Impacto España Noticias
El Ministerio de Igualdad atraviesa una de sus etapas más delicadas de la legislatura. A las críticas por el deficiente funcionamiento de las pulseras telemáticas de control para maltratadores se suman las acusaciones de un uso inadecuado de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Diversas asociaciones feministas han documentado hasta 177 casos en los que el dinero destinado a proteger a las víctimas habría acabado financiando actividades sin relación con los fines previstos por la ley.
Fondos destinados a fines cuestionados
Las denuncias apuntan a que parte de las partidas económicas, que deberían haber reforzado la atención y seguridad de mujeres víctimas de violencia, se habrían empleado en financiar eventos festivos o actividades recreativas: carreras de tacones, talleres de maquillaje y cocina, cursos de zumba, charangas con desayuno, torneos deportivos o conciertos tributo.
Según las organizaciones que han recopilado la información, estos gastos no se corresponden con ninguna de las medidas contempladas en el Pacto de Estado.
El año 2024 ya había sido escenario de advertencias. En abril, varias plataformas feministas trasladaron a la ministra de Igualdad un primer listado de presuntas irregularidades en el uso de los 160 millones de euros repartidos entre comunidades autónomas y ayuntamientos. Pese al compromiso público de revisar las partidas, los informes posteriores confirman que las prácticas han continuado. La última comunicación, remitida en marzo de 2025, incluía nuevos casos documentados con facturas de actividades que, a juicio de las denunciantes, podrían constituir un desvío de fondos.
Un presupuesto en entredicho
El Ministerio de Igualdad maneja un presupuesto anual superior a los 500 millones de euros. Parte de esos recursos se han destinado a campañas de comunicación que también han generado debate: desde iniciativas millonarias para concienciar sobre la violencia machista hasta estudios externalizados de dudosa relevancia práctica. Este uso del dinero público ha sido señalado por colectivos críticos como una de las razones por las que las cifras de violencia no han mejorado de manera significativa.
Los datos son contundentes: 2024 se cerró con 47 feminicidios, en la línea de años anteriores, y con un récord histórico de agresiones sexuales denunciadas, superando las 5.200. Las estadísticas reflejan que, a pesar de los recursos invertidos, la tendencia ascendente no se detiene.
El fallo en las pulseras antimaltrato
El golpe más duro para la credibilidad del ministerio ha llegado con el escándalo de las pulseras telemáticas. El sistema Cometa, que permite controlar en tiempo real a los agresores que tienen prohibido acercarse a sus víctimas, cambió de proveedor en octubre de 2023.
El contrato, valorado en más de 40 millones de euros, pasó a manos de una nueva adjudicataria. Fue en ese proceso de transición cuando se produjo un error crítico: el volcado de datos falló, impidiendo que durante meses se pudiera acceder al historial de movimientos anteriores al 20 de marzo de 2024.
La incidencia se prolongó al menos hasta octubre de ese mismo año y afectó a centenares de dispositivos en activo. Aunque el Ministerio sostiene que el fallo alcanzó apenas al 1 % de los casos, la realidad es que múltiples juzgados se vieron obligados a suspender procedimientos por quebrantamiento de órdenes de alejamiento debido a la falta de pruebas técnicas fiables. Algunas víctimas relatan que sufrieron falsas alarmas, localizaciones imprecisas y una sensación constante de inseguridad.
El problema era conocido dentro de la Administración: en los primeros meses de 2025 se recibieron avisos formales desde órganos judiciales alertando de las incidencias. Sin embargo, no se tomaron medidas públicas hasta que el asunto se hizo visible semanas después, lo que ha alimentado las críticas por falta de transparencia y de reacción a tiempo.
Consecuencias políticas y sociales
El Ministerio defiende que las mujeres protegidas “nunca estuvieron en riesgo” y que los dispositivos siguieron funcionando, aunque reconoce que hubo limitaciones técnicas. Para intentar cerrar la polémica, se ha anunciado una nueva licitación de pulseras con “mejoras técnicas” que garanticen fiabilidad y precisión en los registros.
La oposición, sin embargo, ha exigido responsabilidades políticas, llegando a reclamar la dimisión de la ministra. A estas voces se suman colectivos feministas que denuncian que la gestión de la violencia machista se ha desviado de sus objetivos fundamentales: garantizar la seguridad de las víctimas y ofrecer recursos eficaces para prevenir nuevos casos.
Una crisis de confianza
La combinación de presuntas irregularidades en el uso de fondos y los fallos en el sistema de control de maltratadores dibuja un panorama complicado para el Ministerio de Igualdad. El asunto de las pulseras no es solo un problema técnico: ha tenido consecuencias judiciales concretas y ha sembrado dudas sobre la capacidad del Gobierno para proteger a las mujeres en situación de riesgo.
En paralelo, el goteo de denuncias sobre gastos cuestionables debilita aún más la imagen del ministerio, que afronta una crisis de confianza tanto entre la ciudadanía como en el propio movimiento feminista. La gestión de estos episodios determinará no solo el futuro político de la actual titular de Igualdad, sino también la credibilidad de las políticas públicas contra la violencia de género.
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