esfumó.
En Tel Aviv entienden el juego de Sánchez sin caer en la provocaciones. Solo resumen su actuar en que «lidera una cruzada antisemita», mientras le advierten que «la postura adoptada por el Gobierno español coloca a España en los márgenes más extremos —y cada vez más aislados— de la posición europea sobre Oriente Medio. Y la sitúa, lamentablemente, en el lado equivocado de la historia».
Ahora falta que Sánchez lo entienda. De lo contrario profundizará el deterioro de su imagen y el de España en el exterior, considerando que denegó en noviembre la escala en el Puerto de Algeciras (Cádiz) a dos busques procedentes de Estados Unidos argumentando que transportaban armamento para Israel para empañar las investigaciones en contra su hermano David por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la Hacienda Pública.
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