El nombre de José Luis Ábalos vuelve a situarse en el centro del huracán judicial y político. El exministro de Transportes y antiguo secretario de Organización del PSOE habría presentado ante la dirección socialista cerca de 800.000 euros en gastos durante los últimos años de su etapa orgánica, según fuentes tanto judiciales como del propio partido.
Lo que hasta ahora parecía un exceso en la rendición de cuentas internas se ha convertido en un caso que podría comprometer a la estructura del PSOE en su conjunto, ya que el Tribunal Supremo asegura contar con “indicios suficientes” de financiación irregular.
De 9.000 a 27.000 euros mensuales
En 2021 ya trascendió que Ábalos cargaba al partido facturas de hasta 9.000 euros al mes. Aquella cifra, considerada entonces escandalosa, se queda corta frente a la nueva documentación incorporada a la causa: durante los últimos 30 meses al frente de la Secretaría de Organización, los gastos imputados habrían ascendido a 27.000 euros mensuales de media.
La sospecha de los investigadores es que ese dinero no respondía a simples comidas, cenas o desplazamientos relacionados con la actividad política, sino que era el resultado de comisiones ilegales abonadas por empresarios a cambio de contratos públicos. La mecánica habría consistido en inflar o inventar gastos de representación, que luego eran validados por la gerencia socialista, transformando ingresos opacos en fondos con apariencia legal.
Un pacto con la gerencia
Según distintas fuentes consultadas, el origen de este mecanismo se encuentra en un acuerdo alcanzado entre Ábalos y el entonces gerente del PSOE, Mariano Moreno. El dirigente valenciano se quejaba de que, pese a su responsabilidad en el partido y en el Gobierno, su sueldo no se correspondía con el de otros altos cargos. Como respuesta, Moreno habría permitido ampliar los márgenes de gastos cargados a la Organización, incluyendo facturas de colaboradores y asesores.
El responsable de autorizar esas facturas era un hombre muy próximo a Adriana Lastra, entonces número dos de Sánchez, lo que incrementa las sospechas de una cobertura interna de alto nivel.
La figura de Koldo García
El encargado de materializar este procedimiento era Koldo García, asesor de máxima confianza de Ábalos, quien entregaba en Ferraz hojas de gastos repletas de tickets de restaurantes y hoteles. En ocasiones, los importes superaban con creces lo razonable para la actividad política. En noviembre de 2019, por ejemplo, los gastos declarados llegaron a los 9.000 euros en un solo mes, según admiten varias fuentes internas.
Uno de los lugares más habituales en las facturas era el restaurante La Tragantía, en Madrid, donde coincidían con altos mandos de la Guardia Civil y empresarios cercanos a la trama. Los pagos en ese establecimiento, que oscilaban entre los 800 y los 2.800 euros, quedaron registrados en correos internos de la propia administración socialista.
El papel de Santos Cerdán
ElEX secretario de Organización, Santos Cerdán, tampoco sale indemne de la investigación. Distintas grabaciones y testimonios apuntan a que no solo estaba al tanto del volumen de gastos de Ábalos, sino que también participaba en un supuesto sistema de comisiones del 20% sobre contratos de obra pública. Varios empresarios han declarado que García reportaba a Cerdán “a diario” y que parte de las mordidas terminaban en donaciones al propio partido.
Indicios de financiación ilegal
Para el magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso en el Supremo, la trazabilidad de los pagos refleja un engranaje que va más allá de simples irregularidades administrativas. Las facturas servían para blanquear dinero en efectivo (“en B”) y convertirlo en ingresos regulares (“en A”), que a su vez reforzaban la tesorería del PSOE.
La clave, según fuentes jurídicas, es que parte del dinero obtenido de forma ilícita por Ábalos y su entorno acababa retornando a Ferraz en forma de donaciones registradas, cerrando un círculo que podría constituir un delito de financiación ilegal.
La investigación en marcha
Los registros realizados en constructoras como Servinabar, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR) han aportado documentación que conecta los pagos de empresarios con las facturas presentadas en la sede socialista entre 2017 y 2021. Esa trazabilidad es, a juicio del Supremo, una prueba de peso de que la organización del partido no fue un mero espectador, sino un instrumento activo en la operativa.
El caso, que combina mordidas en contratos públicos, sobresueldos encubiertos y un supuesto uso del PSOE como vehículo para regularizar capitales, amenaza con abrir una de las mayores crisis internas del partido en la etapa de Pedro Sánchez.
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