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Llamada de socorro de los cuatros atuneros españoles atrapados en Senegal. Desde finales de 2024, los pesqueros Pilar Torre y Corona del Mar, de Bermeo; Iribar-Zulaika, de Getaria; y Berriz San Francisco, de Hondarribia, permanecen varados en el puerto de Dakar sin poder faenar. Los armadores advierten que la situación económica es crítica y temen no poder llegar a fin de año.
El problema radica en que el acuerdo pesquero entre Senegal y la Unión Europea se encuentra actualmente suspendido debido a la ‘tarjeta amarilla’ impuesta al país africano por prácticas de pesca ilegal. Esto impide que las embarcaciones vascas puedan operar con normalidad, dejando a los atuneros en una situación de bloqueo.
Según Miguel Ángel Solana, presidente de la Asociación Atuneros Cañeros (Dakartuna), «todo depende de la Unión Europea. El Gobierno español únicamente envió una carta de apoyo», mientras que las ayudas económicas que recibieron durante la anterior crisis ya no están disponibles. El Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) argumenta que los atuneros vascos no cumplen con los criterios establecidos, cerrando así la puerta a nuevas subvenciones.
A pesar de no faenar, los gastos continúan acumulándose. Solana explica que deben abonar costes portuarios, salarios mínimos a marineros, sueldos de espera y mantenimiento de los barcos, lo que puede ascender a 50.000 euros mensuales. Incluso se mantienen las licencias pesqueras, «por si acaso se reanuda la actividad, porque perderlas nos dejaría fuera del juego». La mayoría de la tripulación es senegalesa, mientras que los patrones y mecánicos son españoles.
Ante la paralización, los armadores han solicitado créditos para subsistir y han buscado apoyo de los gobiernos autonómicos, principalmente el vasco y el cántabro, que ofrecen respaldo burocrático. Además, están preparando un proyecto para trasladarse a caladeros en Centroamérica, aunque esta alternativa requiere una gran inversión y nuevamente apoyo de las administraciones.
La situación se arrastra desde hace casi un año, con los atuneros denunciando que llevan once meses amarrados «por culpa de la Comisión Europea». Solana recuerda que advirtieron de esta posibilidad desde 2021 y recalca que la falta de negociación con Senegal y la ausencia de respuestas del Ministerio de Agricultura agravan la crisis.
En definitiva, los cuatro atuneros españoles se encuentran en una encrucijada: sin poder pescar, con gastos fijos elevados y escaso apoyo institucional, enfrentando la necesidad de buscar nuevos caladeros o asumir pérdidas significativas que amenazan su viabilidad económica.
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