La información del sumario indica que la tarjeta estaba nominalmente asignada al socio y administrador, pero se habría puesto a disposición de la familia Cerdán para su uso cotidiano
Corrupción19 de noviembre de 2025
Impacto España Noticias
Una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto bajo el foco el uso de una tarjeta de crédito perteneciente a una empresa vinculada al entorno del dirigente político Santos Cerdán, ex secretario de Organización de su partido. Según los informes policiales incorporados al sumario, dicha tarjeta habría sido utilizada de manera reiterada para sufragar gastos personales de la esposa e hija del político, así como otros pagos que nada tendrían que ver con la actividad empresarial.
Las actuaciones se encuentran todavía en fase instructora, sin que exista por el momento sentencia firme ni imputación concreta de responsabilidad penal. No obstante, el contenido de la documentación investigada y las conversaciones extraídas de dispositivos móviles han generado un fuerte impacto público y político.
Una tarjeta vinculada a Servinabar 2000 SL
La tarjeta objeto de análisis estaba asociada a Servinabar 2000 SL, una empresa en la que figura como administrador uno de los socios del dirigente navarro. Los investigadores calculan que entre diciembre de 2021 y febrero de 2024 se acumuló un gasto aproximado de 33.500 euros, agrupado en centenares de cargos de restauración, moda, supermercados, viajes y ocio.
La información del sumario indica que la tarjeta estaba nominalmente asignada al socio y administrador, pero se habría puesto a disposición de la familia Cerdán para su uso cotidiano. La naturaleza de los movimientos detectados —desde compras de ropa hasta estancias vacacionales— resulta, según los agentes, difícil de compatibilizar con gastos empresariales.
Gastos significativos en ocio y consumo
El dossier detalla numerosos conceptos:
Restauración: 49 cargos por un total superior a 7.000 euros en un solo establecimiento próximo al domicilio familiar.
Viajes: pagos asociados a estancias de verano en Ibiza (en torno a 1.800 euros) y en Tenerife (aproximadamente 1.250 euros).
Compras personales: desembolsos reiterados en grandes superficies comerciales de moda y complementos.
Otros servicios: cargos regulares en supermercados y establecimientos de ocio.
Los investigadores ponen énfasis en que estos cargos presentan un patrón continuo y no esporádico, lo que a su juicio dificulta que puedan ser justificados como gastos de representación o necesidades operativas de la empresa.
Mensajes internos que expresan malestar
Como parte de la investigación se han incorporado conversaciones obtenidas de terminales móviles de los socios de la empresa, en las que se muestran quejas explícitas por el uso excesivo de la tarjeta por parte del entorno familiar de Cerdán. En una de ellas, el administrador comenta a su esposa:
“La Paqui. Que la conocen todas las vendedoras del Corte Inglés.”
“Gastar y gastar. Y restaurantes fin de semana sí y otro también. Ya les vale. Y encima no son nada discretos.”
Estos mensajes se citan en el informe policial como indicio del volumen de los gastos y de la percepción interna de que la situación resultaba insostenible.
Retribuciones y relaciones empresariales
El sumario también aborda contratos y remuneraciones otorgadas a familiares del dirigente político en empresas conectadas con el entramado societario. Entre ellas figura la contratación de la esposa como “socia trabajadora” con un salario mensual cercano a los 1.900 euros en 2018, cuya actividad real los investigadores no consideran acreditada.
Asimismo, se analiza el flujo económico entre varias sociedades vinculadas, así como la presunta obtención de beneficios derivados de adjudicaciones de obra pública, que podrían haber generado fondos destinados a estas retribuciones y gastos.
Impacto político y judicial
Aunque no existen conclusiones judiciales definitivas, la magnitud de la información recopilada ha provocado una notable repercusión en el ámbito institucional. El caso apunta directamente al uso particular de recursos empresariales que podrían proceder de adjudicaciones públicas, lo que abre la puerta a eventuales delitos de malversación, apropiación indebida o tráfico de influencias, siempre condicionados a lo que determine finalmente la justicia.
Las próximas fases de la investigación deberán esclarecer:
El origen exacto del dinero empleado mediante la tarjeta.
El grado de conocimiento y participación del dirigente en la gestión de la empresa.
La existencia real de servicios prestados por los familiares contratados.
Si existió conexión entre adjudicaciones públicas y el funcionamiento empresarial.
Una frase que sintetiza el escándalo
La afirmación incluida en los mensajes internos —“la conocen todas las vendedoras del Corte Inglés”— se ha convertido en símbolo de la supuesta normalidad con la que se realizaban los gastos, proyectando la idea de que se trataba de un hábito sostenido y visible, y no de episodios aislados.
La investigación dibuja el posible uso de una estructura empresarial para financiar gastos personales de la familia de un dirigente político como Santos Cerdan con fondos cuya procedencia está bajo examen. Aunque el caso se encuentra aún lejos de resolución, la gravedad de las sospechas y la abundancia de pruebas documentales han colocado la situación en el centro del debate público.
La claridad, la transparencia y la rendición de cuentas serán claves para recuperar la confianza institucional y para que la ciudadanía conozca la realidad de unos hechos que podrían tener importantes consecuencias penales y políticas.
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