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Pedro Sánchez ha consumado una nacionalización masiva de extranjeros por «la puerta de atrás», culminando un proceso iniciado en el año 2022 con la aprobación de su ley de memoria histórica.
El pasado miércoles expiró el plazo previsto por dicha norma para que los descendientes de españoles nacidos fuera del país pudieran solicitar la nacionalidad de origen, un trámite que otorga además derecho de sufragio. Según los datos del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Extranjero, cerca de un millón de personas han presentado la solicitud a través de consulados, de las cuales más de 400.000 ya han recibido el visto bueno y unas 237.000 figuran inscritas, es decir, ya tienen el pasaporte español.
La ampliación se convirtió en una vía de acceso a la nacionalidad para cualquier persona con ascendencia española sin necesidad de acreditar persecución o exilio. Esta reinterpretación no se hizo por medio de una reforma legal, sino mediante una instrucción interna impulsada por el Ministerio de Justicia, entonces bajo la dirección de Pilar Llop.
El documento, firmado por Sofía Puente —hermana del actual ministro de Transportes, Óscar Puente—, amplió de forma sustancial el alcance de la ley, generando una avalancha de solicitudes que colapsó los consulados españoles en Iberoamérica y otros puntos del extranjero.
Juristas y catedráticos de Derecho Administrativo calificaron la maniobra de irregular, al considerar que vulnera el principio de jerarquía normativa al modificar el contenido de una ley mediante una simple instrucción. Los consulados, dependientes directamente del Ministerio de Asuntos Exteriores, han aplicado la instrucción de manera estricta, sin diferenciar entre descendientes de exiliados y de otros españoles.
El portavoz de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, el abogado Guillermo Rocafort, atribuye esta diferencia a las circulares enviadas desde Exteriores a las legaciones diplomáticas, en las que se instaba a seguir las directrices firmadas por Puente.
Rocafort solicitó al Consejo de Transparencia la publicación de esas circulares, y aunque el órgano resolvió a su favor, el ministerio sigue sin hacerlas públicas. La asociación, que interpuso sin éxito un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia para frenar las nacionalizaciones, considera que la verdadera finalidad del proceso ha sido inflar el censo electoral. «Esto no es memoria histórica, es ingeniería política», ha denunciado Rocafort, que no descarta nuevas acciones judiciales.
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