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Un precedente judicial del Tribunal Supremo complica el horizonte penal de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, imputada por cinco delitos, entre ellos malversación. El caso guarda similitudes con la sentencia 470/2014 de la Sala Segunda, en la que el Alto Tribunal condenó a dos concejalas del PSOE en Paiporta (Valencia) a un año y seis meses de prisión por utilizar trabajadores municipales para fines privados, aunque fuera de manera puntual.
Aquel fallo, de junio de 2014, detallaba cómo las concejalas recurrieron a empleados de su ayuntamiento para mudanzas, trabajos de carpintería, limpieza de una vivienda e incluso traslado de leña en su horario laboral. Inicialmente absueltas, el Supremo revocó la sentencia y consideró injustificable el uso de recursos públicos en beneficio propio: “Cuando se traspasan los límites de la legalidad, aunque sea un poco, ya no hay límite”.
El tribunal precisó que la malversación no se circunscribe al dinero, sino que incluye la utilización del trabajo de empleados públicos en beneficio privado. La Fiscalía reforzó este criterio: basta con un solo episodio para configurar el delito, porque supone un perjuicio económico para la administración.
El paralelismo con Begoña Gómez se centra en la actuación de su asistente personal en Moncloa, también imputada. Contratada a petición de Gómez y con un sueldo público de 52.000 euros brutos, su función debía limitarse a tareas de protocolo vinculadas al papel institucional de la esposa del presidente. Sin embargo, la investigación judicial apunta a que realizó gestiones privadas y empresariales para Gómez, utilizando incluso el correo oficial de Presidencia.
La propia empleada reconoció haber hecho “favores puntuales” de carácter personal, algo que, según la doctrina del Supremo, no eximiría de responsabilidad penal. Los documentos incautados incluyen correos en los que la asesora contacta con empresas para asegurar la continuidad de la cátedra de Gómez en la Universidad Complutense.
En uno de esos mensajes, remitido a la directora de comunicación de la aseguradora Reale —patrocinadora de la cátedra—, la asistente escribe: “Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la cátedra, aunque sea con una cantidad inferior”. Otros correos revelan la planificación de eventos y reuniones vinculadas a dicha actividad académica, más allá del papel institucional que le correspondía.
En sede judicial, Gómez defendió que su ayudante solo conocía su agenda privada para evitar solapamientos, pero negó un apoyo continuado en sus negocios. Las pruebas, sin embargo, apuntan a un trasvase de tareas que podría encajar en el delito de malversación, con el uso de tiempo y medios públicos en beneficio particular.
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