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España se está quedando sin campo. En apenas una década, nuestro país ha perdido una extensión cultivable equivalente a toda la comunidad autónoma de Cantabria. Lo que hace apenas unos años era tierra fértil dedicada a alimentar a millones de personas, hoy se transforma en un mar de placas solares o queda inutilizado por exigencias burocráticas impuestas desde Bruselas y secundadas por el Gobierno español de Pedro Sanchez.
Un campo arrinconado por la normativa
La política agraria común y las directrices de la llamada Agenda Verde han impuesto restricciones que, lejos de proteger el medio ambiente, estrangulan al agricultor y al ganadero. Las limitaciones al uso de fertilizantes y fitosanitarios, los barbechos obligatorios y la maraña de normativas dejan a muchos productores sin margen de maniobra.
Mientras tanto, el Ejecutivo se convierte en alumno ejemplar de Bruselas, aplicando con entusiasmo medidas que dejan al campo español en clara desventaja frente a competidores extracomunitarios. Se obliga al agricultor nacional a producir menos, con más trabas y más costes, mientras se abren las puertas a importaciones baratas de países que no cumplen ni de lejos los mismos estándares medioambientales o laborales.
La nueva fiebre del oro: la tierra fértil
A estas restricciones se suma un fenómeno cada vez más agresivo: la expansión de las energías renovables, en especial los megaproyectos fotovoltaicos. España se ha convertido en un auténtico polígono solar. Lo que antes eran viñedos, olivares o campos de cereal ahora está ocupado por interminables hileras de paneles.
Y lo más grave: muchos de esos terrenos no han cambiado de uso por decisión voluntaria de sus dueños, sino por expropiaciones forzosas. Agricultores y ganaderos de zonas rurales denuncian que están siendo despojados de sus tierras en favor de macroparques solares promovidos por fondos de inversión internacionales con el beneplácito del Gobierno. En nombre del “interés general” se arrebata la tierra a quienes la han trabajado durante generaciones, para entregársela a proyectos especulativos de dudoso beneficio para la población local.
¿Energía verde o negocio especulativo?
El discurso oficial habla de transición ecológica, de independencia energética y de lucha contra el cambio climático. Pero sobre el terreno la realidad es muy distinta: las comunidades rurales sufren despoblación, los jóvenes abandonan el campo y los pueblos ven cómo se sustituyen sus cultivos por parques solares que apenas generan empleo estable.
La paradoja es evidente: se sacrifica la producción de alimentos para garantizar un suministro eléctrico “verde”, mientras España se hace cada vez más dependiente del exterior en productos básicos. ¿De qué sirve presumir de sostenibilidad energética si se pierde soberanía alimentaria?
El consumidor, el gran perdedor
La factura de este modelo la paga el ciudadano. Menos tierras cultivables significa menos producción nacional, lo que se traduce en mayor dependencia de importaciones y en un aumento constante de los precios en el supermercado. Lo estamos viendo ya con frutas, verduras, cereales o carne.
Mientras tanto, las grandes compañías eléctricas y los fondos de inversión celebran beneficios récord gracias a las subvenciones y a la permisividad del Ejecutivo, que prioriza las estadísticas “verdes” en Bruselas antes que la seguridad alimentaria de su propia población.
El futuro del campo en juego
Si nada cambia, dentro de veinte años buena parte del paisaje agrícola español habrá desaparecido, sustituido por un mar de paneles. El campo, que ha sido durante siglos la base económica y cultural de España, quedará reducido a un decorado turístico y a un recuerdo en los libros de historia.
Los agricultores y ganaderos llevan tiempo advirtiéndolo: “Estamos sacrificando el campo en nombre de la transición energética, y el precio lo pagará el consumidor”. Lamentablemente, todo apunta a que tienen razón.
Una política contra su propio país
El Gobierno presume de liderazgo climático mientras desmantela el futuro agrario de la nación. En lugar de apostar por soluciones equilibradas —como la agrovoltaica, que permitiría combinar producción agrícola y energía solar—, opta por el camino más rápido y menos conflictivo con Bruselas: entregar la tierra al mejor postor y exprimir al agricultor con más burocracia.
No se trata de elegir entre energía limpia o agricultura: se trata de decidir si queremos un país capaz de alimentarse a sí mismo o un territorio convertido en huerto solar de Europa.
En definitiva, España está perdiendo soberanía alimentaria, capacidad productiva y riqueza rural. Y lo está haciendo con la complicidad activa de un Gobierno que prefiere complacer a Bruselas y a las grandes compañías energéticas antes que defender el derecho de los españoles a mantener un campo vivo, fértil y sostenible.
El campo se apaga. Y con él, la España que produce alimentos para su gente.
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