Lo cierto era que el fiscal general pretendía ganar ‘el relato político’ en contra de la presidenta de Madrid para así beneficiar a sus jefes políticos de la Moncloa. Quedando claro que la Fiscalía General del Estado nunca debió de entrar en los debates de orden político
Investigacion Judicial15 de noviembre de 2025
Impacto España Noticias
El jueves, durante la presentación de los informes finales ante el Tribunal Supremo, la número dos de Álvaro García Ortiz, la teniente fiscal María Ángeles Sánchez Conde, dejó claro que, a su juicio, el fiscal general no debía enfrentarse a una condena.
Argumentó que, cuando él consultó el correo en el que la defensa de Alberto González Amador planteaba un pacto, el secreto del empresario ya había perdido cualquier protección porque —según sostuvo— lo conocían “muchos medios”.
Ese alegato pretendía cerrar el debate, pero la sensación al término del juicio apunta a un horizonte mucho más complicado para García Ortiz. La nota de prensa que él ordenó difundir, cuya redacción supervisó y que se preparó tras revisar los correos de la negociación, se ha convertido en un escollo evidente para su absolución. Tanto su defensa como la propia teniente fiscal son conscientes de que ese comunicado se ha transformado en el punto más delicado del caso, hasta el extremo de concentrar buena parte del debate en la recta final de la vista.
El flanco más débil aparece, precisamente, en el contenido de la nota. El fiscal general y su defensa explicaron por qué decidieron hacer público el comunicado con urgencia, pero no lograron ofrecer una justificación incontestable sobre la inclusión del polémico segundo punto.
Ese párrafo detallaba de forma expresa la propuesta de conformidad, mencionaba el reconocimiento del delito por parte del empresario y citaba literalmente la referencia a “dos delitos contra la Hacienda Pública”. Según el abogado de González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, esa afirmación no sólo provocó un perjuicio objetivo a su cliente, sino también “dolor”.
Para desmontar la acusación, la Abogacía del Estado intentó construir una defensa basada en dos pilares. Por un lado, situó en el centro al propio González Amador, al afirmar que él mismo compartió los correos con el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y con el periodista de El Mundo, Esteban Urreztieta.
Ese gesto —dijo— habría roto el carácter reservado de la negociación. Por otro lado, recurrió a los testimonios de varios periodistas, especialmente de El País y la cadena Ser, quienes aseguraron que conocían la existencia de la oferta de pacto antes incluso de que García Ortiz la viera y de que apareciera mencionada en la nota de prensa. Su tesis es simple: sin secreto no puede existir delito.
Las acusaciones, sin embargo, rechazan ese planteamiento. Un abogado de las populares subrayó que lo que conociesen “nueve periodistas y una política” no borra la responsabilidad del fiscal general. Otro puso el ejemplo de una violación múltiple para remarcar que el conocimiento previo por parte de terceros no exime al autor final. Todos coincidieron en que la actuación de García Ortiz debe considerarse punible.
El letrado del novio de Ayuso fue aún más gráfico y sostuvo que el fiscal no sólo cometió el delito, sino que preparó su propia coartada. Lo resumió así: “El Ministerio Fiscal, como parte de la conformidad, manifiesta con voz institucional la posición de la otra parte”.
Para él, la nota oficial funcionó como un sello institucional que consolidaba la versión perjudicial para su cliente. La presunta filtración previa a la Ser —que da por hecha— serviría, irónicamente, para defender la idea de que el contenido ya era público.
La nota de prensa y el borrado de móviles acusan al fiscal general
García Ortiz pretendía ganar ‘el relato político’ en contra de la presidenta de Madrid para así beneficiar a sus jefes políticos de la Moncloa
Cuando lo cierto era que el fiscal general pretendía ganar ‘el relato político’ en contra de la presidenta de Madrid para así beneficiar a sus jefes políticos de la Moncloa. Quedando claro que la Fiscalía General del Estado nunca debió de entrar en los debates de orden político o polémicas periodísticas.
Y menos con un comunicado oficial que daba pábulo ‘institucional’ -un rango muy superior al de las informaciones y las denuncias de medios- sobre los presuntos delitos de González Amador. Lo que resta argumentos a la defensa de García Ortiz y al hecho de que el llamado ‘pacto de conformidad’ de González Amador se conocía en varios medios de comunicación antes de que la Fiscalía General emitiera dicho comunicado de prensa.
Porque, como dijo ante el Tribunal el jefe de la UCO, teniente coronel Antonio Balas, el fiscal general tenía todo ‘el control de la situación’, y podría haber sido el filtrador a dichos medios del ‘pacto de conformidad’.
Con el juicio ya cerrado, comienza la fase decisiva. Siete magistrados deberán deliberar hasta alcanzar una unanimidad que a estas alturas no parece sencilla. Incluso los policías apostados a las puertas del Supremo preguntaban al despedirse: “¿Cómo pinta?”. La impresión final no favorece precisamente a Álvaro García Ortiz.
¿Conoces algún hecho irregular que quieres que investigue y cuente Impacto España Noticias? Escribe a [email protected]
Comparte en Redes Sociales
Apoya el periodismo independiente y crítico
Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter
Haz tu Donación
Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias
Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7
Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv
Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag
YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias
Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a
WhatsApp: 635967726
El juez ha procesado al exdiputado Íñigo Errejón por un presunto delito de agresión sexual contra la actriz Elisa Mouliaá. Así consta en un auto, que ha dictado este mismo viernes el titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid
En esta línea, ha pedido que el fiscal general del Estado sea sentenciado a seis años de cárcel y 12 de inhabilitación al representante de la Fiscalía por delitos que irían más allá de la revelación de secretos y apuntan a la prevaricación
«No es que se transmitiera a los medios la existencia de un procedimiento penal, es que se transmite que es un delincuente confeso. Se tiene una sentencia pública de condena»
González Amador aseguró que la investigación se transformó en una auténtica persecución y que, si no se hubiera “borrado la verdad”, podría demostrar su inocencia
Los investigadores determinaron que el vaciado del historial de conversaciones no fue un borrado parcial o accidental, sino una eliminación sistemática de todo el contenido existente hasta el 16 de octubre de 2024, fecha en la que el Tribunal Supremo comunicó la apertura de diligencias contra el fiscal general
En el mismo escrito, el juez da el visto bueno para Begoña Gómez y Cristina Álvarez no tengan que ir personalmente a presentar sus pasaportes al juzgado, y que de este trámite se encargue la Policía
La situación ha generado polémica dado que R. G. F. y su partido han criticado públicamente las ocupaciones en Talavera. En octubre, el portavoz del grupo municipal socialista, Luis Enrique Hidalgo, responsabilizó al alcalde José Julián Gregorio (PP) por la proliferación de ocupaciones
Se suprime la exención aduanera para paquetes valorados por debajo de 150 €. A partir de ahora, todos los envíos desde terceros países estarán sujetos a derechos desde el primer euro
Esta conducta revela una profunda carencia de escrúpulos. Ignorar un desastre humano no es un error; es un acto deliberado que cuestiona la integridad de quienes gobiernan
Señora Yolanda Díaz, tenga un poco de vergüenza y dignidad, al menos como ministra de trabajo y haga algo ante esta situación tan lamentable y denigrante para quienes usted debería proteger y ayudar no con palabras sino con hechos
El periodismo tiene otro problema gravísimo. La mayoría de los medios y de los periodistas son bipartidistas y hacen que la opinión pública sea bipartidista condenando a España a la ignorancia, a gobernantes criminales y a la decadencia que hace que cada día la mayoría viva peor
