El SAS ha denunciado formalmente a María del Mar Suárez por presunta usurpación de funciones públicas, revelación de secretos e injurias. Una investigación interna tratará de esclarecer si accedió sin autorización a información sensible o si incurrió en falsedad profesional
El Tonto del dia07 de noviembre de 2025
Impacto España Noticias
El pasado 22 de octubre, el programa Mañaneros 360 de RTVE, presentado por Javier Ruiz y Adela González, ofreció a su audiencia una entrevista que hoy se ha convertido en un escándalo de credibilidad. En directo, se presentó a María del Mar Suárez Rodríguez como “médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío” de Sevilla. Vestía bata blanca, aparecía ante las cámaras con aire de profesional sanitaria y criticaba duramente la gestión del presidente andaluz Juanma Moreno en los cribados de cáncer de mama.
Pero la verdad era muy distinta. Suárez no era médica, ni enfermera, ni profesional sanitaria. Es auxiliar administrativa del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y, antes de ocupar ese puesto, trabajó durante 23 años como cocinera en el propio hospital. Es decir, la televisión pública española presentó como médica a una persona sin formación sanitaria, con el objetivo de reforzar un discurso político crítico hacia el Gobierno de Andalucía.
Durante la entrevista, Suárez aseguró que el SAS “había hecho desaparecer historiales médicos y pruebas diagnósticas de mujeres afectadas”, una acusación gravísima que generó alarma entre los espectadores. Horas después, el consejero de Salud, Antonio Sanz, desmintió categóricamente esas declaraciones. Aclaró que lo ocurrido fue un fallo informático en el sistema de gestión, sin destrucción de datos ni ocultación intencionada de historiales.
El SAS ha denunciado formalmente a María del Mar Suárez por presunta usurpación de funciones públicas, revelación de secretos e injurias. Una investigación interna tratará de esclarecer si accedió sin autorización a información sensible o si incurrió en falsedad profesional.
Un uso inaceptable de la televisión pública
Que un programa de la Corporación RTVE, financiado con dinero de todos los ciudadanos, cometa un error de tal magnitud —o, peor aún, que participe en una maniobra de manipulación— constituye un hecho gravísimo. No hablamos de una simple confusión en un rótulo, sino de una puesta en escena premeditada: una bata blanca, un título profesional inexistente y un mensaje político alineado con una determinada línea editorial.
El espacio conducido por Javier Ruiz y Adela González no es un programa marginal. Se emite en la franja matinal de La 1 de TVE, con presupuesto público y bajo la supervisión de una dirección general que tiene el deber de garantizar la veracidad de la información. ¿Cómo es posible que nadie verificara el cargo real de la entrevistada? ¿Por qué se permitió la emisión de un testimonio que, hoy sabemos, carecía de toda base profesional?
Cuando una cadena pública actúa de esta manera, no solo falla al periodismo: traiciona la confianza de los ciudadanos que la financian con sus impuestos. La televisión pública no está para servir a intereses partidistas ni para construir relatos emocionales a costa de la verdad. Su misión es informar con rigor, equilibrar el debate y garantizar que el pluralismo no se confunda con propaganda.
La responsabilidad de Javier Ruiz
El periodista Javier Ruiz, copresentador de Mañaneros 360, se ha labrado durante años una imagen de analista riguroso, defensor de los datos y azote de la desinformación. Precisamente por eso, este episodio resulta todavía más preocupante. Si quien presume de exactitud permite que se presente como médica a quien no lo es, su credibilidad profesional queda seriamente dañada.
Ruiz y su equipo tenían la obligación de verificar la identidad y el cargo de su entrevistada antes de otorgarle voz y legitimidad en un tema tan delicado como la salud pública. No hacerlo implica una negligencia informativa y una falta de ética periodística inaceptable en un medio de titularidad pública.
A día de hoy, RTVE no ha emitido un comunicado oficial para aclarar lo sucedido ni para rectificar ante su audiencia. El silencio institucional agrava la sensación de impunidad. Ningún responsable del programa ni de la dirección de informativos ha asumido públicamente el error, lo que deja en evidencia una preocupante falta de transparencia.
El daño a la credibilidad y al sistema sanitario
La manipulación mediática no solo afecta a la imagen del ente público. Tiene consecuencias reales sobre la confianza de los ciudadanos en el sistema sanitario. Al presentar falsamente a una administrativa como médica y permitirle afirmar que “se han borrado historiales clínicos”, el programa contribuyó a difundir miedo y desconfianza entre pacientes, familias y profesionales.
El SAS, por su parte, ha tenido que salir a desmentir públicamente esas acusaciones, y se ha visto obligado a destinar recursos administrativos y jurídicos a un asunto que nunca debería haber existido. Todo ello provocado por la falta de rigor de un programa financiado con fondos públicos.
Mientras tanto, el daño a la reputación de RTVE crece. El episodio refuerza la percepción de que la cadena pública actúa, en ocasiones, como un instrumento de manipulación política más que como un servicio al ciudadano.
Dinero público, ética privada
Cada euro invertido en la radiotelevisión pública debería servir para fortalecer la democracia, no para debilitarla. Cuando los recursos del Estado se utilizan para difundir información falsa o sesgada, se está pervirtiendo la función de servicio público. Se convierte a la ciudadanía en espectadora de un teatro político financiado con su propio dinero.
El caso de María del Mar Suárez es un síntoma más de un sistema que ha confundido pluralidad con militancia, y periodismo con activismo. RTVE necesita urgentemente recuperar su independencia real y blindarse frente a las presiones políticas. Porque cuando la verdad se manipula desde una institución pública, no se comete solo un error periodístico: se comete una traición democrática.
Una lección que RTVE no puede ignorar
Este escándalo debería marcar un antes y un después. La televisión pública tiene que asumir su responsabilidad y ofrecer explicaciones inmediatas. Debe revisar sus protocolos de verificación, exigir responsabilidades a quienes permitieron el engaño y restablecer su credibilidad ante los ciudadanos.
La confianza en la información pública no se construye con discursos ni con decorados. Se construye con hechos, transparencia y rigor. RTVE debe recordar que no pertenece a ningún gobierno, ni a ningún periodista, sino a todos los españoles.
Porque cuando una cocinera es presentada como médica para atacar a un adversario político, no solo se engaña a la audiencia: se insulta a la inteligencia colectiva de todo un país.
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