Las conclusiones del informe son demoledoras: los pliegos transmitieron información errónea a los licitadores, la Mesa actuó sin competencia, se aplicaron fórmulas que desvirtuaron la evaluación y se introdujeron criterios no previstos en las bases. Todo ello, según el perito, podría encajar en la figura de un fraude de ley
Corrupción28 de septiembre de 2025
Impacto España Noticias
La sombra de la sospecha vuelve a planear sobre el Gobierno de Pedro Sánchez tras conocerse un informe pericial elaborado por un interventor y auditor del Estado a petición de la Fiscalía Europea. El documento, con fecha 2 de agosto y con el membrete oficial del Ministerio de Hacienda, desgrana una larga lista de anomalías en adjudicaciones públicas por valor de 8,4 millones de euros, concedidas entre 2020 y 2021 por la empresa pública Red.es.
En el centro de estas adjudicaciones se sitúa el Grupo Barrabés, una compañía estrechamente relacionada con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, quien llegó a avalar a la empresa mediante cartas de apoyo dirigidas a los responsables de la licitación. Los contratos investigados correspondían a programas de formación para desempleados y jóvenes en el ámbito digital, financiados en parte con fondos europeos.
Criterios amañados y fórmulas opacas
El perito describe en detalle cómo el proceso de valoración de las ofertas se llevó a cabo con métodos que alteraron de forma sustancial las reglas anunciadas en los pliegos. Un ejemplo paradigmático es la llamada “constante 5”, una fórmula matemática aplicada de manera irregular que otorgaba de entrada cinco puntos a todos los licitadores en el criterio de precio. Esto reducía artificialmente las diferencias entre las ofertas más competitivas y las más caras, desincentivando la competencia económica.
Pese a que los pliegos fijaban un peso del 60% para el precio y del 40% para la calidad técnica, en la práctica la balanza se invirtió: el resultado real fue un 57% técnico y un 43% económico. Es decir, el supuesto factor económico quedó relegado, favoreciendo la discrecionalidad de quienes evaluaban las ofertas.
Una mesa que no era competente
El informe también pone el foco en la composición del órgano evaluador. La ley establece que la valoración técnica en concursos de esta naturaleza debe recaer en un Comité de Expertos independiente. Sin embargo, en este caso fue la propia Mesa de Contratación quien asumió esa función, lo que, según el auditor, podría constituir un fraude de ley al haberse eludido la normativa vigente para garantizar imparcialidad.
Además, se detecta que los informes técnicos se elaboraron tomando como referencia constante las propuestas de la UTE liderada por Barrabés, una práctica calificada como “no usual” y “no razonable”. Los documentos incluían expresiones que ensalzaban reiteradamente la supuesta “alta calidad” de esa oferta concreta.
Exclusiones sin fundamento
Otro de los aspectos más graves señalados es la exclusión de competidores con motivaciones insuficientes. En particular, la UTE AWAKELAB fue apartada del procedimiento por una supuesta baja calidad técnica. La empresa presentó alegaciones en plazo, pero Red.es aseguró inicialmente que no había recibido documentación alguna debido a una “incidencia informática”.
El perito concluye que la decisión fue adoptada sin que la Mesa de Contratación se reuniera formalmente y sin justificar adecuadamente los motivos, lo que podría acarrear la nulidad de pleno derecho de la exclusión.
Documentos alterados y criterios añadidos a posteriori
La investigación refleja también irregularidades en el manejo de la documentación. Algunos informes de valoración aparecen con fechas posteriores a las reuniones de la Mesa, lo que alimenta la sospecha de que fueron modificados a posteriori. Si bien la Unidad de Ciberdelincuencia de la Guardia Civil no ha encontrado pruebas de manipulación del contenido, el desorden documental mina aún más la transparencia del proceso.
Igualmente, se valoraron elementos que no figuraban en los pliegos originales, como los currículos de profesores o las denominadas “cartas de apoyo” de multinacionales tecnológicas. El auditor recuerda que esas cartas eran simples declaraciones sin valor jurídico, pero que se convirtieron en un criterio determinante en la puntuación final, beneficiando directamente a la empresa de Barrabés, que había contado con este tipo de respaldos.
Planes de igualdad como arma de exclusión
El informe pericial también critica que se exigieran Planes de Igualdad a empresas que no estaban obligadas por ley a disponer de ellos. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ya ha considerado en otras ocasiones que esta práctica es discriminatoria. En este caso, además, no consta que las empresas finalmente adjudicatarias dispusieran realmente de dichos planes, aportando únicamente un borrador elaborado fuera de plazo.
Un caso con fuerte carga política
Las conclusiones del informe son demoledoras: los pliegos transmitieron información errónea a los licitadores, la Mesa actuó sin competencia, se aplicaron fórmulas que desvirtuaron la evaluación y se introdujeron criterios no previstos en las bases. Todo ello, según el perito, podría encajar en la figura de un fraude de ley.
Pero más allá de las irregularidades técnicas, el caso adquiere una dimensión política por la implicación de Begoña Gómez. La esposa del presidente intervino personalmente en favor del Grupo Barrabés, empresa que resultó beneficiada con las adjudicaciones y que al mismo tiempo mantenía vínculos económicos con proyectos impulsados por ella.
La Fiscalía Europea, dirigida en España por Ignacio de Lucas, mantiene abierta la investigación para determinar si se cometieron delitos en el uso de fondos europeos destinados a la formación digital y al empleo juvenil.
El escándalo pone de manifiesto los riesgos de un sistema de contratación pública que, en lugar de garantizar transparencia y competencia, parece haberse puesto al servicio de intereses particulares. En este caso, los beneficios recayeron en una compañía directamente relacionada con la familia del presidente del Gobierno.
Las pruebas aportadas por el informe pericial cuestionan no solo la legalidad de las adjudicaciones, sino también la credibilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez, cuyo compromiso con la igualdad de oportunidades y la gestión honesta de los recursos públicos queda seriamente en entredicho.
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