La Comisión Europea ha aprobado un nuevo desembolso de 868 millones de euros del llamado Fondo de Transición Justa, dinero que —según reconoce el propio Ministerio para la Transición Ecológica— acaba mayoritariamente en manos de sindicatos como Comisiones Obreras (CCOO) y organizaciones empresariales. Su objetivo oficial: «formar en empleo verde a las personas afectadas por el cierre de instalaciones energéticas«.
En otras palabras, Bruselas subvenciona con casi mil millones de euros a quienes promovieron las políticas que destruyeron miles de empleos industriales, para que ahora impartan cursos ecologistas a los trabajadores despedidos.
El plan europeo —presentado como parte del programa de «transición justa»— busca «ayudar a los trabajadores afectados por el cierre de minas y centrales térmicas», precisamente clausuradas por las políticas climáticas impulsadas desde Bruselas.
Los fondos llegarán a seis comunidades españolas: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Galicia y Baleares. Sin embargo, el 96 % del dinero se gestiona localmente, lo que permite canalizarlo hacia proyectos sindicales bajo el paraguas del «empleo verde» y la «concienciación ambiental».
En Galicia, CCOO ha lanzado el programa «Activa Verde«, financiado con fondos europeos, que organiza jornadas y talleres en municipios de La Coruña con la promesa de «abrir nuevas puertas al empleo verde». El proyecto está dirigido, según el sindicato, a los trabajadores despedidos por el cierre de las centrales térmicas de Meirama y As Pontes.
El sindicato asegura que su iniciativa ofrece «herramientas y formaciones adaptadas para impulsar un empleo verde y de calidad«, con un enfoque «personalizado y sostenible». En realidad, las actividades se limitan a cursos y charlas de sensibilización ambiental financiadas directamente con dinero comunitario.
«El programa busca promover el compromiso ambiental en el territorio», se lee en el comunicado de CCOO, que promete ampliar las jornadas y reforzar la «participación ciudadana» en esta «transición ecológica justa».
En lugar de fomentar una verdadera formación profesional o industrial para recolocar a los afectados por el cierre de las plantas, Bruselas financia programas ideológicos de «reeducación verde» gestionados por las mismas estructuras sindicales que apoyaron la agenda climática responsable de los despidos.
Para los sindicatos, el negocio es redondo: cobran por los cierres y también por los cursos que justifican el desastre económico.
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