Impacto España Noticias
El conflicto tiene su origen hace más de dos años, cuando el formato pasó a ser de producción propia de RTVE y dejó de depender de la empresa Tesseo. La cadena pública quiso mantener a Intxaurrondo, junto al periodista Marc Sala, en la conducción del espacio. Para ello, la presentadora firmó un contrato como profesional externa a través de su empresa Sukun Comunicación S.L., cuyo administrador único es su marido.
A través de este acuerdo, RTVE pagaba a la periodista un máximo de 182.000 euros anuales por la copresentación de La Hora de La 1, más 87.757 euros adicionales por su labor como conductora. En total, casi 270.000 euros al año por un contrato mercantil de dos años.
Todo cambió la pasada primavera. El Ministerio de Trabajo abrió una inspección tras una denuncia anónima, al sospechar que Intxaurrondo ejercía como falsa autónoma. La investigación apuntaba a que RTVE habría utilizado su sociedad para eludir cotizaciones sociales y reducir la carga fiscal.
La primera resolución de Trabajo fue clara: RTVE debía dar de alta a Intxaurrondo en la Seguridad Social como persona física. Ante la posibilidad de sanción, el propio presidente de RTVE, José Pablo López, confirmó en el Congreso que la periodista había sido regularizada en el Régimen General. Esto implicaba firmar un nuevo contrato ajustado a la normativa laboral.
Sin embargo, esa regularización redujo drásticamente sus ingresos. RTVE ofreció a Intxaurrondo incorporarse como personal no fijo, con un salario sujeto al convenio colectivo. Las tablas salariales fijan el nivel máximo en 3.278 euros mensuales en 14 pagas, es decir, unos 45.000 euros anuales más pluses. Una cifra muy inferior a los casi 270.000 euros que percibía mediante su sociedad.
El caso de Silvia Intxaurrondo y su reciente demanda contra RTVE tras la reducción de su salario ha reabierto un debate que va mucho más allá de una disputa contractual. Se trata de un asunto que toca la esencia misma del servicio público y la coherencia que debe exigirse a quienes trabajan con recursos financiados por todos los ciudadanos.
Durante años, la televisión pública ha recurrido a fórmulas contractuales híbridas, acuerdos mercantiles y colaboraciones externas que han permitido a algunas de sus figuras percibir sueldos difíciles de justificar en el marco del empleo público. En muchos casos, esos contratos fueron suscritos mediante sociedades interpuestas, un modelo legal pero cuestionado cuando se trata de trabajadores que desempeñan funciones estables dentro de una estructura estatal.
La reciente regularización impulsada por la Inspección de Trabajo —que afectó también al contrato de Intxaurrondo— vino a corregir una práctica extendida: la de considerar “colaboradores externos” a quienes, en realidad, mantenían una relación laboral continuada con la empresa pública. Ese ajuste, aunque doloroso para algunos bolsillos, era necesario para cumplir la normativa y para devolver a RTVE la transparencia que la ciudadanía exige.
Sin embargo, la reacción judicial de la periodista, reclamando recuperar las condiciones económicas previas a la regularización, plantea una contradicción de fondo. ¿Puede alguien que trabaja para un medio público exigir mantener los privilegios derivados de un modelo contractual que el propio Estado ha considerado inadecuado? La pregunta no apunta solo a una persona, sino a un sistema que durante años permitió —y en ocasiones fomentó— desigualdades salariales difíciles de explicar en una corporación financiada con dinero público.
RTVE tiene una responsabilidad doble: ofrecer un servicio informativo independiente y garantizar una gestión ejemplar de sus recursos. Esa ejemplaridad no puede medirse solo por el contenido de los informativos, sino también por la forma en que se remunera a quienes los dirigen y presentan. Cuando los sueldos de determinadas figuras triplican o cuadruplican los de compañeros de plantilla que realizan tareas semejantes, se erosiona la confianza en la institución.
No se trata de negar el valor profesional de los comunicadores que sostienen la programación informativa ni de poner en duda su mérito. Se trata de exigir coherencia entre el discurso público y la práctica interna. RTVE no puede aspirar a ser un referente de credibilidad si su estructura contractual se asemeja, en ocasiones, más a la de una productora privada que a la de una entidad pública regida por normas comunes.
El debate que ha abierto el caso Intxaurrondo debería servir para algo más que alimentar titulares. Es una oportunidad para revisar en profundidad cómo se gestionan los recursos humanos y económicos de la radiotelevisión estatal. Porque la transparencia no solo se exige a los políticos: también a quienes, desde los medios públicos, ocupan un lugar privilegiado en la formación de la opinión ciudadana.
La televisión pública no puede seguir amparándose en contratos “a medida” para retener talento mientras exige austeridad al resto de sus trabajadores. Si RTVE quiere recuperar el prestigio perdido y justificar su modelo de financiación, debe garantizar que todos sus empleados —desde el técnico hasta la presentadora estrella— se rijan por los mismos principios de legalidad, igualdad y ejemplaridad.
La confianza del público no se gana solo con buenas noticias, sino con gestos de integridad. Y en el terreno de lo público, la integridad empieza por la nómina.
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