El PSOE ha defendido que todos los pagos en efectivo a Ábalos están justificados y respaldados con comprobantes. Mientras tanto, la oposición ha exigido transparencia y ha reclamado que la Justicia avance hasta esclarecer todos los indicios
Investigacion Judicial06 de octubre de 2025
Impacto España Noticias
El Tribunal Supremo ha citado de nuevo a declarar al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y a su exasesor Koldo García, para los próximos días 15 y 16 de octubre, respectivamente. La decisión se produce tras un informe reciente de la Guardia Civil que apunta a una posible "fuente de ingresos paralela" y pagos en efectivo no justificados vinculados a ambos investigados.
El llamado "caso Koldo" se centra en una presunta trama de corrupción relacionada con adjudicaciones públicas durante la etapa de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. La investigación sugiere que tanto Ábalos como García podrían haber recibido ingresos irregulares provenientes de empresarios con intereses en el ministerio.
Hallazgos del informe de la Guardia Civil
El informe destaca varios elementos clave:
Gastos no justificados: Se han identificado desembolsos por un total de 95.437 euros realizados por Ábalos entre 2017 y 2023, sin respaldo bancario ni documentación que los justifique. Estos gastos incluyen pagos personales y otros conceptos no especificados.
Ingresos en efectivo: Ábalos habría recibido al menos 60.200 euros en efectivo entre 2018 y 2022, de los cuales 17.000 euros carecen de documentación que identifique al depositante. La Guardia Civil sugiere que estos ingresos podrían no haber sido declarados correctamente.
Pagos gestionados por Koldo García: García y su entonces esposa habrían actuado como custodios del dinero destinado a sufragar gastos de Ábalos. Se han detectado conversaciones que mencionan entregas de dinero en metálico que no figuran en balances oficiales ni registros contables.
Reacción del Tribunal Supremo
El magistrado instructor ha señalado que el informe de la Guardia Civil "profundiza en los indicios de criminalidad que ya constaban" en el procedimiento. Según la resolución, ambos investigados podrían haber mantenido métodos no transparentes para gestionar sus patrimonios, recibiendo ingresos opacos de diversas procedencias.
Implicaciones políticas
El caso ha generado un amplio debate político y social. El PSOE ha defendido que todos los pagos en efectivo a Ábalos están justificados y respaldados con comprobantes. Mientras tanto, la oposición ha exigido transparencia y ha reclamado que la Justicia avance hasta esclarecer todos los indicios de irregularidad.
El proceso también pone de relieve la importancia de la transparencia en la gestión pública y la necesidad de que los funcionarios y exfuncionarios rindan cuentas sobre cualquier movimiento financiero que pueda generar dudas sobre la legalidad o la ética de su procedencia.
Los próximos días 15 y 16 de octubre, Ábalos y García comparecerán ante el Tribunal Supremo para declarar sobre los ingresos irregulares que se les atribuyen. La investigación permanece abierta, y no se descarta que se adopten nuevas medidas en función de las declaraciones y de los hallazgos que puedan surgir en los próximos meses.
Este caso se perfila como un ejemplo relevante de cómo la Justicia investiga posibles irregularidades en la gestión pública, reforzando la necesidad de controles más estrictos y una cultura de transparencia en el ámbito político.
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