El PSOE, un partido que históricamente se presentaba como garante del marco constitucional, se ha entregado sin reservas a una deriva peligrosa
Politica23 de septiembre de 2025
Impacto España Noticias
El último movimiento político del Gobierno de Pedro Sánchez, al intentar transferir competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Cataluña, es un ejercicio de oportunismo que no solo erosiona la arquitectura constitucional de España, sino que pone en riesgo la cohesión social y la seguridad nacional.
No hablamos de una reforma técnica ni de un simple ajuste administrativo: estamos ante una cesión de Estado, disfrazada de acuerdo político, cuyo único objetivo es satisfacer las exigencias de sus socios independentistas para mantenerse un día más en la Moncloa.
Una negociación al margen del interés general
El pacto alcanzado entre PSOE y Junts buscaba transferir a la Generalitat la gestión de autorizaciones de residencia, la administración de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y, en algunos casos, hasta la coordinación en puertos y aeropuertos con las fuerzas de seguridad del Estado. Se trata de competencias que la Constitución reserva de forma clara al Gobierno central, porque afectan a la integridad territorial, al control de fronteras y a la política exterior.
La pregunta es evidente: ¿qué beneficio obtiene el conjunto de los españoles con esta medida? La respuesta es igual de clara: ninguno. La propuesta no responde a una demanda social mayoritaria ni a un consenso técnico; responde únicamente a las necesidades aritméticas de Pedro Sánchez en el Congreso. Cada concesión se convierte en moneda de cambio para mantener a raya a Junts, al precio que sea.
El riesgo de la fragmentación en inmigración
La inmigración es un fenómeno global y complejo que requiere unidad de acción, coordinación estatal y coherencia con los compromisos internacionales de España. Fragmentar estas competencias, delegándolas a una comunidad autónoma que ya ha demostrado en numerosas ocasiones un afán rupturista, es un error monumental.
¿Qué ocurriría si cada comunidad pudiera establecer criterios distintos para residencias o permisos? ¿Cómo se garantizaría la igualdad de derechos y deberes de los inmigrantes en todo el territorio nacional? La respuesta es preocupante: se abriría la puerta a un modelo desigual, caótico y profundamente injusto.
Además, la gestión de los flujos migratorios no puede desligarse de la seguridad nacional ni de la diplomacia. Cataluña no tiene capacidad para negociar con países de origen ni para establecer políticas de integración a gran escala, y mucho menos para ejercer competencias en fronteras internacionales. Pretender lo contrario es una quimera que solo genera incertidumbre.
Sánchez, rehén de sus socios
Lo más grave no es solo la propuesta en sí, sino lo que revela: un presidente del Gobierno dispuesto a hipotecar pilares fundamentales del Estado a cambio de permanecer en el poder. Pedro Sánchez ha convertido la política migratoria en un instrumento de trueque parlamentario, despreciando las advertencias de juristas, fuerzas de seguridad y expertos en la materia.
El PSOE, un partido que históricamente se presentaba como garante del marco constitucional, se ha entregado sin reservas a una deriva peligrosa. El propio texto acordado con Junts contenía referencias que criminalizan implícitamente la inmigración al asociarla con problemas de convivencia o riesgos sociales. Esa contradicción demuestra que el PSOE no tiene una verdadera política migratoria, sino que adapta su discurso a lo que exijan sus socios en cada momento, incluso si ello significa avalar postulados incoherentes.
La reacción política y social
El rechazo frontal de PP, Vox y también de Podemos ha evidenciado que la iniciativa carece de consenso y está condenada al fracaso. Pero que no prospere no borra la irresponsabilidad de haberla planteado. La mera tentativa de transferir semejantes competencias a una comunidad autónoma marca un precedente peligroso: normaliza la idea de que las cuestiones de Estado pueden ser utilizadas como piezas de negociación partidista.
Por otro lado, el discurso con el que Sánchez pretendía justificar la medida no resiste un análisis serio. Argumentar que la Generalitat “conoce mejor” la realidad de la inmigración en Cataluña es tan endeble como decir que cada municipio debería gestionar sus propios visados. La inmigración no es un fenómeno local, es un reto nacional y europeo, y así debe ser tratado.
Una deriva que erosiona al Estado
El episodio se suma a la larga lista de concesiones que Sánchez ha hecho a los independentistas: amnistía, cesiones económicas, privilegios lingüísticos y ahora, el intento de transferir competencias estratégicas. Cada paso debilita un poco más la autoridad del Estado y transmite la imagen de un Gobierno dispuesto a desmantelar el marco común para contentar a una minoría política.
Lo que debería preocupar a todos los españoles es que esta dinámica no tiene freno. Si hoy se plantea entregar la inmigración, mañana podría plantearse la cesión de competencias en seguridad, defensa o política exterior. Con un presidente dispuesto a todo para mantenerse en el poder, no existe límite.
Sánchez, un presidente sin sentido de Estado
Pedro Sánchez ha demostrado una vez más que su permanencia en la Moncloa está por encima del interés nacional. Su intento de ceder competencias de inmigración a Cataluña no solo es jurídicamente cuestionable, sino políticamente irresponsable y socialmente peligroso.
España necesita una política migratoria seria, cohesionada y basada en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Lo último que necesita es un presidente que utilice un asunto tan delicado como moneda de cambio para sobrevivir en el poder. Sánchez se ha convertido en rehén de sus socios y, en ese proceso, ha arrastrado al PSOE a una deriva que rompe con su propia tradición constitucionalista.
La inmigración exige altura de miras, no tacticismo. Exige unidad, no fragmentación. Exige sentido de Estado, no el cálculo mezquino de un dirigente obsesionado con prolongar su mandato a cualquier precio.
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