CCOO y UGT: huelga política en clave internacional y silencio ante los problemas reales de los trabajadores

Por primera vez en años, estas organizaciones llaman a la huelga en un ámbito que no tiene relación directa con el mundo laboral, sino con la política internacional

Adoctrinamiento02 de octubre de 2025Impacto España NoticiasImpacto España Noticias
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CCOO y UGT

El próximo 15 de octubre, los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT han convocado paros parciales de dos horas en todos los turnos de trabajo —madrugada, mañana y tarde— como protesta contra la guerra en Gaza. La decisión supone un hecho significativo: por primera vez en años, estas organizaciones llaman a la huelga en un ámbito que no tiene relación directa con el mundo laboral, sino con la política internacional.

La medida plantea varias cuestiones de fondo: ¿qué tiene que ver este conflicto con las reivindicaciones de los trabajadores españoles? ¿Quién asume los costes de este gesto simbólico? ¿Es realmente el papel de los sindicatos entrar en este terreno, o se trata de una maniobra política?

El trasfondo de la convocatoria
Formalmente, los paros se enmarcan en lo que jurídicamente se entiende como “huelga política” o “huelga de solidaridad”, cuya finalidad no es la mejora de las condiciones de trabajo, sino expresar apoyo o rechazo a determinadas causas sociales.

Aunque son legales si se registran correctamente, la doctrina judicial siempre ha sido restrictiva: el derecho de huelga, recogido en la Constitución, está pensado como instrumento de defensa de los intereses laborales, no como palanca para intervenir en conflictos internacionales.

Con esta convocatoria, CCOO y UGT buscan dotar de cobertura jurídica a quienes deseen sumarse a la protesta. Esto significa que ningún trabajador podrá ser sancionado por parar, pero el coste de esas horas no lo asume el empresario: lo pierde el trabajador en su nómina.

imageLa huida hacia delante de la ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo

El impacto en empresas y empleados
El paro de dos horas en tres franjas horarias (02:00 a 04:00, 10:00 a 12:00 y 17:00 a 19:00) afectará de manera desigual según los sectores. En la práctica, muchos trabajadores no lo secundarán, porque supone perder salario sin ver ninguna mejora en sus condiciones laborales. En sectores con alta carga de producción continua, como industria, logística o sanidad, la interrupción puede generar más problemas que beneficios.

Los empresarios tampoco tienen obligación de recuperar esas horas, lo que se traduce en costes indirectos para la productividad. En definitiva, quienes pagan la factura de este gesto simbólico son los trabajadores que paran y las empresas que soportan la interrupción.

Los sindicatos y la política
La crítica va más allá del hecho concreto. Para muchos, esta convocatoria refleja la deriva política de los sindicatos mayoritarios, cuya acción sindical parece cada vez más subordinada a los intereses de un Gobierno del que reciben cuantiosas subvenciones. No es un secreto: CCOO y UGT dependen en gran medida de la financiación pública y, lejos de mantener una autonomía crítica, han actuado en muchas ocasiones como correas de transmisión del Ejecutivo.

Al mismo tiempo, la ciudadanía percibe que los sindicatos han bajado el perfil en las batallas realmente laborales: la precariedad creciente, la temporalidad, la inflación que erosiona salarios, la dificultad de negociar convenios en pymes y la falta de respuesta a la presión fiscal que soportan trabajadores y autónomos.

Que ahora elijan poner el foco en Gaza, en lugar de en estos problemas internos, no hace sino alimentar la idea de que están más preocupados en seguir el discurso político dominante que en defender el día a día de los asalariados.

Las sombras del pasado
Tampoco se puede olvidar que ambas centrales sindicales arrastran escándalos de gestión y financiación. Sentencias judiciales han señalado el mal uso de fondos públicos en distintos programas, desde cursos de formación hasta subvenciones directas. Aunque estos casos no se pueden extender a toda la estructura sindical, la mancha persiste y mina la legitimidad de sus actuaciones.

En este contexto, muchos se preguntan: ¿con qué autoridad moral pueden convocar paros políticos internacionales quienes no han dado aún explicaciones convincentes sobre el uso de dinero público?

imageLa huida hacia delante de la ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo

Un desvío del debate interno
La convocatoria de huelga coincide, además, con un momento en que el Gobierno de Pedro Sánchez afronta críticas por casos de corrupción, el desgaste de la ley de amnistía y las tensiones económicas. Para sectores críticos, este tipo de gestos sindicales sirven como cortina de humo: desviar la atención de los problemas domésticos hacia causas lejanas pero de fuerte carga emocional.

La huelga contra la guerra en Gaza convocada por CCOO y UGT plantea un debate profundo sobre el papel de los sindicatos en la sociedad actual. ¿Son representantes de los trabajadores o actores políticos alineados con el poder? ¿Debe sacrificarse salario y productividad en España para solidarizarse con conflictos externos, cuando aquí siguen pendientes problemas estructurales de precariedad, desempleo y desigualdad?

El gesto puede ser visto como un acto de conciencia internacionalista. Pero también, y con mayor peso, como una muestra más de que los sindicatos mayoritarios se alejan de la realidad diaria de los trabajadores y se convierten en piezas de un tablero político que poco tiene que ver con el taller, la oficina o la fábrica.

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