La polémica reforma del Código Penal español, aprobada por el Congreso de los Diputados, también castigaría a médicos, psicólogos y educadores que se nieguen a facilitar las «transiciones» de género en menores
23 de septiembre de 2025
Impacto España Noticias
España ha avanzado en una legislación que podría enviar a los padres a prisión hasta por dos años si se niegan a permitir que sus hijos se sometan a tratamientos de «afirmación de género».
La polémica reforma del Código Penal español, aprobada por el Congreso de los Diputados, también castigaría a médicos, psicólogos y educadores que se nieguen a facilitar las «transiciones» de género en menores.
Los tratamientos incluyen la administración de potentes fármacos de castración química a menores y la extirpación o alteración quirúrgica de los genitales de los niños.
Los legisladores conservadores y los profesionales médicos han condenado la medida, advirtiendo que criminaliza la crianza con sentido común y socava los derechos de los padres.
La ley extiende las sanciones a los padres o tutores que «promuevan, consientan o faciliten» cualquier forma de terapia de conversión, incluso en los casos en que las familias quieran retrasar o impedir procedimientos médicos irreversibles sin el apoyo psicológico adecuado.
Los críticos argumentan que la legislación sitúa a España entre los países más radicales de Europa en materia de ideología de género.
Mientras tanto, países como Suecia y el Reino Unido han tomado medidas para frenar el acceso de los menores a intervenciones médicas transgénero dañinas.
La presión de Escocia para adoptar medidas extremas
Escocia también ha aplicado leyes de género radicales.
En enero de 2024, el gobierno escocés propuso una legislación que habría criminalizado a los padres que disuadieran a sus hijos de cambiar de género, con penas de hasta siete años de prisión.
La ley buscaba prohibir la llamada «terapia de conversión», citando encuestas que apuntaban a la influencia familiar, religiosa y comunitaria.
Los padres que se negaban a afirmar la nueva identidad de género de sus hijos corrían el riesgo de ser encarcelados y de sufrir restricciones judiciales a la libertad de expresión mediante «órdenes de protección civil».
Las propuestas provocaron una reacción violenta y los críticos advirtieron que devastarían la libertad de expresión, la privacidad y la vida familiar.
Por temor a desafíos legales, el gobierno escocés finalmente archivó la legislación en septiembre de 2024 y acordó dejar en manos del gobierno del Reino Unido la decisión sobre el tema.
Aun así, los líderes del Partido Nacional Escocés (SNP) han amenazado con presentar su propio proyecto de ley en la próxima sesión parlamentaria si la legislación de Westminster no va «lo suficientemente lejos».
Batallas continuas sobre la ideología de género
La determinación del gobierno escocés de impulsar políticas de género ha chocado repetidamente con las autoridades del Reino Unido.
En 2023, Westminster bloqueó el intento de la entonces Primera Ministra Nicola Sturgeon de permitir que niños de tan solo 16 años pudieran cambiar legalmente de género.
A principios de este año, la Corte Suprema del Reino Unido emitió un fallo histórico que establece que la definición de «mujer» en la Ley de Igualdad de 2010 se refiere únicamente a las mujeres biológicas, excluyendo a las «mujeres» autoidentificadas como transgénero.
Sin embargo, el gobierno escocés tardó en cumplir, lo que provocó amenazas de acciones legales por parte de Sex Matters, un grupo de campaña crítico con el género.
En junio, frente a la presión, los funcionarios escoceses actualizaron la orientación sobre el equilibrio de género en las juntas públicas, la política en el centro de la disputa en la Corte Suprema.
El panorama más amplio
La decisión de España de encarcelar a los padres y la persistencia de Escocia en promover propuestas radicales subrayan una lucha más amplia en toda Europa sobre los derechos de los padres, la libertad de expresión y la definición del sexo biológico.
Aunque los tribunales del Reino Unido y algunos países europeos han restringido las intervenciones médicas para menores transgénero, los gobiernos progresistas siguen impulsando medidas que los críticos describen como autoritarias y antifamiliares.
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