Las denuncias apuntan a que parte de las partidas económicas, que deberían haber reforzado la atención y seguridad de mujeres víctimas de violencia, se habrían empleado en financiar eventos festivos o actividades recreativas
Nacional23 de septiembre de 2025
Impacto España Noticias
El Ministerio de Igualdad atraviesa una de sus etapas más delicadas de la legislatura. A las críticas por el deficiente funcionamiento de las pulseras telemáticas de control para maltratadores se suman las acusaciones de un uso inadecuado de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Diversas asociaciones feministas han documentado hasta 177 casos en los que el dinero destinado a proteger a las víctimas habría acabado financiando actividades sin relación con los fines previstos por la ley.
Fondos destinados a fines cuestionados
Las denuncias apuntan a que parte de las partidas económicas, que deberían haber reforzado la atención y seguridad de mujeres víctimas de violencia, se habrían empleado en financiar eventos festivos o actividades recreativas: carreras de tacones, talleres de maquillaje y cocina, cursos de zumba, charangas con desayuno, torneos deportivos o conciertos tributo.
Según las organizaciones que han recopilado la información, estos gastos no se corresponden con ninguna de las medidas contempladas en el Pacto de Estado.
El año 2024 ya había sido escenario de advertencias. En abril, varias plataformas feministas trasladaron a la ministra de Igualdad un primer listado de presuntas irregularidades en el uso de los 160 millones de euros repartidos entre comunidades autónomas y ayuntamientos. Pese al compromiso público de revisar las partidas, los informes posteriores confirman que las prácticas han continuado. La última comunicación, remitida en marzo de 2025, incluía nuevos casos documentados con facturas de actividades que, a juicio de las denunciantes, podrían constituir un desvío de fondos.
Un presupuesto en entredicho
El Ministerio de Igualdad maneja un presupuesto anual superior a los 500 millones de euros. Parte de esos recursos se han destinado a campañas de comunicación que también han generado debate: desde iniciativas millonarias para concienciar sobre la violencia machista hasta estudios externalizados de dudosa relevancia práctica. Este uso del dinero público ha sido señalado por colectivos críticos como una de las razones por las que las cifras de violencia no han mejorado de manera significativa.
Los datos son contundentes: 2024 se cerró con 47 feminicidios, en la línea de años anteriores, y con un récord histórico de agresiones sexuales denunciadas, superando las 5.200. Las estadísticas reflejan que, a pesar de los recursos invertidos, la tendencia ascendente no se detiene.
El fallo en las pulseras antimaltrato
El golpe más duro para la credibilidad del ministerio ha llegado con el escándalo de las pulseras telemáticas. El sistema Cometa, que permite controlar en tiempo real a los agresores que tienen prohibido acercarse a sus víctimas, cambió de proveedor en octubre de 2023.
El contrato, valorado en más de 40 millones de euros, pasó a manos de una nueva adjudicataria. Fue en ese proceso de transición cuando se produjo un error crítico: el volcado de datos falló, impidiendo que durante meses se pudiera acceder al historial de movimientos anteriores al 20 de marzo de 2024.
La incidencia se prolongó al menos hasta octubre de ese mismo año y afectó a centenares de dispositivos en activo. Aunque el Ministerio sostiene que el fallo alcanzó apenas al 1 % de los casos, la realidad es que múltiples juzgados se vieron obligados a suspender procedimientos por quebrantamiento de órdenes de alejamiento debido a la falta de pruebas técnicas fiables. Algunas víctimas relatan que sufrieron falsas alarmas, localizaciones imprecisas y una sensación constante de inseguridad.
El problema era conocido dentro de la Administración: en los primeros meses de 2025 se recibieron avisos formales desde órganos judiciales alertando de las incidencias. Sin embargo, no se tomaron medidas públicas hasta que el asunto se hizo visible semanas después, lo que ha alimentado las críticas por falta de transparencia y de reacción a tiempo.
Consecuencias políticas y sociales
El Ministerio defiende que las mujeres protegidas “nunca estuvieron en riesgo” y que los dispositivos siguieron funcionando, aunque reconoce que hubo limitaciones técnicas. Para intentar cerrar la polémica, se ha anunciado una nueva licitación de pulseras con “mejoras técnicas” que garanticen fiabilidad y precisión en los registros.
La oposición, sin embargo, ha exigido responsabilidades políticas, llegando a reclamar la dimisión de la ministra. A estas voces se suman colectivos feministas que denuncian que la gestión de la violencia machista se ha desviado de sus objetivos fundamentales: garantizar la seguridad de las víctimas y ofrecer recursos eficaces para prevenir nuevos casos.
Una crisis de confianza
La combinación de presuntas irregularidades en el uso de fondos y los fallos en el sistema de control de maltratadores dibuja un panorama complicado para el Ministerio de Igualdad. El asunto de las pulseras no es solo un problema técnico: ha tenido consecuencias judiciales concretas y ha sembrado dudas sobre la capacidad del Gobierno para proteger a las mujeres en situación de riesgo.
En paralelo, el goteo de denuncias sobre gastos cuestionables debilita aún más la imagen del ministerio, que afronta una crisis de confianza tanto entre la ciudadanía como en el propio movimiento feminista. La gestión de estos episodios determinará no solo el futuro político de la actual titular de Igualdad, sino también la credibilidad de las políticas públicas contra la violencia de género.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias
Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a
WhatsApp: 635967726
Ibon Meñika, un histórico del entorno abertzale que en los años noventa integró el aparato de extorsión de ETA encargado de cobrar el denominado “impuesto revolucionario”
El caso Montes no solo revela la situación personal de una mujer acosada y aterrorizada; expone también el modo de operar de un partido que ha hecho del control y la intimidación un mecanismo de defensa frente a las denuncias de corrupción
“Mientras Pedro Sánchez trata de lavar su imagen en Nueva York, Hazte Oír se presenta en la ONU para recordar al mundo que España no puede ser rehén de intereses políticos opacos”
Mientras desde la izquierda se aplaude como una apuesta por la salud pública, sectores conservadores cuestionan que el Gobierno promueva la sexualidad entre menores de edad con dinero público
Cada vez son más los afectados por la okupación y la inquiokupación que prefieren buscar soluciones extrajudiciales a denunciar ante la Justicia
La Comisión Europea otorgó a España un total de 163.000 millones de euros tras la pandemia: unos 77.000 millones en transferencias a fondo perdido y cerca de 86.000 millones en préstamos blandos. Hasta hoy, se han movilizado algo más de 70.000 millones
El 21 de septiembre de 2025, imágenes estremecedoras circularon en redes y medios: tres hombres palestinos fueron expuestos ante una multitud en Gaza y posteriormente ejecutados públicamente por milicianos de Hamás, acusados de “colaborar” con Israel
Entre todos sacaremos los colores a los jefes de policía y G.C. que todavía tengan algo parecido a la vergüenza torera
Un nuevo estudio presenta la primera evidencia directa de que el material genético de las vacunas de ARNm contra la COVID-19 puede integrarse en el genoma humano, lo que podría desencadenar cánceres agresivos
La Comisión Europea otorgó a España un total de 163.000 millones de euros tras la pandemia: unos 77.000 millones en transferencias a fondo perdido y cerca de 86.000 millones en préstamos blandos. Hasta hoy, se han movilizado algo más de 70.000 millones
Ese es el nuevo fenómeno que los servicios sociales y los cuerpos policiales han empezado a detectar con más frecuencia en los últimos meses
