“Campamento del horror en Álava: menores acosados y forzados a quemar la bandera de España”

El campamento juvenil de Bernedo, en Álava, vuelve a situarse en el ojo del huracán. Después de que salieran a la luz denuncias por supuestas prácticas abusivas vinculadas a la convivencia diaria y a la gestión del grupo de monitores, nuevas revelaciones han intensificado el debate social y político en torno a este proyecto de ocio veraniego.

Un “juego de banderas” bajo sospecha
Según varios testimonios recogidos por la Ertzaintza e incorporados al Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, durante las actividades del udaleku se desarrolló un singular “juego de banderas” con fuerte carga simbólica.

La dinámica, tal como relataron algunos adolescentes asistentes, consistía en dividir a los participantes en cinco equipos, cada uno identificado con una ikurriña. El objetivo era localizar una bandera española escondida en el recinto y arrebatársela al resto de grupos. Una vez conseguida, la enseña nacional debía ser intercambiada por la insignia vasca del conjunto vencedor.

Lo más polémico llegaba al final: el juego culminaba con la quema de la bandera española a modo de celebración colectiva. Para juristas especializados en derecho penal, este desenlace podría encajar en el tipo de delitos de odio previstos en el artículo 510 del Código Penal, en la medida en que se utilizó a menores como protagonistas de un acto con evidente intencionalidad política.

Denuncias sobre consumo de drogas
Las quejas de los adolescentes no se limitaron a este episodio. En sus declaraciones ante la policía autonómica, varios señalaron que dos monitores fumaban marihuana con frecuencia dentro del campamento. Según los jóvenes, esa conducta afectaba a la capacidad de los responsables para dirigir correctamente las actividades.

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Este extremo, de confirmarse, abriría otra vía de investigación judicial, ya que se trataría de un consumo de sustancias en un entorno de menores y con repercusiones directas en su cuidado.

Antecedentes de controversia
No es la primera vez que el campamento de Bernedo queda rodeado de polémica. En semanas anteriores, diferentes medios ya adelantaron testimonios sobre prácticas controvertidas: desde la obligatoriedad de duchas mixtas en las que los adolescentes compartían espacio con monitores, hasta la presencia de adultos desnudos en las instalaciones e incluso en el propio municipio.

Estas revelaciones desembocaron en denuncias presentadas ante la Fiscalía de Menores de Álava por presuntos delitos contra la libertad sexual. La Ertzaintza continúa recopilando pruebas y testimonios para determinar la veracidad de lo ocurrido.

El marco legal: educación, símbolos y protección de la infancia
Expertos en derecho penal y constitucional subrayan la complejidad del caso. Por un lado, los organizadores del campamento se reivindican como un proyecto educativo alternativo, autogestionado y fundamentado en valores transfeministas, de comunidad y de defensa del euskera. Por otro, el uso de símbolos políticos en dinámicas con menores, unido a denuncias de consumo de drogas y de prácticas sexuales inapropiadas, coloca a los responsables en una posición delicada.

“Cuando se involucra a adolescentes en actos con una carga simbólica tan clara, como puede ser la quema de una bandera nacional, se corre el riesgo de instrumentalizarlos y vulnerar su libertad ideológica”, apuntan fuentes jurídicas. “Y si además concurren indicios de consumo de drogas o conductas sexuales impropias, el marco penal se amplía considerablemente”.

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Debate social abierto
La revelación de estos hechos ha desatado un intenso debate público sobre los límites de la educación no formal y la responsabilidad de quienes asumen la dirección de actividades de ocio juvenil.

Mientras algunas voces insisten en que se trata de un ataque mediático contra proyectos alternativos vinculados al movimiento feminista y al independentismo vasco, otras reclaman un endurecimiento de los controles institucionales para evitar que episodios de este tipo puedan repetirse.

La investigación judicial sigue abierta. El futuro del campamento de Bernedo, y de sus responsables, dependerá de lo que se logre probar en sede judicial. Entretanto, la polémica crece y vuelve a poner sobre la mesa cuestiones de fondo: la protección de la infancia, los límites de la libertad ideológica en contextos educativos y la responsabilidad penal de quienes, al amparo de un proyecto pedagógico, cruzan la línea de lo admisible.

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