Los agricultores y ganaderos llevan tiempo advirtiéndolo: “Estamos sacrificando el campo en nombre de la transición energética, y el precio lo pagará el consumidor”. Lamentablemente, todo apunta a que tienen razón
Noticias12 de septiembre de 2025
Impacto España Noticias
España se está quedando sin campo. En apenas una década, nuestro país ha perdido una extensión cultivable equivalente a toda la comunidad autónoma de Cantabria. Lo que hace apenas unos años era tierra fértil dedicada a alimentar a millones de personas, hoy se transforma en un mar de placas solares o queda inutilizado por exigencias burocráticas impuestas desde Bruselas y secundadas por el Gobierno español de Pedro Sanchez.
Un campo arrinconado por la normativa
La política agraria común y las directrices de la llamada Agenda Verde han impuesto restricciones que, lejos de proteger el medio ambiente, estrangulan al agricultor y al ganadero. Las limitaciones al uso de fertilizantes y fitosanitarios, los barbechos obligatorios y la maraña de normativas dejan a muchos productores sin margen de maniobra.
Mientras tanto, el Ejecutivo se convierte en alumno ejemplar de Bruselas, aplicando con entusiasmo medidas que dejan al campo español en clara desventaja frente a competidores extracomunitarios. Se obliga al agricultor nacional a producir menos, con más trabas y más costes, mientras se abren las puertas a importaciones baratas de países que no cumplen ni de lejos los mismos estándares medioambientales o laborales.
La nueva fiebre del oro: la tierra fértil
A estas restricciones se suma un fenómeno cada vez más agresivo: la expansión de las energías renovables, en especial los megaproyectos fotovoltaicos. España se ha convertido en un auténtico polígono solar. Lo que antes eran viñedos, olivares o campos de cereal ahora está ocupado por interminables hileras de paneles.
Y lo más grave: muchos de esos terrenos no han cambiado de uso por decisión voluntaria de sus dueños, sino por expropiaciones forzosas. Agricultores y ganaderos de zonas rurales denuncian que están siendo despojados de sus tierras en favor de macroparques solares promovidos por fondos de inversión internacionales con el beneplácito del Gobierno. En nombre del “interés general” se arrebata la tierra a quienes la han trabajado durante generaciones, para entregársela a proyectos especulativos de dudoso beneficio para la población local.
¿Energía verde o negocio especulativo?
El discurso oficial habla de transición ecológica, de independencia energética y de lucha contra el cambio climático. Pero sobre el terreno la realidad es muy distinta: las comunidades rurales sufren despoblación, los jóvenes abandonan el campo y los pueblos ven cómo se sustituyen sus cultivos por parques solares que apenas generan empleo estable.
La paradoja es evidente: se sacrifica la producción de alimentos para garantizar un suministro eléctrico “verde”, mientras España se hace cada vez más dependiente del exterior en productos básicos. ¿De qué sirve presumir de sostenibilidad energética si se pierde soberanía alimentaria?
El consumidor, el gran perdedor
La factura de este modelo la paga el ciudadano. Menos tierras cultivables significa menos producción nacional, lo que se traduce en mayor dependencia de importaciones y en un aumento constante de los precios en el supermercado. Lo estamos viendo ya con frutas, verduras, cereales o carne.
Mientras tanto, las grandes compañías eléctricas y los fondos de inversión celebran beneficios récord gracias a las subvenciones y a la permisividad del Ejecutivo, que prioriza las estadísticas “verdes” en Bruselas antes que la seguridad alimentaria de su propia población.
El futuro del campo en juego
Si nada cambia, dentro de veinte años buena parte del paisaje agrícola español habrá desaparecido, sustituido por un mar de paneles. El campo, que ha sido durante siglos la base económica y cultural de España, quedará reducido a un decorado turístico y a un recuerdo en los libros de historia.
Los agricultores y ganaderos llevan tiempo advirtiéndolo: “Estamos sacrificando el campo en nombre de la transición energética, y el precio lo pagará el consumidor”. Lamentablemente, todo apunta a que tienen razón.
Una política contra su propio país
El Gobierno presume de liderazgo climático mientras desmantela el futuro agrario de la nación. En lugar de apostar por soluciones equilibradas —como la agrovoltaica, que permitiría combinar producción agrícola y energía solar—, opta por el camino más rápido y menos conflictivo con Bruselas: entregar la tierra al mejor postor y exprimir al agricultor con más burocracia.
No se trata de elegir entre energía limpia o agricultura: se trata de decidir si queremos un país capaz de alimentarse a sí mismo o un territorio convertido en huerto solar de Europa.
En definitiva, España está perdiendo soberanía alimentaria, capacidad productiva y riqueza rural. Y lo está haciendo con la complicidad activa de un Gobierno que prefiere complacer a Bruselas y a las grandes compañías energéticas antes que defender el derecho de los españoles a mantener un campo vivo, fértil y sostenible.
El campo se apaga. Y con él, la España que produce alimentos para su gente.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias
Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a
WhatsApp: 635967726
El importe total asciende a 210 millones de euros, una cifra que la compañía irá repercutiendo “progresivamente” en la tarifa de los consumidores hasta 2026
La celebración del homenaje a terroristas en el Congreso constituye un insulto a las víctimas del terrorismo y una ofensa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No se trata de una iniciativa cultural, sino de una reivindicación ideológica de quienes asesinaron a sangre frí
El Gobierno socialista no cuenta con mayoría parlamentaria estable, carece de presupuestos aprobados y se ve obligado a negociar cada iniciativa legislativa
Por qué la extrema derecha quiere controlar la educación pública y qué hacer para defenderla, un texto que plantea la creación de un «frente antifascista educativo» basado en el feminismo, la laicidad y el antirracismo
Durante casi cinco meses, alrededor de 3.000 mujeres quedaron sin acceder a las pruebas de cribado de cáncer de mama
Su plan es confluir unidos en estas circunscripciones para que el PP pierda un escaño en esos enclaves
A partir del 1 de enero de 2026, cualquier gasto relevante podrá ser rastreado, registrado y cruzado por Hacienda con fines de control poblacional y fiscal. No es por tu seguridad. Es para tenerte controlado
El equipo de Pedro Sánchez ha diseñado un dispositivo de seguridad tan restrictivo que impide incluso el contacto directo de los Reyes con los familiares de los fallecidos
Aseguran que el dinero bajo investigación se habría movido por un entramado internacional de consultoras y fundaciones registradas en Iberoamérica y Europa
El importe total asciende a 210 millones de euros, una cifra que la compañía irá repercutiendo “progresivamente” en la tarifa de los consumidores hasta 2026
El grupo socialista impulsa una proposición no de ley para “fomentar un uso responsable” de la palabra cáncer y desterrar metáforas bélicas como “batalla” o “lucha”. La iniciativa ha sido recibida con perplejidad entre quienes consideran que el Congreso tiene asuntos más urgentes que regular el lenguaje
